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El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de t... El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es una organización con una década de trabajo en el diseño de soluciones para ejercer a plenitud el derecho humano a la seguridad. Buscamos el cambio de paradigma de seguridad pública a una seguridad ciudadana con el involucramiento de instituciones, organizaciones y sociedad. Reforma policial democrática, migración y derechos humanos, violencia y medios de comunicación, nuestros temas. (Leer más)
Violencia policial en Colombia
Ninguno de los habitantes de Colombia con menos de 55 años ha vivido un solo día fuera de un conflicto armado. Los altísimos niveles de violencia han arraigado en nuestra identidad, una tragedia cotidiana en forma de incursiones guerrilleras, masacres, secuestros, desplazamientos y más recientemente falsos positivos.
Por Rodrigo Cepeda
19 de julio, 2021
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Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Gabriel García Márquez

 

Este artículo no pretende mancillar la imagen de instituciones que han sido y serán cruciales para nuestra democracia; el propósito se encuadra más bien en un llamado a la reflexión sobre la histórica represión con la que se han sofocado los reclamos sociales y la impunidad con que el tiempo y la negligencia los cubre de polvo.

Los primeros eventos de violencia letal contra manifestantes se remontan a 1919. En ese entonces, fueron asesinados por la Guardia Presidencial 10 sastres que se oponían a la importación de uniformes para el Ejército; pedían -al ser mayoritariamente sastres y artesanos- que fueran confeccionados localmente para paliar al menos temporalmente una profunda crisis de desempleo y pobreza.

En 1928, ante la huelga de trabajadores de la United Fruit Company, integrantes del Ejército asesinaron a un número de manifestantes sobre el que no hay acuerdo, pero algunos afirman sería de hasta cinco mil personas. Este episodio profundamente doloroso fue retomando en su más célebre novela por Gabriel García Márquez. Tal vez las estirpes que reclamaba el autor estaban condenadas a cien años de soledad, son las mismas que requieren hoy de once generaciones para salir de la pobreza.

Estas represiones se han repetido periódicamente; en 1954 las víctimas fueron trece estudiantes, en 1971 perdieron la vida a manos del Ejército ocho estudiantes, en 1988 el Ejército asesinó a trece mineros y un niño, y en 1989 el Ejército en colaboración con grupos paramilitares atacaron una movilización campesina, el saldo fue de cincuenta muertos.

Ninguno de los habitantes del país con menos de 55 años ha vivido un solo día fuera de un conflicto armado. Los altísimos niveles de violencia han arraigado en nuestra identidad, una tragedia cotidiana en forma de incursiones guerrilleras, masacres, secuestros, desplazamientos y más recientemente falsos positivos, un esquema perverso en el que para satisfacer un número mínimo de bajas en combate y acceder a beneficios económicos, miembros de la fuerza pública asesinaron y vistieron de camuflado a más de seis mil civiles para simular bajas en enfrentamientos. Muchos de ellos jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad que eran reclutados ofreciéndoles empleos en un engaño que acabaría con sus vidas.

Las causas del paro nacional

Los manifestantes reivindican el derecho a la educación, a una vida digna, reclaman por el asesinato de al menos 400 activistas, se alzan voces que increpan al gobierno por no implementar el mandato que más de once millones de colombianos refrendaron en una consulta popular contra la corrupción y por incumplir con la implementación los Acuerdos de Paz firmados en la Habana.

Aunque esas causas siguen latentes, la imposibilidad de llevar un plato de comida a su mesa impulsó el más reciente ciclo de manifestaciones que se concentran con mayor intensidad en las zonas con mayor desempleo y donde la violencia policial ha sido más evidente. De acuerdo con el informe de Caracterización de Pobreza Monetaria 2020 del DANE, siete de cada diez colombianos se encuentran hoy en condición de pobreza o vulnerabilidad. En el primer grupo -las personas en condición de pobreza- se encuentra el 42.5% de la población y tienen un ingreso diario por integrante de familia inferior a tres dólares, el segundo grupo -las personas en condición de vulnerabilidad-equivale al 30.4% del total de la población y registran ingresos diarios por integrante de familia de hasta seis dólares.

