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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Pa... Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Para lograrlo, participamos en proyectos orientados a fortalecer el Estado de derecho, defender los derechos humanos y formar capital social. En este espacio analizaremos temas importantes para nosotros y compartiremos contigo lo que hacemos mejor: auditar a la autoridad, formar ciudadanía, analizar políticas públicas, incidir en el debate nacional y litigar casos estratégicos para acelerar el cambio social. (Leer más)
El municipio como protagonista de las políticas de seguridad ciudadana
Pabellón de Arteaga y Colima están utilizando los instrumentos jurídicos a su alcance para denunciar una usurpación de competencias municipales, como lo sería una participación militar en tareas de seguridad sin una buena regulación que defina su excepcionalidad, complementariedad, subordinación y fiscalización.
Por Gerardo Álvarez García Peña
20 de agosto, 2020
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Pareciera que a menudo olvidamos que todo lo que ocurre en México sucede dentro de los límites de un municipio o una alcaldía. No importa en dónde nos paremos: la añeja centralización de lo político provoca que una imagen de Palacio Nacional o del presidente en turno, nos venga al recuerdo cuando pensamos en palabras como “gobierno” o “autoridad”. Del abandono definitivo de esta lógica depende la solución futura de los grandes problemas del país, incluida la urgente reducción de las violencias.

El proceso de militarización de la seguridad pública en expansión desde 2007 no se puede explicar sin la centralización de las decisiones políticas y el olvido de los contextos locales. La guerra contra el narcotráfico es un producto directo de la erosión democrática.

No es gratuito que uno de los efectos de la guerra contra el narcotráfico, además del dramático aumento de las dinámicas de violencia y las violaciones de derechos humanos en los territorios, ha sido el constante deterioro de las instituciones locales de seguridad. Por ello resulta de una fuerza simbólica importante el hecho de que, hace algunas semanas, los ayuntamientos de Pabellón de Arteaga (Aguascalientes) y Colima (Colima) controvirtieran ante la Suprema Corte el acuerdo militarista dictado desde la Presidencia el pasado 11 de mayo.1

Se trata de dos municipios utilizando instrumentos jurídicos a su alcance para denunciar una usurpación de competencias municipales, como lo sería una participación militar en tareas de seguridad sin una buena regulación que defina su excepcionalidad, complementariedad, subordinación y fiscalización.

Nuestra Constitución lo dispone: el municipio libre es la base de división territorial y de organización política y administrativa de todas las entidades que conforman a la Federación. Así, el municipio es la instancia más inmediata a las personas y, como tal, resulta la mejor apuesta para la construcción de políticas públicas eficaces y democráticamente legítimas.

Debbie Bookchin por ejemplo, escribió que enfocar la mirada en el municipio es retornar a la política en su definición original: “un llamamiento moral basado en la racionalidad, la comunidad, la creatividad, la libre asociación y la libertad”.2 La democracia entonces, para verdaderamente serlo, debe tener como cimiento fundamental ese espacio descentralizado y asambleario que nos permita generar una esfera pública propicia para el ejercicio de los derechos.

Entender lo anterior en el contexto de la seguridad ciudadana es fundamental. Por disposición constitucional, la seguridad es una tarea en la que existe corresponsabilidad entre niveles de gobierno. No obstante, el municipio debería ser la instancia protagonista, ya que, por ser el espacio político en el que efectivamente hacen su vida las personas, es en donde resulta idónea la implementación de políticas de seguridad ciudadana enfocadas en la prevención de las violencias, a partir justamente de la reducción de las vulnerabilidades y la participación de las personas en lo público.

En México, las principales historias recientes de (relativo) éxito en materia de seguridad ciudadana provienen del nivel municipal. En Nuevo León, por ejemplo, existe un Fondo Municipal de Seguridad —financiado, en parte, por un impuesto a los casinos— que municipios como Guadalupe o General Escobedo han utilizado para invertir en políticas de seguridad que han aumentado considerablemente la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad locales.3 Por otro lado, Nezahualcóyotl (Estado de México), de 2013 a 2017, logró reducir en 13% su tasa de homicidios a partir de políticas de seguridad ciudadana enfocadas en la prevención y la convivencia solidaria.4

La evidencia indica que la solución a la crisis de violencias debe partir desde lo municipal. Lilian Chapa, investigadora del World Justice Project, rescata varias ideas en este sentido: la naturaleza de la mayoría de los delitos con víctimas que se cometen en México es local; el municipio es el actor del Estado más próximo a las víctimas y a los testigos, por lo que es un elemento central de la impartición de justicia; la percepción ciudadana de la seguridad está más relacionada con la confianza en las instituciones locales de seguridad que con cualquier otra corporación.5

Sin duda alguna, poner al municipio en el centro de las políticas de seguridad implica repensar muchos esquemas que a veces pensamos fijos. De esta manera, se hace necesario hablar de nuevas fuentes de financiamiento municipal; del retiro definitivo de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad y demás actividades correspondientes a la esfera civil; del fortalecimiento de instituciones de seguridad locales alejadas del paradigma policial hegemónico; de la importancia de la justicia social y la redistribución de la riqueza como mecanismos de seguridad ciudadana; de la implementación efectiva de modelos novedosos de justicia cotidiana; en fin, de la democracia, los derechos humanos y el deber constitucional del Estado de eliminar todas las formas de opresión, como pilares de toda política pública de seguridad.

La coyuntura nacional exige un municipalismo transformador y democrático que, como señala Laia Forné, suponga un cambio radical que pase por una nueva forma de hacer y ser institución pública y que, de este modo, sepa conjugar espacios de autonomía social con la función público-estatal.6

No permitamos que la centralización de lo político nos impida pensar en la urgente consolidación de un municipio libre, democrático, seguro y garante de derechos. El municipio debe ser el primer escudo contra el odio y las violencias. Defender al municipio es defender la democracia: Pabellón de Arteaga y Colima nos dan un valioso ejemplo de la importancia que tiene la autonomía municipal.

* Gerardo Álvarez García Peña es abogado en México Unido Contra la Delincuencia @MUCD.

 

1 Fuerzas Armadas podrán participar en tareas de Seguridad Pública durante los próximos 5 años. Animal Político. Disponible aquí.

2 Municipalismo radical: el futuro que merecemos. Debbie Bookchin. Disponible aquí.

3 Seguridad desde lo local: dos propuestas. Mayra Hernández. Disponible aquí.

4 Cómo Nezahualcóyotl se convirtió en un ejemplo en la lucha contra la delincuencia. BBC News Mundo. Disponible aquí.

5 La solución es municipal. Lilian Chapa. Disponible aquí.

6 La colaboración público-comunitaria para defender lo común. Laia Forné. Disponible aquí.

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