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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Pa... Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Para lograrlo, participamos en proyectos orientados a fortalecer el Estado de derecho, defender los derechos humanos y formar capital social. En este espacio analizaremos temas importantes para nosotros y compartiremos contigo lo que hacemos mejor: auditar a la autoridad, formar ciudadanía, analizar políticas públicas, incidir en el debate nacional y litigar casos estratégicos para acelerar el cambio social. (Leer más)
El camino para restaurar la paz y terminar la guerra
Trece años han pasado desde que inició la guerra contra las drogas, las tragedias que cada día ocurren en nuestro país se van acumulando y no parece existir una respuesta integral que haga frente a la violencia, las violaciones de derechos humanos y el panorama de impunidad que aqueja al país.
Por MUCD
31 de enero, 2020
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“No se resuelve nada con el uso del Ejército, de la Marina, de las policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Repito: la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”. 1

Olga Sánchez Cordero

El 4 de noviembre de 2019, seis niños y tres mujeres integrantes de una familia de la comunidad mormona de La Mora fueron asesinados en una carretera en Sonora.1 El 17 de enero de este año, un comando armado asesinó a diez integrantes del grupo musical “Sensación” en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.2

Trece años han pasado desde que inició la guerra contra las drogas, las tragedias que cada día ocurren en nuestro país se van acumulando y no parece existir una respuesta integral que haga frente a la violencia, las violaciones de derechos humanos y el panorama de impunidad que aqueja al país.

Con el gobierno actual existía la esperanza de que finalmente el Estado asumiría su responsabilidad. Andrés Manuel López Obrador afirmó en varias ocasiones su compromiso por cambiar de manera radical la estrategia de seguridad seguida por los gobiernos anteriores, regresar el Ejército a los cuarteles, asumir una agenda de justicia transicional y reformular la política de drogas.

Este discurso se ha traducido en algunas propuestas concretas dignas de celebrarse como la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; sin embargo, estas se ven opacadas por el abandono de acciones prioritarias para restaurar la paz.

En primer lugar, el Ejército y la Marina continúan haciendo tareas de seguridad pública y lo seguirán haciendo por cinco años sin que hasta el momento existan mecanismos que aseguren que su participación será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria3; por su parte, la Guardia Nacional, figura supuestamente civil y policial, está actualmente integrada en su mayoría por miembros provenientes de las Fuerzas Armadas.4

En este escenario, no existe certeza de cómo y cuándo la seguridad pública volverá a estar en control de la fuerza civil, lo que resulta preocupante pues diversas investigaciones han demostrado que la militarización de la seguridad pública detonó la violencia en el país5, así como las violaciones graves de derechos humanos6 en un contexto de falta de transparencia y alarmante impunidad.7

Además, la primera fase de despliegue de la Guardia Nacional no necesariamente corresponde con las zonas donde se presentan mayores índices de homicidios, secuestros o extorsiones8 y este cuerpo se ha dedicado a actividades que van desde la erradicación de cultivos, la destrucción de laboratorios, el aseguramiento, la incautación e incineración de drogas, hasta operativos contra el robo de combustible, controles fronterizos y revisiones aleatorias en el metro de la Ciudad de México.

Este panorama demuestra que, por el momento, el gobierno no tiene una estrategia articulada que busque priorizar la prevención, persecución y sanción de los delitos que sí dejan víctima, se enfoque en garantizar la seguridad de la población que habita en las zonas más peligrosas del país y en combatir a los grupos criminales más violentos. Asimismo, no parece existir esfuerzos claros por comprender los patrones geográficos y temporales de la violencia a nivel regional que permita articular, no solamente una estrategia de seguridad nacional a través de la Guardia, sino estrategias de seguridad que atiendan a las necesidades locales.

En segundo lugar, desde que el Congreso incumplió con el plazo ordenado por la SCJN para emitir la regulación de la marihuana que ponga fin a un sistema prohibitivo y desproporcional, violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad9, el tema de regulación de las drogas dejó de ser prioridad para el gobierno.

En una declaración del 30 de enero de 2019, Andrés Manuel sostuvo que la guerra contra las drogas había terminado10; sin embargo, en posteriores ocasiones el Presidente ha mantenido la narrativa de esta guerra, vinculando las drogas con la violencia.11 Por su parte, la campaña de prevención de acciones, Juntos por la Paz, continúa lejos de ser una campaña que realmente se encuentre enfocada en informar y esté basada en la evidencia científica y en el respeto de los derechos humanos de las personas que consumen drogas.12

Finalmente, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, como ya se mencionó, continúan destinados esfuerzos al combate al narcotráfico. No obstante, si el Estado realmente quisiera dar un golpe contundente a las organizaciones del tráfico de drogas, entonces tendría que aceptar regular el mercado de drogas, a fin de que sea éste el que imponga las condiciones de este mercado.

