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Violencia y crimen: punto ciego en la cancha de las democracias latinoamericanas
América Latina es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre 2000 y 2010, lo que representa más de un millón de personas víctimas de esta violencia letal (UNODC, 2012). Aunque esta tendencia al alza se ha estabilizado e incluso revertido en algunos países, los niveles continúan siendo altos: en 11 de los 18 países analizados, la tasa es mayor a los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, nivel considerado como epidémico para la Organización Mundial de la Salud.
Por Insyde
20 de mayo, 2014
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Por: Rubén Guzmán Sánchez (@GuzmanRun)

América Latina es conocida en el mundo por su diversidad cultural manifestada en sus ritmos y pueblos, en la constante fiesta para vivir y celebrar la vida, en su realismo mágico que inspira a escritores y artistas y, por supuesto, en la pasión futbolera que ha llevado a varios de sus países y jugadores a figurar globalmente. A poco menos de un mes que Brasil, uno de los más emblemáticos países latinoamericanos, albergue la Copa Mundial de Fútbol, el balance de América Latina desde la economía y expectativas futuras en términos generales es bueno.

En los últimos años esta región ha experimentado avances notables en sus niveles de crecimiento económico y en otros aspectos claves del desarrollo, como la educación y la salud (PNUD 2013). Se estima que entre 1990 y 2008 la pobreza disminuyó de 48.3% a 33.2%, ello ha implicado que 70 millones de latinoamericanos dejaran de ser pobres y que 50 millones se hayan sumado a la clase media entre 2003 y 2009 (Ferreira, et al., 2013). El desempleo también se redujo de manera sostenida desde 2002 y en el año 2012 tuvo su nivel más bajo (6.4%) (CEPAL, 2012; PNUD, 2013).

En virtud de estos cambios, la predicción de varias teorías criminológicas (Merton, 1938; Cloward y Ohlin, 1960; Agnew, 1992) apuntaría hacia la disminución del delito y la violencia, ya que han mejorado los factores socioeconómicos asociados a ellos –economía, pobreza y desempleo. Sin embargo, algo pasa en lo profundo de estas sociedades que ha ocurrido lo contrario: los delitos y la violencia han aumentado.

De acuerdo con el informe 2012 de la Corporación Latinobarómetro, en 12 de 18 países latinoamericanos estudiados, la inseguridad es el problema que los ciudadanos mencionan como el más importante que enfrentan, con porcentajes que van de un 20% para Perú a un 61% para Venezuela, con un promedio regional de 32%. Así, si en los años anteriores se ubicaba al desempleo y la pobreza como los principales problemas, hoy en día es el delito y la violencia los que constituyen graves obstáculos para el desarrollo, asuntos que afectan negativamente la vida cotidiana, la comunidad y las instituciones.

Ser víctima y el miedo a ser víctima

El análisis de la tendencia 1995-2011 de la encuesta Latinobarómetro (2012) muestra que la cantidad de víctimas ha fluctuado entre 29% de 1995 (la primera vez que se hizo el estudio) a 33% en 2011. Esto es, durante el último año 1 de cada 3 latinoamericanos fue víctima o tuvo a una en su círculo familiar cercano. Los países con mayor porcentaje de victimización son: México, Perú, Argentina, Costa Rica y Colombia, con más del 38%.

De acuerdo con datos de la Encuesta Mundial Gallup (2012), sólo un promedio de 43.4% de latinoamericanos respondieron que se sentían seguros al caminar solos de noche por la ciudad o el área que habitan. Al comparar este dato con otras regiones en el mundo, es claro que América Latina tiene la percepción de seguridad más baja a nivel mundial (en África Subsahariana, el porcentaje es de 55.3%; en Europa y Asia Central, de 53%; en los Estados Árabes, de 62.9%; y en Asia Meridional, de 66.9%). Según la encuesta LAPOP-PNUD (2012), a la pregunta de si la persona ha limitado sus lugares de recreación por temor a ser víctima de la delincuencia, el porcentaje de personas que respondió “Sí” va de 20.6% en Chile a 59.1% en República Dominicana.

Los jóvenes, las mujeres y los más pobres tienen mayores niveles de probabilidad de ser víctimas en lo general, y en términos más específicos, los delitos contra la propiedad tienden a concentrarse en los grupos de la población con mejor capacidad económica.