Aunque en un principio las personas que salieron a las calles exigían medidas urgentes para satisfacer necesidades básicas insatisfechas y rechazar la imposición de una reforma tributaria que haría aún mas ominosa su situación, la represión violenta de las manifestaciones de las últimas semanas posicionó como uno de los objetivos de las marchas -paradójicamente- el ejercicio libre de la protesta pacífica.

La estrategia

La confrontación armada que se ha extendido por más de medio siglo fincó en la perspectiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional una lógica de guerra que ha sido el crisol a través del cual juzgan su rol y los sujetos de sus intervenciones. Desde esta óptica miope solo existen dos opciones en una especie de binariedad absoluta en la que o se está con el gobierno o se está contra el gobierno, se es ciudadano o se es enemigo.

La asociación que se ha querido hacer del paro nacional y los grupos guerrilleros es un ejemplo mas de estigmatización de la protesta social. Tácticas de guerra como la interrupción en el suministro de energía eléctrica que dejó en la absoluta oscuridad y zozobra a comunidades que se manifestaban de forma masiva y pacífica, el despliegue de helicópteros en instalaciones civiles para reabastecer suministros tácticos del ESMAD, la suspensión del servicio de internet y el uso de instalaciones del sistema masivo de transporte como espacios de detención en los que se documentaron torturas, dan cuenta de la aplicación de esa lógica de guerra en la que todo vale.

La estrategia tiene dos componentes: por un lado se busca desalentar y por otro criminalizar la protesta social. El uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias bajo la figura del traslado por protección, el uso de armas de fuego contra civiles que protestan pacíficamente, apuntan a desalentar la protesta. De manera complementaria, las declaraciones oficiales que estigmatizan la protesta, los allanamientos en los domicilios de manifestantes, prensa y defensores de derechos humanos, son actos propio del segundo componente: la criminalización.

La criminalización

Con el propósito de vincular -aunque fuera falazmente- el paro nacional con las insurgencias armadas de la guerrilla, el ministro de la Defensa rotuló como “terrorismo de baja intensidad” al conjunto de expresiones de inconformismo que se han extendido desde el 28 de abril de este año en muchas ciudades de Colombia y en algunas capitales del mundo. Ignoró el ministro que si bien es innegable que en ese marco amplio de protestas hay afectaciones a bienes públicos, estas acciones son aisladas y deben ser gestionadas con proporcionalidad, precisión y el más estricto respeto a los derechos humanos.

No puede extenderse de manera generalizada el apelativo de “vándalo” a cualquier ciudadano que ejerce libre y pacíficamente el derecho a la protesta incluso cuando el ejercicio de ese derecho entra en tensión con los derechos de otros ciudadanos; en cada caso deberán gestionarse estas tensiones privilegiando el diálogo y manteniendo el uso de la fuerza como un recurso excepcional.

Ignoró el ministro también que muchas de las congregaciones que estigmatiza están cargadas de un contenido profundamente artístico y simbólico; un ejemplo de estas reivindicaciones fue el derribo por parte de indígenas de las comunidades Misak de las estatuas de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá y de Sebastian de Belalcázar en Popayán, extranjeros ilustres que en voz de los mismos indígenas, personificaron en épocas de la conquista el yugo que infligió las mas crueles prácticas de esclavitud, despojo y violencia sexual.

Violencia policial

Gracias a las redes sociales y al desmonte progresivo del monopolio de la información, se han registrado y difundido miles de eventos de uso excesivo de la fuerza, se ha documentado a policías con y sin uniforme disparando armas de fuego contra manifestantes o tolerando que junto a ellos civiles armadas hicieran lo mismo incluso contra miembros de comunidades indígenas. Se ha registrado también cómo al menos un  miembro del ESMAD amenaza con un cuchillo a manifestantes y golpean violentamente a ciudadanos que no ofrecían resistencia alguna.

