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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
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Disfrazando a militares como civiles: el caso de la militarización en el sector marítimo
A través de ficciones jurídicas el actual gobierno introduce la participación de militares al transporte marítimo, el movimiento comercial de los puertos, el cobro tarifario de las operaciones comerciales y la educación náutica. Continuar con esta ficción jurídica es negar la realidad y disfrazar de civiles a quienes claramente son militares.
Por Julio Salazar Ramírez y Eduardo Cadena Muñoz
18 de junio, 2021
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La participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en tareas distintas a la disciplina militar es un fenómeno que se ha desarrollado gradualmente en distintas administraciones desde Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en donde es posible detectarla dentro de diferentes rubros, empezando por la seguridad pública. Por su parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lejos de detener la tendencia de militarización, lo acrecentó, cediendo más facultades a las FF.AA. que tampoco se relacionan con la disciplina militar: control de fronteras, atención a la emergencia sanitaria por COVID-19, construcción de infraestructura aeroportuaria, control de programas sociales y distribución de recursos públicos.1

Estas acciones se contradicen con lo establecido en nuestra constitución, que en su artículo 129 expresamente dice que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Estas disposiciones surgen como garantía para resguardar nuestros derechos y libertades como ciudadanía, y para que las instituciones militares se sujeten a las órdenes del gobierno civil evitando contextos propios de dictaduras.

Pese a esto, el pasado 7 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se da el control de puertos a la SEMAR 2, con el que se le otorga a la Secretaría de Marina el control de puertos, así como del comercio marítimo y de las comunicaciones y transportes por agua. Funciones como estas y de las cuales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) colaboraba, están relacionadas directamente con temas mercantiles y comercio internacional, dentro de las cual la SEMAR no tiene ningún tipo de experiencia.

Para justificar las modificaciones aprobadas, el presente gobierno recurrió a decir que esta es la mejor forma de “enfrentar la corrupción”, presupuesto fundando en la falsa idea de incorruptibilidad y eficacia de las Fuerzas Armadas que ha permeado en otras instancias de la administración pública. Pero lo que estamos viendo es el desplazamiento paulatino y gradual del personal civil dentro de la administración pública: “en cuanto a la administración portuaria, estamos trabajando porque vamos a limpiar de corrupción todo el sistema portuario, como lo estamos haciendo en aduanas, va a ser el mismo tratamiento, es migración, aduanas y puerto”, dijo el Presidente López Obrador.3

Aunque el discurso del gobierno federal se reduce a enfatizar que “no hay ni habrá militarización”4, en los hechos esta declaración es engañosa ya que se refiere a la distinción legal que existe entre instituciones militares como el Ejército Mexicano y la Armada de México y las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina. Aquí es importante subrayar que la autoridad federal desplaza instituciones civiles y aumenta la transferencia de facultades de las FF.AA. por medio de una ficción jurídica que distingue a la SEMAR como secretaría de Estado a cargo de actividades administrativas, de la Armada de México como institución militar.

Esto significa que existe una distinción puramente legal entre la SEMAR y la Armada de México que reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver de la acción de inconstitucionalidad 1/96, 5 en la cual, si bien determina que el ejército y la armada no pueden identificarse con la SEDENA y la SEMAR, también marcó un límite para que personal de las FF.AA. pueda participar en funciones que no estén relacionadas con la disciplina militar. De tal forma, son requisitos fundamentales para su participación que sea en apoyo o auxilio de autoridades civiles y que su acción se lleve a cabo con respeto a derechos humanos.

Esto mismo sucede con la argumentación sostenida en las resoluciones de los amparos en revisión 440/2018, 522/2018 y 523/2018. En estos casos se promovieron amparos en contra de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Con estas reformas, se apresuraba la militarización de todo lo relacionado con puertos.