América Latina es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre 2000 y 2010, lo que representa más de un millón de personas víctimas de esta violencia letal (UNODC, 2012). Aunque esta tendencia al alza se ha estabilizado e incluso revertido en algunos países, los niveles continúan siendo altos: en 11 de los 18 países analizados, la tasa es mayor a los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, nivel considerado como epidémico para la Organización Mundial de la Salud (LAPOP-PNUD, 2012). El homicidio se concentra de forma alarmante entre la población joven, en particular en los varones, y los perpetrados contra las mujeres por razones de género están aumentando de forma preocupante.

Las estadísticas disponibles indican que el robo es el delito que afecta de manera más frecuente a los latinoamericanos (convirtiéndose en un acto más cotidiano que excepcional) y que existe un marcado crecimiento en el número de robosque se cometen con violencia y en los cuales se utilizan armas.

La violencia detrás de

Las sociedades latinoamericanas se autoperciben violentas. En una escala de 1 a 10 los 18 países encuestados en Latinobarómetro 2012 se sitúan en promedio en el 5.6, es decir, más cercanos hacia el 10 que es “violento”. Los jóvenes están en el 6.4 de la misma escala. El país que se percibía como el más violento comparativamente en el 2008 era Guatemala, seguido de El Salvador y Brasil. Comparativamente, los menos violentos son Uruguay y Ecuador.

La violencia por país se percibe entre un 4 y un 7 en una escala del 1 a 10. Es decir, ningún país tiene niveles “bajos” de violencia, y la mayoría (12 de 18) tiene niveles más bien altos, superiores al 5, que es el punto intermedio. Entre las tipologías de violencia más agudas en la región se encuentran: la violencia intrafamiliar (ámbito privado), la violencia en los espacios públicos (escuela, trabajo, las calles) y la violencia presente en los delitos (robos, asaltos, secuestros). La violencia es naturalizada en AL como una forma para resolver conflictos interpersonales, familiares o incluso sociales y ésta violencia instalada en la sociedad no está en ninguna agenda, tampoco hay política pública que la afronte.

Así, detrás de los homicidios, la violencia en sus manifestaciones directas e indirectas, la victimización por robos y la percepción de temor, se distinguen amenazas a la seguridad ciudadana, materializadas en: (a) el delito violento en las calles, (b) la delincuencia organizada, (c) la violencia y el delito ejercidos por y en contra de los jóvenes, (d) la violencia de género, (e) la corrupción y (f) la violencia ilegal por parte deactores estatales.

La respuesta defensiva por el Estado

En el tema de la inseguridad (sobre todo por su impacto político) se han tratado de generar rápidas respuestas del Estado; no obstante, éstas (en la inmediatez) han soslayado el fortalecimiento de sistemas de información, tanto como el real conocimiento del problema sus causas y consecuencias, pues éste se ve avasallado por la urgencia de una respuesta que limita la inteligencia sobre el tema; además, los fuertes incentivos hacia la politización del debate evitan el análisis técnico y colocan lo electoral en lo más importante.

La baja confianza en la policía es un indicador determinante de la calidad de respuesta estatal. En promedio en la región la confianza en la policía ha bajado sistemáticamente, de un 39% en el año 2007, a un 33% en el año 2011 (Latinobarómetro 2012). En ocho países de la región menos de un tercio de la población no confía en la policía. Si a ello se le agregan los bajos niveles de denuncia (16% en promedio), queda claro el débil impacto de la oferta estatal para combatir la delincuencia.

En la región, sólo el 5% de los ciudadanos afirma que se ven beneficiados por la política de lucha contra el narcotráfico, y hay seis países (El Salvador 48%, Bolivia 42%, Honduras 37%, Nicaragua 36%, México 35% y Guatemala 22%), donde menos de la mitad cree que el Estado puede resolver el problema del narcotráfico (Latinobarómetro 2012). Según el mismo estudio, sólo un 30% de los ciudadanos de la región dice que la democracia garantiza la protección contra el crimen y pese a que esta percepción es muy variada por país, con todo, en 16 de los 18 países medidos, un 60% o más de los ciudadanos no consideran que la democracia en la que habitan está garantizando la protección contra el crimen.

