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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
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Fallas y aciertos en el nuevo proyecto para la regulación del cannabis en México
Si el Congreso logra una buena regulación del cannabis podrá garantizar las libertades de los ciudadanos, disminuir el ingreso del crimen organizado, aumentar los ingresos del Estado, despresurizar las cárceles y enfocar sus esfuerzos en perseguir delitos que realmente afectan a la población.
Por Bernardo Cantú
7 de diciembre, 2021
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A mediados de noviembre comenzó a circular en el Senado un nuevo proyecto de Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Se trata de la más reciente versión de una ley que, de acuerdo con la última prórroga de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debió quedar lista a más tardar el 30 de abril de este año. La iniciativa original salió del escritorio de la senadora Olga Sánchez Cordero en noviembre de 2018, antes de que se incorporara a la Secretaría de Gobernación; sin embargo, no fue retomada por sus pares y, encabezada por el senador Julio Menchaca, la Comisión de Justicia aprobó un nuevo dictamen en noviembre de 2020. Posteriormente, en marzo de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, aunque con muchas modificaciones. A más de 3 años de retraso por parte del Legislativo, en este nuevo proyecto las y los senadores pretenden darle un borrón y cuenta nueva a lo aprobado en la Cámara de Diputados y retomar lo que ellos habían enviado previamente.

Según el propio senador Ricardo Monreal, lo que se busca con esta ley es “avanzar, evolucionar, actualizar al país”.1 Por su parte, Sánchez Cordero ha dicho que “esta regulación debe estar acompañada de una visión de derechos humanos y justicia social”.2 A pesar de ello, la realidad es que en la propuesta estos elementos brillan por su ausencia; en especial, porque persiste la criminalización de usuarios y campesinos, así como por la sobrerregulación del consumo. Este artículo destaca el contenido y avances del “nuevo” proyecto, pero también sus principales errores.

El contenido del proyecto y sus aciertos

Existen algunos elementos en esta nueva propuesta que permanecen sin cambio con relación a lo aprobado en la Cámara de Diputados en marzo de este año. Primeramente, al igual que en dicho proyecto, se limita la posesión de cannabis para autoconsumo a 6 plantas por persona y un máximo de 8 plantas por hogar. Asimismo, se estipula la posibilidad de crear asociaciones cannábicas de entre 2 y 20 personas con hasta 4 plantas por miembro. Además del autocultivo y la integración en asociaciones cannábicas, las personas podrán acceder a este producto por medio de la compra en establecimientos autorizados.

No obstante, el proyecto circulado en el Senado contiene dos buenas noticias. En primer lugar, retoma la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, como originalmente lo había propuesto el Senado. Como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, el Instituto tendrá como principal función regular este nuevo mercado. Ello implica expedir las licencias de cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación, e investigación, así como implementar las políticas públicas necesarias para reducir los riesgos y daños asociados al abuso de esta sustancia. Este es un gran avance, pues anteriormente se había propuesto a la Comisión Nacional de Adicciones (CONADIC) para realizar esta tarea; sin embargo, dicha dependencia no cuenta con la capacidad y los recursos para regular este mercado.

Otra buena noticia es la eliminación de los permisos de consumo personal. De aprobarse esta ley, cualquier persona mayor de edad podrá consumir cannabis -en principio- con total libertad, reduciendo así la posibilidad de una detención policial y los riesgos que ello implica. A pesar de ello, prevalecen elementos preocupantes cuando miramos el proyecto de ley.

La falta de un enfoque de derechos humanos y justicia social

En primer lugar, persisten las penas por posesión simple de cannabis, así como por su cultivo sin licencia. En concreto, el proyecto propone multas de $5 mil a $10 mil pesos a aquella persona que posea más de 28 gramos de cannabis y hasta 3 años de cárcel para los casos de más de 200 gramos. Como ya lo hemos señalado desde MUCD, la criminalización de la posesión simple -la posesión sin fines de suministro o de comercio- es contrario a los derechos humanos de los consumidores y una pésima política criminal.3