También hemos sido testigos del uso gases lacrimógenos vencidos que muchas veces impactan directamente en los ojos de manifestantes. Muchos de esos episodios han sido documentados y están disponible para consultarlos en este enlace.

De todos estos episodios tal vez el que más indignación generó fue en el que, haciendo uso de vehículos oficiales, presuntos miembros de la Policía Nacional vestidos de civil abrieron fuego contra manifestantes de manera indiscriminada en la ciudad de Cali, hechos que aún se encuentran en investigación y respecto de los cuales serán los jueces quienes determinarán qué sanción impondrán a vándalos y homicidas sin importar si vestían uniforme o no.

Las protestas

El paro nacional del primer semestre de este año es la continuación de un ciclo de nutridas manifestaciones que iniciaron en 2019. A finales de ese año, millones de colombianos coincidieron en las ventanas, puertas y balcones de sus casas para externar sus profundas inconformidades contra el gobierno. Una protesta particular porque, además de las banderas, el ritmo estuvo marcado por el golpeteo de ollas y cacerolas en las que retumbaban las voces de descontento.

En el tercer día de protestas, lo que había sido una manifestación pacifica de jóvenes que avanzaba bajo un cielo despejado en Bogotá fue violentamente reprimida bajo una nube de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. En ese marco de caos el joven estudiante de secundaria Dilan Cruz perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego en su cabeza; el responsable de ese homicidio fue un capitán de la Policía que, ignorando todas las recomendaciones internacionales y de todos los principios sobre el uso racional de la fuerza, accionó su arma de cargo contra los manifestantes. Fue claro para todos en ese punto cómo era precisamente la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios la causa de los disturbios; los desmanes en las manifestaciones han sido en muchos casos una reacción previsible frente a la agresión de la Policía.

La Corte Suprema de Justicia se manifestó respecto de esos y otros episodios en la sentencia STC7641 del 22 de septiembre de 2020 en los siguientes términos: “por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y el ESMAD que hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”. Y fue más allá: sentenció que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, constituye “una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas”.

Lo que advertía en su sentencia la Corte era la amenaza de ruptura de nuestro contrato social, en la medida en que las instituciones y servidores públicos encargados de brindar condiciones de seguridad para la vigencia de nuestros derechos eran precisamente quienes los violentaban. A este panorama adverso se sumaron otros dos ingredientes: los medios de comunicación tradicionales y la toma desde el ejecutivo nacional de los órganos de control que debían servir como contrapesos de la actuación oficial.

Los medios de comunicación

La información es un derecho necesario para entender nuestra realidad y en consecuencia interactuar con ella. El añejo conflicto civil armado en Colombia y las recientes protestas han dejado de manifiesto cómo algunos medios tradicionales siguen facilitado la polarización política y legitimado la violencia.

Durante décadas, el discurso oficial resonó como mantra en los medios tradicionales y reafirmaban como una verdad absoluta las atrocidades de un enemigo común: la guerrilla. La forma en que se relataban las noticias fue tendenciosamente diferente. Cuando se relataban las atrocidades de la guerrilla, usualmente se empleaban los nombre y edades de las víctimas, se evocaban los sueños truncos de los fallecidos mientras veíamos en cámara a los dolientes desencajados por la pérdida mientras intentaban responder entre lágrimas y sollozos preguntas morbosas y superfluas de un periodista. Por el contrario, cuando la cobertura correspondía a masacres de grupos paramilitares, el tono era muy diferente, ya no había una cortinilla de música melancólica, la cifra fría del número de fallecidos en hechos “confusos” -que ya no homicidios o asesinatos- y una vaga referencia geográfica del lugar donde ocurrió era la mayor cobertura esperada de la noticia, ya no en primera plana por supuesto, tal vez en la sección judicial.

