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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Pa... Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Para lograrlo, participamos en proyectos orientados a fortalecer el Estado de derecho, defender los derechos humanos y formar capital social. En este espacio analizaremos temas importantes para nosotros y compartiremos contigo lo que hacemos mejor: auditar a la autoridad, formar ciudadanía, analizar políticas públicas, incidir en el debate nacional y litigar casos estratégicos para acelerar el cambio social. (Leer más)
Despenalizar las drogas para terminar la guerra
La violencia, inseguridad y los daños a la salud ocasionados por la actual política prohibicionista seguirán aumentando hasta que el Poder Ejecutivo y el Legislativo adopten un enfoque de salud y derechos humanos que permita superar el paradigma punitivo que ha reinado en la política de drogas.
Por Julio Salazar y Víctor Gutiérrez
28 de agosto, 2019
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En el último año el Poder Judicial ha tenido un papel relevante emitiendo criterios novedosos y revolucionarios en materia de política de drogas. Desde la publicación de la jurisprudencia de uso personal de cannabis hasta la orden de emitir un reglamento que permita el acceso al uso medicinal del cannabis, juzgadoras y juzgadores han demostrado estar a la altura de los temas más controversiales que se les han planteado.

Los casos que exponemos el día de hoy no son la excepción. Nos referimos a dos resoluciones paradigmáticas e inusitadas que permiten el consumo personal y lúdico de cocaína (éster metílico de benzoilecgonina) y demás actos correlativos al autoconsumo, es decir: posesión, transporte, empleo y uso de la sustancia. Específicamente, esta sentencia ordena al director ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) otorgar dicha autorización a las personas quejosas

México Unido Contra la Delincuencia, a través de su programa de política de drogas, decidió emprender el camino del litigio estratégico desde hace varios años. En 2015, de la mano del CEIS, impulsó el caso SMART, por medio del cual la SCJN reconoció por primera vez que la prohibición del uso personal del cannabis es inconstitucional pues atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Años más tarde, y con cuatro casos en el mismo sentido, se creó jurisprudencia en la materia, que hoy impulsa un cambio en la legislación.1

Para continuar con dicha estrategia, MUCD fundó en 2018 una Clínica de Litigio Estratégico en materia de drogas, derecho a la salud y derechos humanos, la primera en su tipo, al menos en Latinoamérica. Por lo tanto, las sentencias de las que hablamos el día de hoy representan la continuidad de una estrategia cuya finalidad contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país.

Hacia un nuevo enfoque

MUCD persigue el objetivo de terminar la guerra contra las drogas y tiene la convicción de que es necesario adoptar un nuevo enfoque en la materia para disminuir la violencia asociada al combate y transitar hacia mejores condiciones de seguridad en nuestro país. Dicha preocupación, compartida por el gobierno federal,2 se ve reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo que propone cambiar de enfoque en esta materia, regular de manera distinta todas las drogas y poner a disposición de las personas mayor oferta de tratamiento para las adicciones.

Por lo tanto, estas sentencias son una herramienta que se encuentra en congruencia con la estrategia gubernamental y permite replantear la forma en la que nos aproximamos a una droga que objetivamente es muy peligrosa. Además, representan una nueva oportunidad para exigir el fin de la guerra y la reorientar de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos como el homicidio, el secuestro y la violación.

Hace cuatro años, el argumento para la regulación del cannabis era muy claro: la prohibición absoluta del consumo personal no cumple con la finalidad de proteger la salud y en cambio, viola derechos humanos (por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad) al ser demasiado invasiva a la privacidad. En esta ocasión, el argumento para exigir la despenalización del uso de la cocaína es también claro: es indispensable dejar de criminalizar a las personas que usan drogas distintas a la cannabis para reorientar dichos esfuerzos gubernamentales destinados a detener y encarcelar usuarios. Además, es fundamental discutir acerca de sustancias más peligrosas, partiendo del principio de que entre más peligrosa es una sustancia, mayores estándares de regulación debe imponer el estado.

El razonamiento de los jueces en torno a la inconstitucionalidad de la prohibición

A 4 años de la experiencia del litigio SMART (cannabis), es posible darnos cuenta que los jueces han sido congruentes con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, en una primera etapa, los jueces deben determinar si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial del derecho en cuestión. En una segunda etapa, examinan si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa reduzca o limite la extensión de la protección de este derecho. Esta metodología es conocida como el test de proporcionalidad.

Respecto a la primera etapa, el Juez de Distrito utilizó el criterio de la SCJN que establece que el derecho al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección. Este derecho protege el consumo de sustancias, como la cocaína. Cabe señalar que este consumo puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales.