Así, la SCJN determinó que las reformas en cuestión eran constitucionales básicamente por dos razones: 1) Existe una distinción constitucional y legal entre instituciones militares como la Armada, y las Secretarías de Estado como la Secretaría de Marina, como dependencias administrativas que pertenecen al Ejecutivo Federal y coadyuvan en el despacho de los asuntos que le son encomendados; 2) La citada reforma legal no implicó que la Secretaría de Marina se convirtiera en la única autoridad competente en el ámbito marítimo y que, por tanto, se “militarizara” el mismo, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conserva un gran número de facultades en dicho sector. Sin embargo, en el siguiente gráfico podemos observar la impresionante cantidad de tareas que se han trasladado a la SEMAR dentro de las bases de la Administración Pública Federal. 6

Esta diferenciación ficticia entre instituciones fue la que justificó el traslado de facultades en materia de control de puertos, comercio marítimo y de las comunicaciones y transportes por agua a la SEMAR. Sin embargo, hay que preguntarse si verdaderamente existe una distinción entre la SEMAR como dependencia administrativa y la Armada de México como institución militar. En términos generales, si observamos la composición del personal de la SEMAR, la estructura orgánica de la dependencia y la propia imagen con la que se identifican, sí es posible definir a la SEMAR como una dependencia que no se puede separar de su naturaleza castrense.

De hecho, la composición del personal de la SEMAR es de 70,302 elementos de la Secretaría de Marina, de los cuales solo 1,587 solo son civiles 7. Esto representa el 2% del total de esta secretaría que no pertenece a la Armada de México. De la misma manera, el propio reglamento interior de la SEMAR 8 establece que los puestos directivos de la secretaría como Subsecretario, Oficial Mayor, Inspector y Contralor de Marina deben ser ocupados por personal militar, lo que quiere decir que estos puestos son ocupados por militares con una educación militar, tienen grado militar y responden a su sistema de disciplina militar. Y para que no quede duda a interpretaciones: son militares.

Y si analizamos la imagen oficial de la Secretaría de Marina es posible observar que se conciben como una institución militar sin distinción con la Armada, y que entienden que sus funciones son las de una institución militar, en la que se resalta su capacidad armamentística, su uniforme que los distingue de los civiles y su disciplina militar, no una administrativa civil. En consecuencia, materialmente las FF.AA. están participando en funciones que no están relacionadas con la disciplina militar y no están cumpliendo los estándares marcados por la interpretación de la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96, ni el estandar establecido en los amparos en revisión 440/2018, 522/2018 y 523/2018.

Peligrosamente, se le da trato de secretaría civil a la SEMAR, sin tomar en consideración que materialmente no es posible separarla de la Armada y se vuelve manifiesto el control efectivo a las FF.AA. Así, a pesar de que nuestro texto constitucional es claro en que las FF.AA. no pueden realizar cualquier otra actividad que no esté estrictamente relacionada con la disciplina militar 9, la realidad es diametralmente distinta y ahora se encargan del resguardo del comercio internacional mexicano.

Por medio de este tipo de ficciones jurídicas es como el actual gobierno introduce la participación de militares al transporte marítimo, el movimiento comercial de los puertos, el cobro tarifario de las operaciones comerciales y la educación náutica. Continuar con esta ficción jurídica es negar la realidad y disfrazar de civiles a quienes claramente son militares. Sin embargo, un México más seguro, justo y en paz es posible. Aún está en manos del poder judicial revertir este tipo de decisiones para defender una perspectiva no militarizada y civil mediante la resolución de los amparos promovidos por asociaciones civiles dedicadas al sector marítimo, en los que se ha denunciado la militarización.

* Julio Salazar Ramírez (@SAMURAILITIGIO) y Eduardo Cadena (@ekadenam) son abogados en México Unido Contra la Delincuencia (@MUCD).

 

 

 

1 Disponible aquí.

2 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.

3 Pérez, M (2020, mayo 21). Ahora AMLO dice que irán por “limpia” en puertos. El Economista.

4 Disponible aquí.

5 Disponible aquí.

6 Fuente: elaboración propia. Registro de transferencia de facultades entre Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y transportes, con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

7 Solicitud de información dirigida a la Secretaría de Marina con folio 0001300002318.

8 Artículos 3, 7, 8. 9 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina.

9 Artículo 129 de la CPEUM.

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