Criminalizar posesión simple, opción incorrecta para proteger salud pública
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Criminalizar la posesión simple: una medida incorrecta para proteger la salud pública
Penalizar la posesión simple de la cannabis afecta únicamente al usuario sin proteger a terceros, y lo somete a abusos y extorsiones por parte de las autoridades.
Por Alejandro Ravelo
2 de febrero, 2022
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El pasado 13 de octubre, el ministro Juan Luis González Alcántara presentó ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto que pretendía mantener el delito de la posesión simple de la cannabis. Este proyecto rechazaba un amparo presentado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) el cual defendía que, ya que el uso del cannabis está protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad tal y como reconoció la Corte en junio de 2021, penalizar la posesión de la cannabis sin intenciones de venta es inconstitucional. El proyecto del ministro reafirmaba la constitucionalidad del delito por considerar que limitar la posesión de la cannabis no restringiría ese derecho y al contrario, evitaría su uso indiscriminado, protegiendo la salud general. Al final el proyecto no fue aprobado en la Primera Sala y se determinó que por su trascendencia, era importante que el Pleno lo discutiera (algo que debería ocurrir en este 2022).

Aunque el proyecto pretendía mantener la prohibición de la posesión de la cannabis para proteger la salud pública, esta justificación del delito es falsa. El consumo del cannabis está determinado por factores socioculturales más allá de la legalidad y, de hecho, la evidencia muestra que la penalización no afecta su consumo. 1 Asimismo, habría otras medidas que podría adoptar el Estado tal y como las restricciones a la venta ilegal o distribución a menores de edad para evitar problemas de salud asociados al cannabis, las cuales exigirían a las autoridades probar que se cometió un delito más allá de la tenencia de la sustancia. Penalizar la posesión afecta únicamente al usuario sin proteger a terceros, y lo somete a abusos y extorsiones por parte de las autoridades. Hasta ahora, el proyecto no ha vuelto a ser presentado en el Pleno y la Suprema Corte no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de este delito. Esto demuestra que no hay un consenso entre las y los ministros de que penalizar la posesión en efecto proteja a la salud pública.

Más allá de la inconsistencia de proteger el uso de la cannabis y al mismo tiempo penalizar su posesión, mantener al delito para proteger la salud pública también es una medida equivocada. En 2020, 51,892 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por delitos contra la salud, tanto a nivel estatal como federal, de los cuales más del 90% (46,815 personas) fueron presentadas por el delito de posesión simple. 2 La persecución de este delito implica que las autoridades se enfocan en una práctica que por definición no afecta a terceros, por encima de otros delitos que sí afectan a la salud pública.

Suponer que penalizar la posesión puede funcionar como una medida para velar por la salud de los usuarios también es preocupante. Este argumento implica asumir que todo uso de las drogas representa un problema de salud y que usar el sistema penal contra los usuarios es la solución. En principio, no es cierto que todos los usos de drogas sean problemáticos. Por ejemplo, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, tan solo el 2.2% de las personas que reportaron haber consumido drogas tienen un consumo dependiente, y la mayoría tan solo la consume ocasionalmente. 3

Además, aunque la ley distingue entre el consumo y el uso dependiente, en la práctica esta distinción no es aplicada, y con frecuencia las autoridades tratan a todos los usuarios como si fueran patológicos. Si una persona es detenida en posesión de una cantidad igual o menor a la permitida, el Ministerio Público (MP) no ejercerá acción penal, sino que emitirá un reporte de no acción penal y le informará a la persona de la ubicación de centros para el tratamiento médico o de orientación para prevenir la farmacodependencia, con una participación forzosa al tercer reporte. Esto aplica independientemente de si la persona es consumidora o farmacodependiente. La ley trata igual a un usuario ocasional y problemático, e incluso puede obligar a un usuario ocasional a pasar por un tratamiento sin necesitarlo.

Aún sin tener esa cantidad, los usuarios pueden ser detenidos y llevados ante el MP, donde pueden ser víctimas de abusos y extorsión, o las autoridades les pueden plantar drogas para que tengan por encima del umbral y puedan someterlas a un proceso penal. Por ello, tampoco es claro que se deje de ejercer acción penal si se detiene a una persona en posesión de menos de lo que prohíbe la ley. Además, las cantidades permitidas para uso personal con frecuencia son tan bajas que acaban criminalizando a todos los usuarios. Por ejemplo, el umbral de la cocaína es de 0.5 gramos a pesar de que la droga se suele vender por gramo.

Por otro lado, no hay evidencia de que la mayoría de los detenidos por este delito tengan un uso problemático, e incluso si esto fuera así, someterlos al sistema penitenciario limita su acceso a programas para tratamiento de adicciones. En 2021 solo el 32% de las personas detenidas por posesión simple que reportó haber consumido drogas en los últimos 30 días tuvo acceso a algún tratamiento para reducir su consumo de alcohol, tabaco o alguna otra droga al interior del centro penitenciario. 4 Estos programas, presentan carencias importantes para atender trastornos por usos problemáticos de sustancias psicoactivas. Un análisis del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria encontró que en 2020, el 48.7% de los centros estatales y el 68.8% de los centros federales de readaptación social sufren de insuficiencias en programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. 5

En nuestra política de drogas, la protección de la salud pública no es la prioridad, y la existencia de este delito como una supuesta medida para protegerla es prueba de ello. El proyecto que presenten en el Pleno las y los ministros de la Suprema Corte debe pronunciarse contra el delito de posesión simple de cannabis. No hacerlo iría contra sus precedentes con respecto a la cannabis y perpetuaría una medida que no protege la salud pública y solo criminaliza y patologiza a los usuarios. Proteger la salud pública requiere de mejorar la atención a usuarios problemáticos y concentrar los esfuerzos de autoridades en la venta ilegal para que menores no tengan acceso a la cannabis. Queda en la Corte emitir un proyecto que marque un precedente en la política de drogas del país y acabe con la persecución y penalización de los usuarios en el nombre de la salud pública.

* Alejandro Ravelo es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y se desempeña como investigador en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

 

 

 

1 Por ejemplo en los casos de Portugal y Holanda, que no tienen un consumo más alto que otros países europeos a pesar de sus políticas más permisivas con distintas drogas. Danny Kushlick, George Murkin, Martin Powell, Steve Rolles y Lisa Sánchez. 2014. Debate sobre drogas: cómo abogar a favor de la regulación legal. Trasnsform Drug Policy Foundation. 12.

2 INEGI. Censo Nacional de Seguridad Pública 2021. Actualizado el 28 de octubre de 2021.

3 INEGI. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

4 Análisis con base a los datos abiertos de: INEGI. Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021. 7 de diciembre de 2021.

5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020”. México: CNDH, 2020.

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