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Violencia criminal contra ediles en México
Al menos 264 alcaldes, exalcaldes y regidores fueron asesinados entre 2002 y 2019, de acuerdo con el programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego. En 2019 los ediles fueron 13 veces más propensos a ser asesinados que el público en general.
Por Laura Calderón
16 de noviembre, 2020
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La alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Río Delfín, fue encontrada muerta en un paraje del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, el 11 de noviembre de 2020, después de haber sido plagiada un día antes. Este caso ocurre poco más de un mes después de que César Chávez Garibay, expresidente municipal de Apatzingán, Michoacán, fuera asesinado a balazos al interior de una estética. En lo que va del 2020, al menos 4 servidores públicos municipales han sido víctimas de muertes violentas, replanteando la disyuntiva sobre la violencia en contra de ediles, luego de que pasaran 6 meses sin registro de atentados letales en contra de autoridades municipales en México.

Los asesinatos de alcaldes, exalcaldes, alcaldes electos, alcaldes sustitutos y candidatos a alcaldías en México continúan siendo un problema grave, que amenaza el proceso democrático y socava el Estado de Derecho. La Asociación Nacional de Alcaldes, ANAC, reportó 158 casos de asesinatos a alcaldes del 2006 al 2019, identificando que 85% de dichos homicidios ocurrieron en estados con menos de 50,000 habitantes y 70% fueron en estados con presupuestos de $200 millones de pesos o menos.

El programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego es una iniciativa de investigación que se especializa en la investigación y análisis de las tendencias del crimen organizado y violencia en México, con énfasis especial en la historia y evolución de los grupos del crimen organizado en el país.  Desde este programa se ha logrado documentar al menos 264 políticos locales que fueron víctimas de homicidio doloso entre el 2002 y el 2019, de los cuales 98 fueron asesinados entre los años 2015 y 2019. En el caso del 2019, se registró un total de 25 víctimas, significando un descenso del 26% contra el total de 30 víctimas registradas en 2018. Sin embargo, 2019 resultó ser el año más violento contra exalcaldes, acaparando un total de 15 asesinatos del total de 25.

Figura 1: Casos de homicidio doloso en contra de alcaldes, exalcaldes y alcaldes suplentes

De los 25 casos identificados en 2019, Justice in Mexico identificó 5 alcaldes, 3 alcaldesas 15 exalcaldes, 1 candidato a alcaldía, y 1 alcalde suplente. De acuerdo con los datos recopilados por la organización, la afiliación política de las víctimas en 2019 fue diversa, incluyendo afiliaciones con el PRI (10), PRD (4), MORENA (3), Usos y Costumbres (2), Alianza PRD y PVEM (1) y PAN (1). Esta distribución resulta representativa de las tendencias generales en términos de afiliación política, ya que, del total de los datos desde 2002 hasta 2019, el partido que más miembros ha perdido en asesinatos violentos es el PRI con 89 víctimas; seguido por el PRD con 40, PAN con 28, MORENA con 8, PVEM con 8, Usos y Costumbres con 6, Movimiento Ciudadano con 5, y otros partidos como Encuentro Social, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, etc., con 3 o menos víctimas. Como punto de comparación, de los 2,061 municipios que reportaron contar con un gobierno municipal formal, 38% estaban regidos por coaliciones políticas, la mayoría lideradas por el PRI o el PAN. En cuanto a los municipios regidos por gobiernos de un solo partido político, el 19% pertenecían al PRI, 11% al PAN, 6% al PRD, 6% a partidos políticos locales, 5% al PVEM, 4% a MORENA, 4% a Nueva Alianza, y el resto de los partidos con una representación de 2% o menor.

Figura 2: Afiliación política de las víctimas

En términos de distribución geográfica, en 2019 la mayor parte de los asesinatos en contra de alcaldes, exalcaldes, candidatos y suplentes se cometieron en Oaxaca (6), Veracruz (3) y el Estado de México (3). Esta distribución varía sutilmente cuando se analizan los datos agregados. Tomando en cuenta el total de casos, el estado con mayor número de víctimas sigue siendo Oaxaca (36), pero esta vez seguido por Michoacán (29), Guerrero (20), Veracruz (16), Chihuahua (14), Estado de México (14), Jalisco (11) y el resto de los estados con 10 víctimas o menos. Los únicos estados que no han registrado atentados letales en contra de autoridades municipales son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Querétaro y Yucatán.

Figura 3: Distribución geográfica de casos de homicidio en contra de ediles

Por otro lado, otras autoridades municipales como síndicos y regidores también han sido víctimas a ataques letales. Según datos de Justice in Mexico, en 2019 se registraron 12 casos de homicidios en contra de regidores (7), síndicos (2), ex regidores (2) y ex dirigentes de partido (1). En este caso, todas las víctimas fueron de sexo masculino. La mayor parte de estos homicidios (4) acontecieron en el estado de Oaxaca, seguido por Jalisco (2), Guanajuato (2), Estado de México (1) y Ciudad de México (1).

