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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Todavía estamos a tiempo de salvar vidas humanas
En pocos días más, con toda certeza, México superará al Reino Unido y ocupará el tercer lugar internacional por muertes producto del coronavirus. Esta tendencia impone al gobierno federal una sana autocrítica de la estrategia llevada hasta ahora.
Por Marcos Pablo Moloeznik
27 de julio, 2020
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Quien salva una vida… es como si salvara un mundo entero.

Quien destruye una vida… es como si destruyera un mundo entero.

Proverbio hebreo del Talmud

 

A esta altura de los acontecimientos en México no cabe duda que la pandemia se erige en la mayor crisis de la historia contemporánea y que de su gestión depende el derrotero actual y futuro de la nación. Sin embargo, desde que se presentó el primer caso de COVID-19 el gobierno federal se ha caracterizado por minimizar su peso y efectos, no contribuir a la generación de conciencia social sobre la magnitud del riesgo, continuar con sus proyectos estratégicos y anteponer la economía sobre la vida humana.

El Derecho a la Vida es el más importante de los Derechos Humanos y condición para el goce del resto de los derechos fundamentales. (Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos jurídicos). De ahí la necesidad de hacer un llamado a los tres poderes de la Unión para que el proceso de toma de decisiones descanse en otorgar prioridad a la vida humana sobre los efectos económicos de la pandemia, porque mientras lo material se puede recuperar en el futuro, la muerte es irreversible.

Todavía estamos a tiempo de salvar vidas humanas si se declara al COVID-19 como la principal amenaza a la seguridad nacional mexicana y se actúa en consecuencia. En la doctrina clásica de inteligencia, una pandemia es considerada un riesgo en la agenda nacional, pero dada la naturaleza del coronavirus –cuyo significado puede traducirse en hecatombe o catástrofe, que va más allá de la afectación al desarrollo nacional– se eleva a la categoría de amenaza a la viabilidad y existencia misma del Estado-nación, con efectos nocivos permanentes de corto, mediano y largo plazo.

1. Falso dilema: vida humana versus economía

Al observar las diferentes estrategias para enfrentar a la pandemia, se constata que al más alto nivel de conducción política de los países subyace un debate entre la economía y la vida humana, es decir de otorgar prioridad a una en detrimento de la otra. Así, los países que presentan el mayor número de contagios y defunciones son aquellos que anteponen los intereses económicos sobre su propia población, que se niegan a atender las recomendaciones de “aislamiento social”, y cuyos sistemas de salud terminan colapsados. Se trata de un falso dilema, porque independientemente de los esfuerzos que se puedan hacer, un efecto pernicioso del COVID-19 es la destrucción de las economías.

Incluso el futuro del reciente tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está signado por la incertidumbre, debido a que la Unión Americana tiene ya más de 50 millones de desempleados y probablemente apueste por un new deal basado en el proteccionismo, que traiga aparejado una autarquía relativa y una drástica disminución de sus importaciones, para concentrarse en el desarrollo de su mercado interno y en la producción doméstica para generar empleos; lo que afectará significativamente a la economía mexicana que en dicho escenario a futuro poco podrá beneficiarse de la relación comercial con su vecino del norte.

En cambio, el Estado mexicano debería canalizar sus recursos y capacidades en salvar vidas humanas que, además de constituir la base de cualquier economía, reconoce –siguiendo al Banco Mundial– en los capitales humano y social la clave del desarrollo.

2. La necesaria autocrítica: cambiar de rumbo, vacuna / confinamiento

Es muy probable que en un escenario a futuro de carácter inercial, es decir, de mantenerse la “nueva normalidad”, las defunciones en México presenten un crecimiento exponencial, tal como se desprende de las proyecciones del científico Youyang Gu, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), cuyo modelo calcula 84,000 muertes por COVID-19 para el 1º de septiembre y de las estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, que arrojan entre 103,976 y 135,702 fallecimientos causados por el virus SARS-CoV-2 para el 1º de noviembre.

Mientras que en pocos días más, con toda certeza, México superará al Reino Unido y ocupará el tercer lugar internacional por muertes producto del coronavirus. Esta tendencia impone al gobierno federal una sana autocrítica del tratamiento reservado, hasta el momento, al COVID-19, comenzado por reconocer que la pandemia es la peor crisis a la que se enfrenta México, que se traduce en la mayor amenaza a su seguridad nacional, por cuestionar severamente la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y, por ende, cambiar de rumbo.

