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Seguridad, justicia y paz
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A más de un mes de la tragedia en Irapuato, el Estado sigue ausente
Ante el miedo justificado de que vuelva a perpetrarse otra masacre en Irapuato, algunos establecimientos han decido cerrar y otros han sido clausurados por el propio gobierno local, sin que el Estado se haya preocupado por el destino de las y los pacientes que acudían a dichos establecimientos y por ofrecerles servicios de tratamiento alternativos seguros y con estándares de calidad.
Por Frida Daniela Ibarra
13 de agosto, 2020
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El primero de julio de este año, 27 personas fueron asesinadas dentro del centro de rehabilitación Buscando El Camino a Mi Recuperación en Irapuato, Guanajuato. Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre un episodio de violencia de esta naturaleza en el municipio1, ni mucho menos, en el país.2 Pero algo que coincide en todos estos incidentes es que los centros de rehabilitación se encontraban operando de manera irregular.

Inmediatamente después del incidente del primero de julio las autoridades lamentaron el hecho, pero también aseguraron que se trataba de una “situación entre el crimen organizado”, de “agresiones entre ellos” y que este tipo de centros son “semilleros de delincuentes”.3 Inclusive, el Secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato consideró necesario clausurar este tipo de centros clandestinos, al desconocerse si estos establecimientos brindan ayuda profesional.4

Centros de rehabilitación no son “semilleros de delincuentes”

Estas afirmaciones son inaceptables, las víctimas merecen ser tratadas con dignidad; por el contrario, la forma en la que las autoridades se apresuran a criminalizarlas, sin que haya investigaciones por parte de las fiscalías, sólo denota su interés por querer minimizar sus asesinatos y revela de manera descarada los prejuicios bajo los cuales conciben a las personas que usan drogas.

No es la primera vez que el Estado adopta una estrategia de “desprestigio” de las víctimas, basta con recordar el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Desde el principio trataron de vincularnos al narcotráfico y los medios de comunicación afines al gobierno mexicano no nos han sacado de esa lógica (…) Para ellos somos narco y por tanto lo que nos pasó es algo que merecemos”, afirmó en su momento Omar García Velásquez, sobreviviente de Ayotzinapa.5

Las palabras importan, sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos que tienen obligaciones en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana. La forma en como éstas se refieren a las víctimas repercute en la manera en que los medios de comunicación y la población en general las percibe, pero más importante, sus palabras también tienen impacto en el modo en que el resto de las autoridades asumen sus responsabilidades de dar justicia y reparación a las víctimas. El discurso utilizado llega a disminuir la empatía con las víctimas y, en consecuencia, reduce los niveles de exigencia de justicia por parte de la ciudadanía.

Desde México Unido Contra la Delincuencia6 hemos señalado que esta situación es aún más grave en el caso de personas que usan drogas y, en especial, de aquellas con consumo problemático, las cuales han padecido en carne propia las consecuencias del discurso de la “guerra contra las drogas” en donde se repite, una y otra vez, en medios y por el propio gobierno, que el uso de sustancias refleja “la perdida de valores”.7 Las víctimas, sean personas que usan drogas o estudiantes de una normal rural, son víctimas y como tal merecen justicia.

No es suficiente clausurar centros irregulares

Las personas que sufren de dependencia a alguna sustancia por años han padecido no sólo la discriminación que conlleva ser considerado como “adicto”, sino también la ausencia de servicios de tratamiento que realmente garanticen la protección de su derecho a la salud. Las adicciones son una enfermedad y deben ser atendidas con los mismos estándares de calidad y diligencia que cualquier otro tipo de padecimiento. No obstante, el Estado no cuenta con suficientes centros de tratamiento y desconoce lo que sucede en los establecimientos privados.

La NOM-028-SSA-2009, por ejemplo, establece los procedimientos y los criterios para la atención integral de las adicciones y, en principio, debería ser de observancia obligatoria para todos los establecimientos públicos y privados que lleven a cabo actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de adicciones.

