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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
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El Comité DDHH de la ONU y la desmilitarización de la seguridad pública
A pesar de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 prevé la reformulación del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en esencia la política de seguridad en el país no ha sufrido un cambio radical ya que el Ejército sigue haciendo tareas de seguridad pública, dentro y fuera de la Guardia Nacional.
Por Frida Ibarra
21 de noviembre, 2019
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Hace doce años, la militarización de la seguridad pública comenzó a cobrar más fuerza en México, teniendo como justificación la guerra contra las drogas. Aún después de que el presidente López Obrador dio –supuestamente- por terminada dicha estrategia, la militarización sigue intensificándose. Estos años, desafortunadamente, coinciden con la más grave crisis de violencia en la historia reciente de nuestro país.1 El gobierno actual no sólo continuó con esta estrategia fallida, sino que fue más allá y promovió una reforma constitucional para lograr que las fuerzas armadas, dentro o fuera de la Guardia Nacional, pudieran realizar tareas de seguridad pública.

En este contexto, diversas organizaciones de la sociedad civil alertaron ante que la política de militarización de la seguridad pública continua vigente en el país no de manera excepcional, sino generalizada, lo que representa el riesgo de que se sigan perpetrando graves violaciones a los derechos humanos, especialmente por parte de la fuerza armada dentro y fuera de la figura de la Guardia Nacional. Tales conclusiones fueron recogidas el 7 de noviembre por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México.

Este Comité es el encargado de supervisar a México en la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como Estado parte. Para ello examina los informes periódicos que el propio país elabora, así como las comunicaciones presentadas por sociedad civil. Con base en esta revisión, el Comité expresa sus preocupaciones sobre la situación del país en materia de derechos humanos y emite recomendaciones a través de sus “Observaciones finales”.2 En dicho documento, el Comité manifestó dos principales preocupaciones en torno a la militarización:

1. Carácter militarizado de las fuerzas del orden

A pesar de que el Comité reconoce en el documento que la Guardia Nacional (GN) es definida a nivel constitucional como un cuerpo civil, muestra su preocupación por “el carácter militarizado de las fuerzas de orden en general, incluyendo la Guardia Nacional”. Las preocupaciones del Comité son fundadas, pues si bien el artículo 21 constitucional establece que la GN es un cuerpo de carácter civil, es en el régimen transitorio de la reforma donde se revela la verdadera naturaleza militar de esta figura, máxime que tampoco en las leyes secundarias dieron efectividad al mandato de garantizar que los elementos de las fuerzas armadas incorporados a la Guardia se encuentren “funcionalmente separados” de su institución de origen.3

En este escenario, según las cifras oficiales publicadas en la conferencia matutina del 13 de agosto de 2019, por el comandante Luis Rodríguez Bucio, más del noventa por ciento de los elementos de la GN desplegados en el país provienen de las fuerzas armadas.4 Además, de conformidad con el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se estableció que las fuerzas armadas tendrán “un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional”.5

2. Falta de un plan de retiro de la fuerza militar

En cuanto a la fuerza armada que seguirá realizando tareas de seguridad pública al margen de la figura de Guardia Nacional, las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU van encaminadas a “la falta de un calendario claro sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad ciudadana”. Otro aspecto que preocupa al Comité es que la intervención de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública debe ser “excepcional y con una duración limitada, conforme a protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas”.

Lo anterior, toda vez que el quinto transitorio de la reforma otorgó al presidente, por cinco años, la disposición de la fuerza armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Sin embargo, todavía no se cuenta con mecanismos que aseguren que dicho Ejército desplegado en las calles cumplirá con los criterios que mandata el texto constitucional. Esto resulta alarmante pues, por lo menos hasta agosto de este año, 15 mil 375 elementos del Ejército ya se encuentran desplegados en las calles realizando labores de seguridad pública.6

¿Qué implicaciones tiene esto para el Estado Mexicano? 

El Comité solicitó a México que, dentro del plazo de dos años desde la aprobación de las observaciones finales, es decir, el 8 de noviembre de 2021, le otorgue información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas. Así, el Estado Mexicano tiene las siguientes tareas pendientes:

I. Respecto de la Guardia Nacional, debe trabajar en la construcción de una GN como un cuerpo verdaderamente civil, para ello el Comité señala la importancia de continuar con los “esfuerzos para proporcionar a todos los oficiales miembros de la Guardia Nacional formación intensiva en estándares internacionales de derechos humanos y considerar la introducción de períodos de pausa en la transición entre el servicio en las fuerzas armadas y en la Guardia Nacional”.

Hasta ahora, no ha existido ningún período de pausa en la transición de los elementos del Ejército y la Mariana hacia la Guardia Nacional; por el contrario, el gobierno ha desplegado con toda prisa a los elementos de origen militar y naval en el país sin una capacitación real y efectiva. De esta manera, aunque la GN inició funciones formalmente el 30 de junio de 2019, lo cierto es que antes de esta fecha, en Minatitlán y Cosoleacaque, Veracruz, este cuerpo ya se encontraba operando en estas zonas sin capacitación alguna.7 Lo anterior, pues aunque el inicio de la capacitación de este cuerpo fue anunciada el 13 de mayo de 2019, en los campos militares de Santa Lucía y de San Miguel de los Jagüeyes, estado de Mexico8, el primer curso apenas tuvo lugar del 12 al 29 de junio. En el mismo sentido, a pesar de que el último curso de capacitación inició este 4 de noviembre y supuestamente terminará el 21 de diciembre,9 para agosto la Guardia Nacional ya se había desplegado en 150 coordinaciones regionales con un total de 58 mil 602 elementos.10

Por si fuera poco, a sólo cuatro meses de que la Guardia Nacional comenzara formalmente a operar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya tiene 24 quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos, la mayoría por abusos en contra de migrantes en las zonas fronterizas.11 

II. Respecto de la participación de la fuerza armada en funciones de seguridad pública durante los cinco años, el Comité enfatiza la obligación de velar por el cumplimiento de dos aspectos: 1) el asegurar que dicha participación sea excepcional, limitada y subordinada a los controles civiles, así como sujeta a mecanismos de rendición de cuentas y protocolos claros y previamente establecidos y; 2) establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana.