En tercer lugar, víctimas, académicos y organizaciones de la sociedad civil han denunciado la ausencia de una política integral de Justicia Transicional. Lo que existe hasta el momento, es más bien actos aislados que por sí solos no responderán a la magnitud de la crisis de violaciones graves a los derechos humanos y las exigencias de verdad, justicia, reparación y no repetición.

La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense son mecanismos que han servido para la búsqueda e identificación de personas y restos humanos; sin embargo, no están encaminados a identificar, investigar y sancionar a los responsables de las desapariciones y de otras violaciones graves a los derechos humanos, desentrañar las redes de macrocriminalidad que permitieron un grado de violencia e impunidad tan rampante, conocer los patrones del abuso de derechos humanos, resarcir a las víctimas que lo padecieron e impedir que estos hechos se repitan.

Por eso, el pasado 23 de enero de este año, familiares de las víctimas acompañadas de población en general, caminaron para recordarle al Presidente su compromiso de retomar una agenda sobre verdad, justicia y paz. Esta caminata llegó el 26 de enero a la Ciudad de México, partiendo desde la Estela de Luz rumbo a Palacio Nacional, mientras sostienen pancartas con fotos de las víctimas de esta guerra.

Este esfuerzo culmino en la plancha del Zócalo, donde Julián Le Baron hizo un llamado a la unidad nacional frente a la tragedia y Javier Sicilia exigió al Presidente retomar la agenda a la que se comprometió el 14 de noviembre de 2018, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT). Mientras tanto, un comité del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad entró al Palacio Nacional para hacer entrega de los documentos con las propuestas de Justicia Transicional al Gabinete de Seguridad, ante la renuencia del Presidente de escuchar a las víctimas.

Las exigencias de verdad, justicia y paz de las víctimas que ha dejado esta guerra no han sido escuchadas y, todo indica, que aumentaran las víctimas de esta política de estado fallida, pues es claro que la guerra contra las drogas y la militarización de la seguridad pública no han terminado.

En este sentido, mientras el gobierno crea que basta la presencia del Ejército para reducir la violencia y, en cambio, no apueste por devolver la seguridad pública a manos de las autoridades civiles, mejorar el sistema de justicia13, crear mecanismos de Justicia Transicional ante la incapacidad de las instituciones ordinarias y termine la guerra contra las drogas y la prohibición, nos estaremos alejando cada vez más del camino para restaurar la paz y terminar la guerra.

* Frida Ibarra (@FridaniIbarra) es Licenciada en Derecho por el CIDE y abogada en @MUCD.

 

1 Jacobo García, “México atribuye a un enfrentamiento entre carteles la masacre de la familia LeBarón”, El País, 7 de noviembre de 2019”. Disponible aquí.

2 “Ellos eran los integrantes del grupo “Sensación”, calcinados por “Los Ardillos”, La Silla Rota, 21 de enero de 2020. Disponible aquí.

3 Véase el artículo 21 y el Transitorio Quinto del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

4 MUCD, “Guardia Nacional: las incógnitas del Primer Informe de Gobierno (Parte 2)”, Animal Político, Disponible aquí.

5 Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas, “Índice de letalidad 2008-2014: menos enfrentamientos, misma letalidad, más opacidad”. Disponible aquí.

6 José A. Guevara B., “Las Fuerzas Armadas y la seguridad pública”, Revista Nexos, marzo de 2019. Disponible aquí.

7 Ximena Suárez-Enríquez, con contribuciones de Maureen Meyer, “Justicia olvidada, La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, WOLA, noviembre de 2017. Disponible aquí.

8 MUCD, “Guardia Nacional: las incógnitas del primer informe de gobierno (Parte 1)”, Animal Político. Disponible aquí.

9 Víctor Gutiérrez y Tania Ramírez, “Cannabis: una prórroga excepcional y vergonzosa”, Animal Político, 6 de noviembre de 2019. Disponible aquí.

10 Alberto Nájar, “”Ya no hay guerra” contra el narco: la declaración de AMLO que desata polémica en México”, BBC News Mundo, 1 de febrero de 2019. Disponible aquí.

11 Carlos Lara, “Delincuentes usan a jóvenes adictos para cometer crímenes: AMLO”, El Sol de México, 7 de noviembre de 2019. Disponible aquí.

12 “No basta con decir no, hay que educar a la gente sobre el consumo de drogas: Lisa Sánchez de MUCD”, 10 de julio de 2019. Disponible aquí.

13 Ana Laura Magaloni, “Regresión autoritaria”, Reforma. Disponible aquí.

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