Y como ya lo señaló la SCJN, la regulación del cannabis se fundamenta en el derecho al libre desarrollo de la personalidad.4 Al sancionar la posesión simple, se castiga una conducta necesaria para el consumo y, por lo tanto, se obstaculiza la satisfacción de este derecho. Por otro lado, como política criminal, mantener el delito de posesión simple es un grave desacierto, pues se trata de un delito sin víctimas, que no sirve para disuadir el consumo, y solamente satura las cárceles y distrae a las autoridades de la persecución de otros delitos que verdaderamente afectan a la población. Esto lo podemos ver en las más de 72 mil carpetas abiertas por el delito de posesión simple, cifra que es más grande que todas las existentes por delitos predatorios como homicidio, feminicidio, secuestro y violación.5

Desgraciadamente, los consumidores no son las únicas víctimas de la perspectiva punitivista del proyecto: éste también mantiene sanciones contra los campesinos que cultiven cannabis sin las correspondientes licencias, incluso si demuestran tener poca escolaridad y extrema necesidad económica. En otras palabras, sanciona a los campesinos por recurrir al que probablemente sea su único medio de subsistencia. Al menos en el proyecto de San Lázaro, la pena solo aplicaba en caso de reincidencia. La falta de enfoque social, así como la revictimización de uno de los grupos más afectados por la actual política prohibicionista, es más que patente en esta disposición.

En segundo lugar, el proyecto establece una regulación excesiva al consumo personal de cannabis: limita la venta a 28 gramos al día por persona. Esto es irrazonable, como sucede con cualquier producto, es normal que el consumidor desee adquirir grandes cantidades para conseguir un mejor precio o evitar traslados, sin que ello implique un consumo problemático. Por otro lado, la única forma de aplicar este límite es con un registro de consumidores, lo que genera un desincentivo muy fuerte para incorporarse al mercado legal, pues en el futuro este registro podría utilizarse para estigmatizarlos.

De igual forma, este proyecto mantiene reglas desproporcionadas y de imposible fiscalización. Por ejemplo, estipula que no se puede consumir cannabis enfrente de personas que no hayan otorgado su consentimiento, así como la obligación de las asociaciones cannábicas de implementar barreras físicas para no exponer a terceros al humo del cannabis. Ambas medidas son desproporcionadas si se comparan con otras drogas legales como el tabaco o el alcohol y constituyen, por lo mismo, un obstáculo contra el libre desarrollo de la personalidad. Además, el Estado mexicano simplemente no tiene capacidad, ni debería enfocarse, en supervisar estas minucias.

A pesar de las válidas preocupaciones que pueden existir alrededor de la regulación del cannabis, principalmente desde una perspectiva de salud pública, es importante entender la trascendencia del proyecto. Es un hecho ineludible que el mercado de cannabis existe. Si como sociedad queremos obtener un beneficio de éste, en lugar de solo asumir las pérdidas, debemos regularlo. Y para que la regulación funcione, el mercado regulado tiene que ser lo suficientemente atractivo para que el consumidor esté dispuesto a abandonar a su proveedor que claramente vive en un mundo de ilegalidad. Por ello, es clave crear un mercado confiable, seguro, sin estigmas y que proteja los derechos de los consumidores.

La regulación del cannabis representa una oportunidad única para que el Congreso regule lo que ha dejado pendiente por más de 3 años. Si logra una buena regulación, podrá -con una misma ley- garantizar las libertades de los ciudadanos, disminuir el ingreso del crimen organizado, aumentar los ingresos del Estado, despresurizar las cárceles y enfocar sus esfuerzos en perseguir delitos que realmente afectan a la población. En cambio, si la regulación es pobre, ninguna de estas metas se cumplirá. Todavía hay tiempo para que los legisladores recapaciten, aprovechen esta oportunidad y contribuyan a la construcción de un México más seguro, justo y en paz.

* Bernardo Cantú (@Bernardo_CantuS) es estudiante de Derecho y Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e Investigador en la Dirección de Incidencia Política en @MUCD.

 

 

 

 

1 Conferencia del 22 de noviembre de 2021, recuperado el 29 de noviembre aquí.

2 Evento: “Más allá de lo lúdico,” 19 de octubre de 2021, recuperado el 29 de noviembre aquí.

3 Cristina Reyes, “Despenalizar la posesión simple de cannabis”, Animal Político, 30 de septiembre de 2021.

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, 28 de junio de 2021.

5 INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021, publicado el 25 de octubre de 2021.

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