Esta observación debería ser prioridad en este gobierno, sobre todo si se recuerdan las contundentes declaraciones, algunos años atrás, del actual Presidente, en las cuales sostenía que se haría un retiro gradual del Ejército y la Marina en las tareas del combate a las organizaciones del tráfico de drogas, que sacaría al Ejército de las calles y que, inclusive, les daría un plazo de medio año para que volvieran a los cuarteles. 12

Adicionalmente, la recomendación del Comité sobre crear mecanismos que aseguren que la intervención del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública cumplirá con los criterios establecidos en el quinto transitorio de la reforma constitucional, debe ser inmediatamente atendida, más aún considerando el contexto de impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas en torno al actuar de las fuerzas armadas.

La ausencia de supervisión civil en los asuntos militares ha hecho difícil garantizar a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las violaciones cometidas por los cuerpos militares. “Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la CNDH recibió más de 4.600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares”.13 De acuerdo con Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) “de las 505 investigaciones iniciadas entre 2012 y 2016, sólo habían obtenido 16 condenas”.14

Es en el propio texto constitucional donde se ordena que el Estado mexicano asegure la naturaleza civil de la Guardia Nacional (artículo 21 constitucional), cree los mecanismos necesarios para que la fuerza armada actúe de manera excepcional, limitada, subordinada y sujeta a regulación y fiscalización (Primero y Quinto Transitorio) y vaya retirando gradualmente a las fuerzas armadas de las funciones de seguridad ciudadana (artículo 21 constitucional y Quinto Transitorio).

Además, dichas obligaciones fueron previamente reiteradas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, el pasado 28 de noviembre de 2018, al determinar que, “como regla general […] el orden interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad pública, la participación de las fuerzas armadas[…]”15 deberá ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.

Es en este escenario que el Comité ha advertido el incumplimiento de estas obligaciones por parte de las autoridades mexicanas, pues a pesar de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 señala “un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores”16 y prevé la reformulación del papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en esencia la política de seguridad en el país no ha sufrido un cambio radical ya que el Ejército sigue haciendo tareas de seguridad pública, dentro y fuera de la Guardia Nacional.

Cabe destacar que, aunque este organismo internacional sólo puede hacer recomendaciones al Estado parte, lo cierto es que las observaciones del Comité al Estado Mexicano son un recordatorio de la constante transgresión al orden constitucional y convencional por parte de las autoridades mexicanas en aras de preservar la militarización de la seguridad pública. El Comité de Derechos Humanos de la ONU está dando la oportunidad al gobierno actual para dirimirse, dejar a un lado toda simulación y, efectivamente, ir transitando hacia una política de seguridad pública radicalmente distinta, lo cual necesariamente requiere avanzar hacia la desmilitarización de la seguridad pública.

* Frida Ibarra (@FridaniIbarra) es abogada de @MUCD.

 

1 José A. Guevara B, “Las Fuerzas Armadas y la seguridad pública”, Revista Nexos, marzo, 2019. Disponible aquí.

2 Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México. Disponible aquí.

3 Frida Ibarra y Gerardo Álvarez, “La Guardia Nacional ante la Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Animal Político, 20 de agosto de 2019. Disponible aquí.

4 MUCD, “Guardia Nacional: las incógnitas del Primer Informe de Gobierno (Parte 2)”, Animal Político, 11 de septiembre de 2019. Disponible aquí.

5 Plan nacional de paz y seguridad 2018-2024. Disponible aquí.

6 MUCD, “Guardia Nacional: las incógnitas del Primer Informe de Gobierno (Parte 2)”, Animal Político, 11 de septiembre de 2019. Disponible aquí.

7 Paul Frissard y Daniela Osorio, “Dos meses de Guardia Nacional: ¿Qué observamos?”, Revista Nexos, 2 de septiembre de 2019. Disponible aquí.

8 “Inicia curso de capacitación de la Guardia Nacional”, Foro Jurídico, 13 de mayo de 2019. Disponible aquí.

9 Marcos Muedano, “Así capacitan a la Guardia Nacional”, La Silla Rota, 16 de mayo de 2019. Disponible aquí.

10 MUCD, “Guardia Nacional: las incógnitas del Primer Informe de Gobierno (Parte 2)”, Animal Político, 11 de septiembre de 2019. Disponible aquí.

11 Manuel Espino y Alexis Ortiz, “Guardia Nacional acumula 24 denuncias ante la CNDH, la mayoría de migrantes”, El Universal, 14 de noviembre de 2019. Disponible aquí.

12 Itzaro Arteta M, “El Sabueso: ¿Promover reformas constitucionales? ¿Sacar al Ejército de las calles? AMLO se contradice”, Animal Político, 21 de noviembre de 2018. Disponible aquí.

13 Human Rights Watch, “Informe Mundial 2019: México eventos 2018”. Disponible aquí.

14 Ibid.

15 Corte IDH, Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, sentencia de 28 de noviembre de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible aquí.

16 Plan nacional de paz y seguridad 2018-2024. Disponible aquí.

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