En algunos países se ha recurrido a la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad ciudadana, sin embargo esto plantea dilemas importantes para el desarrollo de una real política de seguridad ciudadana de carácter democrático y descentralizado. En el sistema de justicia, a pesar de las reformas llevadas a cabo en las últimas décadas, la politización de los tribunales ha limitado su funcionamiento imparcial, los sistemas de justicia siguen demostrando incapacidad para generar medidas cautelares alternativas, los índices de impunidad continúan muy altos en algunos de los países y, para ciertos sectores de la población, el acceso a la administración de justicia sigue siendo limitado por razones sociales, económicas y culturales.

La falta de legitimidad del sistema de justicia genera incentivos para que los individuos no encaucen sus conflictos a través de la legalidad y busquen en cambio mecanismos privados de seguridad o justicia por propia mano.

Las cárceles, al constituir el último eslabón en la cadena del sistema de justicia criminal, se ven afectadas también por estas deficiencias. La sobrepoblación y el abuso de la prisión preventiva son los síntomas más claros de la crisis. Su función rehabilitadora no ha sido una prioridad y, por el contrario, han emergido como un espacio que ha potenciado más la violencia, los abusos, las redes criminales y la reincidencia delictiva.

Algunas intervenciones de política preventiva que se realizan en la región muestran dificultades para pasar de los programas piloto hacia programas de más amplia cobertura. Los programas locales que son exitosos han tendido a concentrarse en municipios y ciudades importantes que cuentan con recursos propios y con el suficiente peso político para forjar lazos de colaboración. Los municipios más pequeños se han mantenido bastante marginados de este proceso (Dammert, 2007).

Balances en el campo

Hoy en día, en vísperas de que las sociedades latinoamericanas descarguen al máximo su júbilo por la fiesta futbolera (que sin duda en su espíritu es una expresión de convivencia y pacifismo entre los pueblos del mundo), en un contexto de crecimiento económico donde una parte importante de la población supera la pobreza e interioriza nuevas expectativas: la percepción de delincuencia es la punta del iceberg del problema de la violencia y sus múltiples formas visibles e invisibles en AL.

Ni el crecimiento económico ni la reducción de la pobreza y el desempleo permiten explicar, de forma directa, el aumento de la violencia. La inseguridad en la región tiene una explicación multidimensional en la que pueden incidir la precariedad del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social. Distintas combinaciones de estos factores en contextos específicos producen entornos de vulnerabilidad que limitan posibilidades de ascenso social y, con ello, fortalecen ámbitos (fundado en un ambiente de mayor consumo y ascenso de otros) donde surgen individuos o grupos dispuestos a desafiar al orden legítimo y optan por la vía delictiva como forma de vida (delito aspiracional) (Merton, 1957).

Así, el Estado falla en el control del territorio, en la capacidad de imponer la ley a todos por igual (obligaciones) y en garantizar derechos. Se reduce a abordar fenómenos delictivos que se expresan en los espacios públicos y que son de violencia directa, pero arrincona los delitos en los ámbitos privados como la violencia intrafamiliar (especialmente contra las mujeres), así como los delitos sin violencia directa.

Las capacidades de los estados latinoamericanos no han estado a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, como la falta de efectividad en las sanciones, han mermado su legitimidad. A la luz de estos déficits, la privatización de la seguridad (desde la contratación de servicios privados de seguridad hasta movimientos de autodefensas) ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesan las instituciones: garantizar la seguridad ciudadana.

Si bien la sombra de las dictaduras y los autoritarismos del pasado parece haberse difuminado en lo general (con algunas excepciones) y el crecimiento económico empieza a sentirse en una más amplia capa de población, algo falla en las democracias latinoamericanas que no garantiza elementos esenciales de seguridad para la vida, lo que las debilita y aplaza en su trayecto a la consolidación. La violencia, el crimen organizado y no organizado son hoy en día un Talón de Aquiles, un punto ciego -¿como en una contienda futbolística donde se juega la vida?- para la democracia en América Latina.

 

 

* Rubén Guzmán es investigador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia Penal (DIAP) de Insyde [email protected]

 

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