En la cobertura de las marchas y del paro nacional ha ocurrido algo similar. Las portadas de algunos medios han tomado distancia facciosa de las manifestaciones culturales, artísticas y pacíficas que han sido mayoritarias en estas semanas. En su lugar, han dado espacio a las imágenes a las que reacciona nuestro miedo, nuestro temor. Como una puesta en escena del documental The Power of Nightmares de Adam Curtis, algunos medios de comunicación difunden con un morbo tan nocivo como rentable una sensación de caos e inestabilidad que fundamenta la polarización, la estigmatización, la discriminación y la creencia de que solo un líder con mano firme puede poner orden a ese desmán “sea como sea”. Los políticos dejaron de vendernos sueños para ofrecerse como salvadores de las pesadillas que nos venden en horario prime time. No hay espacio para el diálogo ni la interlocución con los manifestantes para indagar sobre las motivaciones por las que protestan, la noticia es el impacto económico de los cortes de ruta, los grafitis, los encapuchados y las bombas molotov.

Las instancias de control

Las democracias modernas funcionan no solo porque hay elecciones, funcionan porque existe un delicado e intrincado equilibrio de pesos y contrapesos institucionales sobre los que se cimienta nuestro estado de derecho. Ese delicado equilibrio institucional viene cediendo a un deseo voraz del ejecutivo por controlar instituciones que en teoría deberían regular sus actuaciones, desdibujando así la separación y autonomía que debe verificarse en las tres ramas del poder público.

Tal vez el más preocupante ejemplo en Colombia de este impulso es el reparto a los aliados electorales de los órganos de control, una practica que si bien no es ilegal es abiertamente inmoral y viene debilitando nuestra democracia, como si se tratara de un cáncer que consume la vitalidad de nuestras instituciones desde adentro.

Esta peligrosa tendencia fue oportunamente resaltada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe 2020 en los siguientes términos: “la Comisión tomó nota de las expresiones de preocupación de la sociedad civil sobre la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo y la posible afectación del sistema de contrapesos necesarios para el funcionamiento de una democracia plena, los vínculos entre integrantes del poder ejecutivo y las personas elegidas para ocupar órganos de investigación y control”.

Los pronunciamientos de los entes de control no solo responden a destiempo y sin sentido de urgencia al llamado que hacen las víctimas de la feroz represión policial. La bajísima velocidad con que iniciaron sus investigaciones han puesto en riesgo pruebas vitales para el esclarecimiento de los hechos.

En el ámbito de lo político se citó a un debate de moción de censura contra el ministro de la Defensa, Diego Molano, pero aunque en principio hubo expectativas de una sanción que contuviera el accionar violento de algunos miembros de la fuerza pública, la moción no obtuvo la mayoría de votos necesarios y terminó por hundirse en ambas cámaras legislativas. La alineación cerrada de algunos partidos políticos y el gobierno nacional -aliados electorales- fueron cruciales para mantener al ministro en su cargo. No solo no hubo una sanción política en medio de esa conmoción violenta que ha sacudido al país, el ascenso del director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, fue un claro mensaje de respaldo a las conductas que vienen poniendo en riesgo la vida e integridad de los manifestantes.

Las víctimas de la violencia y la impunidad

En el marco del paro nacional, desde la plataforma GRITA se documentó desde el 28 de abril al 26 de junio un total de 4.687 casos de violencia policial, 44 víctimas de violencia homicida -presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública-, otros 29 homicidios se encuentran en proceso de verificación, 13 para esclarecer si el presunto victimario pertenecía a la Fuerza Pública. Cuatro son atribuibles a civiles armados en los que existen indicios de posible participación de miembros de la fuerza pública. Nueve están en proceso de verificación del escenario y contexto del hecho y 3 están en proceso de verificación de la denuncia.