Sin embargo, en México podemos encontrar establecimientos –como el centro de rehabilitación Buscando El Camino a Mi Recuperación-– que operan al margen de la ley o centros que sí están registrados, pero no cuentan con el reconocimiento de Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) al no apegarse a los estándares de la NOM-028. Es decir, no cuentan con la garantía de que dentro de estos establecimientos se dé atención con un mínimo estándar de calidad. Finalmente, los menos, son aquellos establecimientos que sí cumplen con dicha norma.

Particularmente, en Guanajuato tan sólo existen 9 centros en modalidad ambulatoria y 13 centros en modalidad residencial que cumplen con la NOM-028 (3 de ellos son públicos). De estos establecimientos, únicamente 6 son gratuitos y todos se encuentran en el municipio de León, con excepción de 1 ubicado en la capital de la entidad. Los restantes tienen un costo que ronda desde los mil, hasta los 75 mil pesos, cantidades muy por encima de lo que la mayoría de las personas en nuestro país podría solventar; y, por si fuera poco, únicamente se encuentran en 5 de los 46 municipios que tiene Guanajuato.8

Pero el escenario para Irapuato es aun más desalentador: sólo hay 1 centro ambulatorio –el cual es gratuito– y únicamente 2 centros residenciales que cumplen con los estándares de la NOM-028. Uno de ellos es público y sólo atiende varones de 12-17 años, y el otro es privado y exclusivo para mujeres en el mismo rango de edad.

Esto implica que las personas adultas no tienen más opción que acudir a centros residenciales no certificados. Además, ambos son de cuota variable: en el público la cuota va de 4-12 mil pesos y en el privado es de 15-30 mil pesos.9 Nuevamente, la condición socioeconómica es determinante a la hora de poder acudir a centros de tratamiento que se encuentren avalados.

Este panorama es similar a nivel nacional. Dentro de los centros con modalidad de tratamiento ambulatorio, existen 341 Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) y 104 unidades de consulta externa de los Centros de Integración Juvenil (CIJ). Sin embargo, el número de clínicas particulares que ofrecen estos servicios simplemente se desconoce.10

Por su parte, respecto a los centros en modalidad residencial, existen 11 unidades de hospitalización de CIJ y sólo 45 unidades residenciales públicas. En contraste, hay más de 2 mil establecimientos residenciales privados de atención a las adicciones. Es decir, las unidades residenciales a cargo del Estado apenas representan el 2% de los servicios en modalidad residencial, mientras que el 98% queda en manos de privados. Por esto resulta alarmante que únicamente el 50% de estos centros privados se encuentre registrado y tan sólo el 16.5 % cumpla con los estándares necesarios para prestar un servicio de calidad a los usuarios.11

La falta de supervisión y oferta de centros de rehabilitación: el verdadero problema

En consecuencia, ante la falta de disponibilidad de centros de tratamiento públicos, los centros privados quedan como única alternativa. Los pacientes se ven obligados a acudir a centros que no necesariamente brindan tratamiento basado en principios médicos o científicos y, en el peor de los casos, sufren de malos tratos y tortura dentro de los mismos. Así, se ha documentado cómo dentro de estos centros se perpetran un sinfín de violaciones a los derechos humanos que van desde el ingreso involuntario hasta el trabajo forzoso, la violencia sexual e, incluso, homicidios.12 Recientemente, se denunció el asesinato de una joven de quince años dentro de un centro de rehabilitación en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.13

Por este motivo es necesario observar el panorama más amplio: el Estado ha brillado por su ausencia y le ha tenido sin cuidado lo que ocurra dentro de los anexos y los centros de rehabilitación irregulares. ¿Brindan tratamiento? Y si lo ofrecen, ¿bajo qué procedimientos y en qué condiciones? Son cuestiones que no suelen hacerse las autoridades, pues garantizar la salud y la seguridad de las personas que padecen de abuso o dependencia a las drogas no se encuentra dentro de sus prioridades.