No obstante, la responsabilidad de la situación actual no reside solo en la Presidencia de la República: los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial, por omisión también cargan con el peso de nuestros muertos. Basta observar el comportamiento de otros países democráticos para tomar conciencia del activo papel de los congresos en el debate y sanción de leyes de emergencia, así como del que administra e imparte justicia, que en México da la impresión de ser condescendiente con el poder Ejecutivo, cuando lo que está en juego es el Derecho a la Vida y el Derecho a la Salud. Ahora bien, hasta que no se logre dar con una vacuna, la única medida para evitar la propagación del COVID-19, más contagios y defunciones es el confinamiento obligatorio, tal como lo demuestran los liderazgos comprometidos con la vida, las buenas prácticas y resultados de terceros países.

3. Todavía estamos a tiempo de salvar vidas humanas

Para evitar la circulación de personas y garantizar el confinamiento de la población se debe insistir en que no hay otro camino que declarar a la pandemia como la principal amenaza a la seguridad nacional y actuar en consecuencia. En este marco, asumir la pandemia como un asunto de seguridad nacional de la mayor importancia, debería traer aparejadas las siguientes decisiones:

a) Cerrar las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, incluyendo el tráfico de personas (tanto nacionales como extranjeros), y confiar dicha responsabilidad a las Fuerzas Armadas.

b) Decretar el “aislamiento social” de toda la población por lo menos con un mes de vigencia, con severas sanciones pecuniarias y de privación de la libertad para aquellos que incurran en incumplimiento.

c) Proporcionar alimentos, agua y medicinas, en sus domicilios, a aquellas familias que así lo requieran y necesiten.

d) Identificar y exceptuar a los servicios esenciales y sus prestadores, tales como suministro de agua, gas, electricidad, salud, defensa, protección civil y seguridad pública.

e) Declarar, con la aprobación del H. Congreso de la Unión y de conformidad con el artículo 29 constitucional, el estado de excepción en toda la República Mexicana, en principio por un mes, prorrogable dependiendo de la evolución del Covid-19. Precisamente, ante la emergencia de situaciones excepcionales como la aparejada por la pandemia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) recomienda declarar el estado de sitio, de excepción o de emergencia por un organismo nacional competente (Poder Legislativo), porque “permite a la población conocer exactamente el ámbito de aplicación material, territorial y temporal de las medidas de excepción y previene las suspensiones de facto, así como las posteriores tentativas de justificar violaciones de los derechos humanos” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2015: 25).

f) Ordenar a las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y cuerpos de seguridad pública estatales y municipales, la vigilancia y cumplimiento de las medidas de choque, en especial de confinamiento.

Estas medidas de excepción deberían descansar en el intangible de la Unidad Nacional o, lo que es lo mismo, el Presidente de la República debería apelar a la unidad de todos los mexicanos, superando sus diferencias y cerrando filas en torno al objetivo estratégico de salvar vidas humanas. Esto incluiría la necesaria comunicación y diálogo permanente y coordinación con los gobernadores de las entidades federativas, independientemente de su filiación político-partidista.

4. Ausencia versus presencia del Estado

Adicionalmente, el Estado debería recuperar los espacios vacíos donde no ejerce efectivamente el control territorial y, por ende, la soberanía, tal como lo pone al desnudo la delincuencia organizada con actos de demostración militar (por ejemplo, el reciente video del Cartel Jalisco Nueva Generación) y reparto de despensas a los sectores sociales más desfavorecidos. Dicho en otras palabras, no soslayar que el narcotráfico está identificada como la principal amenaza a la seguridad nacional y cuyo accionar es responsable de la otra pandemia, la violencia criminal homicida, cuyas principales víctimas son jóvenes menores de 25 años de edad, con lo que México está dilapidando su bono demográfico como ventaja económica comparativa. De ahí la irrenunciable presencia del Estado para la contención de la criminalidad organizada que cuestiona severamente el monopolio legítimo de la fuerza –consagrado en el artículo 17 constitucional– y afecta a la población civil con ataques indiscriminados que cobran vidas humanas.

Aunque se debe reconocer que con la actual administración hay una expansión de las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y, por tanto, un desgaste institucional. De lo que se trataría es de establecer lo prioritario y descargar al instrumento militar de aquellas funciones que lo desvirtúan, como las vinculadas a los proyectos estratégicos de la Presidencia, ya que es preferible desarrollar un “nicho de especialidades” que ser mediocres en muchas (Till, 2007: 160). En síntesis, concentrarse solo en aquellas directamente comprometidas con la preservación de la seguridad nacional (concibiendo a la pandemia como una afectación grave a la seguridad nacional) y abandonar las alejadas de su propia naturaleza.

En conclusión, tal vez para al lector estas acciones se consideren demasiado drásticas e innecesarias, pero si la finalidad es preservar –en la medida de lo posible– la vida humana, el más sagrado de los Derechos Humanos que es el Derecho a la Vida, no hay otro camino que reconocer que estamos frente a la principal amenaza a la seguridad nacional y que todas las energías del Estado deberían canalizarse a su atención.

* Marcos Pablo Moloeznik es Profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro activo del CASEDE.

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