En octubre pasado fue publicado el libro Votes, Drugs, and Violence: the Political Logic of Criminal Wars in Mexico (Votos, Drogas y Violencia: la Lógica Política de las Guerras Criminales en México) por dos reconocidos expertos en el tema de violencia política en México: Guillermo Trejo y Sandra Ley. Después de años de investigación, los autores enfatizan la importancia de las relaciones políticas desarrolladas entre miembros del crimen organizado y líderes políticos electos a nivel federal, estatal y municipal, siendo este último el más determinante en el nivel de violencia resultado de actividades ligadas al crimen organizado.

El libro de Trejo y Ley llega a rescatar un tema que ha sido muy abordado por los medios de comunicación, pero no lo suficientemente estudiado a un nivel académico para presentar su hipótesis, teorías, y evidencias sobre cómo los grupos del crimen organizado pretenden influir en las esferas políticas a través de medios violentos, con el fin de que sus actividades se vean afectadas lo menos posible.

Mientras que la amenaza para la seguridad de ediles en México es clara, todavía resulta complicado estimar qué tan severa es la violencia en contra de ediles en comparación con otros grupos vulnerables o la población general. Sin embargo, con base en los datos provistos por Justice in Mexico, se estima que en 2019 los ediles mexicanos fueron 13 veces más propensos a ser asesinados que el público en general. Utilizando datos comparados del 2019, la tasa de homicidios para los alcaldes fue de 3.25 por cada 1,000 alcaldes, comparada con la tasa de homicidios para el público en general de aproximadamente 0.24 víctimas por cada 1,000 habitantes.

En el trabajo de investigación realizado por Justice in Mexico titulado An Analysis of Mayoral Assassinations in Mexico, 2000-17  (“Análisis de los Asesinatos a Alcaldes en México, 2000-17”), se plantean 3 hipótesis principales para explicar el fenómeno de los asesinatos a políticos en México.

La primera hipótesis que se explora es que el nivel de corruptibilidad de un alcalde u oficial electo influye directamente en el nivel de amenaza que representa para un grupo del crimen organizado, resultando en una mayor o menor vulnerabilidad. La justificación para este análisis es que las autoridades que son percibidas como fácilmente corruptibles, no representan una amenaza tan grande a las actividades del grupo criminal como aquellas que son percibidas como difícilmente corruptibles. De la misma manera, si el grupo criminal sospecha que un edil está colaborando con un grupo rival, el nivel de vulnerabilidad de dicha autoridad vuelve a aumentar, ya que representa una amenaza directa para el grupo en cuestión.

La segunda hipótesis estudiada propone que la violencia en contra de ediles se concentra en mayor parte en estados que son productores o zonas de tránsito para el trasiego de drogas. A este factor se le agrega la posibilidad de que el estado en cuestión sea parte de un monopolio de influencia por parte de un grupo del crimen organizado o si es parte de una plaza en disputa. La mayoría de la violencia contra ediles también se concentra en territorios considerados en disputa por dos o más grupos del crimen organizado que no han logrado los términos para coexistir.

En tercer y último lugar se propone que los alcaldes y gobernantes locales son más vulnerables a la violencia letal en territorios rurales con menor densidad de población. Esta explicación puede ser posible debido a dos factores principales: una es el distanciamiento entre el gobierno federal y municipal, que permite que en zonas rurales y remotas los grupos criminales locales amasen mayor cantidad de recursos que los mismos gobiernos locales, excediendo la capacidad de las autoridades para combatirlos; la otra es que al estar más distantes del gobierno federal, en municipios remotos, es más fácil desarrollar una relación de cohabitación con los grupos criminales locales sin que el gobierno federal interfiera con los acuerdos.

Los trabajos de Trejo y Ley, de Viridiana Ríos, David Pérez Esparza y Helden De Paz Mancera (por mencionar algunos), así como los de Justice in Mexico, que se han dado a la tarea de estudiar este fenómeno, dan luz a varios aspectos importantes que rodean la elevada violencia en contra de ediles en México.

Un tema en común de los diversos trabajos de investigación en términos de acciones para contrarrestar esta violencia es, por ejemplo, la importancia de que el gobierno federal fomente un impulso equitativo a los municipios para proteger a sus autoridades en términos de presupuesto y de relación directa con protecciones federales. Otro ejemplo es que es fundamental fortalecer las instituciones del Estado, con procesos de justicia transicional que permitan transformar las instituciones en verdaderos elementos de una democracia consolidada. Siguiendo estas referencias, es importante priorizar la implementación de políticas públicas para atacar la ola de violencia que afecta a ediles y otros gobernantes locales en México. De igual forma, se resalta la necesidad de generar políticas e incentivos sociales que busquen disuadir la participación ciudadana en actividades del crimen organizado como ocupación para sustentarse. Todos estos esfuerzos en aras de encontrar las mejores estrategias para salvaguardar la integridad ciudadana, fortalecer el Estado de Derecho mexicano, y seguir trabajando para dignificar las instituciones del Estado, brindando a los municipios las capacidades necesarias para hacer frente a la inminente amenaza del crimen organizado.

* Laura Calderón es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Diego. Actualmente es la Coordinadora de Programa de Justice in Mexico de la Universidad de San Diego.

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