De igual modo en estos dos meses de manifestaciones masivas se han registrado 2,005 detenciones arbitrarias, 82 víctimas de agresión en sus ojos, 228 víctimas de disparos con arma de fuego presuntamente por parte de la Policía, 784 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas y 28 víctimas de violencia sexual, incluso al menos una menor de edad que se suicidó después de la agresión.

Aunque no hay acuerdo entre el número de homicidios contra manifestantes que reportan organizaciones de la sociedad civil y la Fiscalía, donde sí existe consenso es en la incapacidad histórica del Estado para garantizar incluso en sede judicial los derechos de los colombianos. Recientemente, la Universidad de las Américas de Puebla generó un Índice de Impunidad en el que concluye que “la impunidad es un fenómeno que se presenta en niveles elevados en Colombia, el 57% de departamentos se clasifica en un nivel alto o muy alto de impunidad y sólo el 9% se encuentra en un nivel bajo”.

Las conclusiones que ofrece la ONG Temblores, en su reporte Bolillo, Dios y Patria, corresponde a este diagnóstico que ofrece la UDLAP. Entre los años 2017, 2018 y 2019 Medicina Legal registró que la Policía Nacional asesinó a 289 personas, en ese mismo periodo la Fiscalía General de la Nación reportó el inicio de 127 investigaciones (44%) por el delito de homicidio, de estas investigaciones solo 2 concluyeron en una condena y 4 fueron archivadas. Lo anterior nos permite concluir que solo el 0.69% de los eventos hubo una sanción mientras más del 99% de dichas muertes continúan hoy en la más absoluta impunidad.

Tratándose de violencia física el panorama no es mas alentador: para ese mismo periodo mientras el Instituto de Medicina Legal registró 39.613 hechos de violencia física contra la ciudadanía, la Fiscalía General de la Nación reportó el inicio de 699 investigaciones penales; de ese total solo hubo 8 condenas penales, esto es el 0.02%.  En materia de violencia sexual, de los 102 hechos registrados por el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía inició investigación formal por 42 eventos, de estos 10 ya han  sido archivados y no se cuenta con ninguna condena.

Informe CIDH

La visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó su primera etapa con un reporte que no fue bien recibido por el gobierno nacional, aunque esta posición se ha visto matizada en los últimos días. La interpretación inicial del presidente Iván Duque fue que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”. La respuesta misma al reporte vulneraba de facto dos de sus recomendaciones: la primera instaba a los funcionarios públicos a abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones, y la segunda, abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas.

Además, solicitó la CIDH ejecutar de manera inmediata las medidas necesarias para que cese el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para que la intervención de estas en el desarrollo de manifestaciones y protestas, privilegie la defensa de la vida y la integridad de las personas, incluso solicitó limitar el uso de la figura de “traslado por seguridad” en la medida en que es una actuación que si bien restringe la movilidad de las personas, no cuenta con control judicial y se ha documentado como el preludio de eventos de violencia policial.

En consideración a la indiscutible lógica bélica que se privilegia en la operación de la Policía Nacional, sugirió separar su estructura del Ministerio de la Defensa a la vez que insistió en la instalación de una comisión especial para dar con el paradero de las personas que continúan hoy desaparecidas e informó de la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.

En suma, los esfuerzos para salir de esta crisis deben alinearse al menos en dos sentidos. Por un lado, fortaleciendo el marco de garantías democráticas para el ejercicio del derecho a la protesta en concordancia con los hallazgos y recomendaciones de la CIDH en el que la violencia policial y la impunidad judicial son los más grandes desafíos. Por otro lado, conjurar las causas que llevaron a las personas a las calles, este segundo componente demandará ajustes de gran calado, algunos de los cuales deberán transitar por las vías democráticas, privilegiando propuestas y visiones de país en el que haya espacio para todos.

* Rodrigo Cepeda (@Rod_Cepeda) es consultor del Instituto para la Seguridad y la Democracia en los procesos CERTIPOL y es Director de Análisis y Atención del Centro de Integración Ciudadana.

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