Por lo tanto, el juez determina que la prohibición total del consumo de cocaína contenida en la Ley General de Salud incide en el contenido del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que implica un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad a través del consumo de cocaína.

En la aplicación del test de proporcionalidad, el Juez de Distrito determinó que, si bien esta prohibición persigue una finalidad constitucionalmente válida, así como que es idónea para proteger la salud y el orden público; no es una medida necesaria para proteger los fines constitucionales tutelados. Si a esto le sumamos la determinación de que el mismo sistema representa una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público, la conclusión a la que arribamos es que, al no superar el test de proporcionalidad, este sistema de prohibiciones administrativas viola el derecho humano a libre desarrollo de la personalidad.

Algo que es importante resaltar de esta resolución es que, a diferencia de las sentencias del caso SMART, además de conceder el amparo para efectos de que se otorgue un permiso sienta las bases mínimas sobre las cuales se puede construir una regulación efectiva. Es decir, estamos en presencia de reglas claras que protegen la salud de las personas consumidoras de cocaína, protege su derecho al libre desarrollo de la personalidad, otorga información basada en avances científicos e incluso protege a los no consumidores al establecer prohibiciones para realizar el consumo en lugares de trabajo o conducir vehículos bajo el influjo de esta sustancia.

Adicionalmente, resulta novedoso que el juzgador reconoce que no todo consumidor es farmacodependiente, de tal forma que el consumo controlado de cocaína puede no generar adicción. Utilizando información emitida por la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud sobre los efectos y consecuencias derivados del consumo de cocaína varían. Esto nos lleva a pensar que al existir una medida de consumo que no implica farmacodependencia, no sería necesaria la existencia un sistema prohibitivo, sino, un sistema regulatorio que advierta sobre las dosis y posibles consecuencias de las mismas basados en evidencia científica.

Estas sentencias aún serán revisadas por los Tribunales Colegiados de Circuido y dependerá de si se considera este caso como relevante y trascendente, el que enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto, nos encontramos ante un Poder Judicial de la Federación garantista, quien a través de estos criterios nos permite ver que los jueces comprenden y se suman a la estrategia del Poder Ejecutivo Federal, en coordinación con la perspectiva de la sociedad civil: regular para proteger.

¿Y los otros poderes?

En el gran escenario, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal se encuentran en gran deuda con la sociedad. El primero, a pesar de tener la orden de modificar la Ley General de Salud para superar el vicio de inconstitucionalidad identificado en las jurisprudencias de SMART, muestra una voluntad tan liviana como escasa para cumplir con el deber que tienen de regular todas las drogas existentes, por supuesto, cada una con sus respectivos matices. El segundo, a pesar de haberse comprometido con la sociedad para acabar la guerra contra el narcotráfico e incluso haber incluido la regulación de todas las sustancias en su Plan Nacional de Desarrollo, continúa con la expansión de la militarización como política de drogas.

La violencia, inseguridad y los daños a la salud ocasionados por la actual política prohibicionista seguirán aumentando hasta que el Poder Ejecutivo y el Legislativo adopten un enfoque de salud y derechos humanos que permita superar el paradigma punitivo que ha reinado en la política de drogas.

Hasta que esto no pase, seguirá la lucha de los distintos actores en nuestro país que ha sido tan lastimado por la guerra contra las drogas: personas que usan drogas encarceladas o extorsionadas, pacientes y sus familiares que necesitan cannabis con fines terapéuticos, la sociedad civil organizada seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance para exigirla aplicación de este nuevo enfoque.

Pero no debe escapar de nuestra agenda, que más allá de cannabis y cocaína, nuestro país tiene un tema pendiente con la amapola, situación que deberá ser tratada como un traje a la medida que responda al uso medicinal responsable de esta sustancia que siempre ha sido legal, así como a la situación actual en la que se encuentra el campo de nuestro país. Tenemos que urgir al Congreso y al Ejecutivo Federal a que sean congruente con el Plan Nacional de Desarrollo y haga su trabajo: regular para protegernos. Su falta de voluntad cuesta vidas.

* Julio Salazar es Licenciado en Derecho por el CIDE. Abogado Senior de México Unido Contra la Delincuencia. Víctor Gutiérrez es Licenciado en Derecho por la UNAM. Coordinador de México Unido Contra la Delincuencia.

 

1 Para profundizar sobre la jurisprudencia y la declaratoria general de inconstitucionalidad respecto al tema de cannabis recomendamos consultar el artículo “Uso personal adulto de cannabis: ¿jurisprudencia o declaratoria general de inconstitucionalidad?” disponible aquí.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

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