En todo caso, este tipo de centros surgen precisamente por la ausencia de tratamiento profesional brindado por el Estado. Por ello, las omisiones estatales no sólo se evidencian ante la falta de supervisión y verificación de estos centros, sino también ante el hecho de que el Estado no ha apostado por aumentar la oferta de servicios públicos de tratamiento basados en evidencia científica – como vimos, ésta es mínima–. Esto revela un incumplimiento sistemático de las obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad relativas al derecho a la salud.

Ahora, ante el miedo justificado de que vuelva a perpetrarse otra masacre en Irapuato, algunos establecimientos han decido cerrar y otros han sido clausurados por el propio gobierno local14; sin embargo, el Estado no se ha preocupado por el destino de las y los pacientes que acudían a dichos establecimientos y por ofrecerles servicios de tratamiento alternativos seguros y con estándares de calidad. A más de un mes de la tragedia en el centro de rehabilitación de Irapuato, el Estado no se ha hecho presente hasta el momento en que tuvo que justificar sus negligencias.

* Frida Daniela Ibarra (@FridaniIbarra) es Licenciada en Derecho por el CIDE y abogada en México Unido Contra la Delincuencia.

 

 

1 Arturo Ángel, “Camino perdido: las víctimas, fallas y omisiones detrás de la segunda mayor masacre del sexenio”, Animal Político, 3 de julio de 2020. Disponible aquí.

2 Drogas México, “Ataques centros rehabilitación”. Disponible aquí.

3 Ibíd.

4 “Venimos de parte del señor Marro”: sicarios en anexo de Irapuato”, La Silla Rota Guanajuato, 2 de julio de 2020. Disponible aquí.

5 Leire Ventas, “Sobreviviente de Ayotzinapa: “Nos sentimos burlados por las autoridades” de México”, BBC, 22 de enero de 2016. Disponible aquí.

6 Count the Cost,“La Guerra contra las Drogas: Promoviendo el estigma y la discriminación”, 2017. Disponible aquí.

7 “Las contradicciones de la campaña del gobierno de López Obrador contra las adicciones”, Infobae, 8 de noviembre de 2019. Disponible aquí.

8 Los municipios son: Celaya, Salamanca, León, Purísima del Rincón e Irapuato. Información obtenida de la base de datos abiertos de CONADIC. Disponible aquí.

9 Ibíd.

10 CONADIC y Secretaría de Salud, “Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México”, 2019. Disponible aquí.

11 De 2,108 establecimientos residenciales privados, tan sólo 1,045 centros están registrados. De esta última cifra, sólo 348 centros privados en todo el país cuenta con el reconocimiento de apegarse a los estándares de la NOM-028.

12 Equis Justicia para las Mujeres, “Mujeres que usan drogas y privación de la libertad en México”, junio 2020. Disponible aquí. En este escenario, sólo uno de cada cinco personas que padecen un consumo problemático de drogas pueden acceder a tratamiento y, de éstas, sólo el 24.5% lo completa. Esto se debe justamente por la falta de calidad de los servicios, la falta de recursos económicos, la distancia y el estigma asociado con el uso. Véase: Ernesto Zedillo Ponce de León , Catalina Pérez Correa González, Alejandro Madrazo Lajous y Fernanda Alonso Aranda, “La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional”, 2019. Disponible aquí.

13 “Drogaron, abusaron y dejaron morir a Ángela en centro de rehabilitación de NL”, Revista Proceso, 5 de agosto de 2020. Disponible aquí.

14 Alberto Pradilla, “’Clausurados por temor’: Anexos en medio de la guerra de cárteles cierran sus puertas tras la masacre en Irapuato”, Animal Político, 5 de agosto de 2020. Disponible aquí.

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