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Garantías a medias: la decisión de la SCJN acerca de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
La regulación actual deja en estado de desprotección a los manifestantes y, más grave aún, genera un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión y de reunión. Ante el temor a ser agredidos por una fuerza desproporcionada, incluso armas de fuego, es natural que las y los ciudadanos prefieran no involucrarse en las manifestaciones públicas.
Por Frida Ibarra y Bernardo Cantú
2 de noviembre, 2021
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El pasado 26 de octubre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), una de las cuatro leyes secundarias de la Reforma Constitucional de Guardia Nacional. A través de esta acción, la CNDH solicitaba que se declarara inconstitucional toda la ley y reclamaba ciertos artículos y omisiones en lo particular. No obstante, la SCJN rechazó invalidar toda la norma, declaró solo la invalidez de un artículo y reconoció que el Congreso fue omiso al legislar la finalidad y los principios que deben regir el uso de la fuerza. A continuación, un análisis de la decisión de la SCJN.

Los aciertos de la Corte

En primer lugar, la CNDH argumentaba que el Congreso de la Unión omitió legislar la finalidad del uso de la fuerza y la manera de sujetarla a los principios de oportunidad y racionalidad, de acuerdo con los parámetros mínimos que mandató la reforma constitucional del 26 de marzo de 2019. Estos principios son fundamentales debido a que el principio de oportunidad significa que las fuerzas de seguridad deben procurar reducir al máximo los daños a la vida y a la integridad de las personas al cumplir sus funciones; mientras que el principio de racionalidad se refiere a que sus actuaciones nodeben regirse por valoraciones subjetivas. Como la ley no reguló específicamente cómo las autoridades cumplirían estos criterios, las y los ciudadanos quedaban desprotegidos al no saber cómo actuarían las fuerzas de seguridad cuando hicieran uso de la fuerza. De ahí que la Corte le dio la razón a la CNDH y ordenó al legislativo federal emitir la regulación correspondiente a más tardar en diciembre de 2022.

Otro de los reclamos de la CNDH era la ausencia de definición del término “fuerza epiletal” incluido en el artículo 6, fracción VI de la Ley, toda vez que el término resultaba ambiguo e impedía prever cuándo la autoridad está facultada para utilizar este tipo de fuerza. Tal y como fue aprobada, la norma establecía que los agentes de seguridad podían utilizar armas de fuego para causar una lesión grave, pero no la muerte, de quien identificara como agresor, con la finalidad de neutralizarlo. Sin embargo, este fraseo fue contestado por la Comisión al encontrarlo contradictorio con el carácter letal de las armas de fuego.

La Corte descartó la ambigüedad del término, pues consideró que se puede concluir que la fuerza epiletal consiste en “la fuerza que se encuentra previa a la letal (…) y permite el empleo de armas menos letales o de fuego para neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas”. Empero, reconoció que la norma genera inseguridad jurídica al ser incongruente con el artículo 9, fracción V, de la misma Ley, que presume el uso de la fuerza letal cuando se emplee arma de fuego contra una persona, mientras que el término “fuerza epiletal” del artículo 6 permite el empleo de armas de fuego para un uso menor que el letal. En consecuencia, la SCJN invalidó la porción normativa “fuerza epiletal” del precepto respectivo.

Los errores de la Corte

Hay dos puntos importantes donde la Corte se alejó de una postura garantista y protectora de derechos humanos. En primer lugar, implícitamente, la Corte permitió realizar operativos que desde su inicio autoricen la fuerza letal. En segundo lugar, el tribunal dejó en estado de desprotección a las personas que participen en manifestaciones públicas.

Sobre el primer punto, la CNDH solicitó la invalidez del artículo36 de la Ley, en la porción que establece “desde su planeación”. Éste estipula que “en aquellos operativos en los que se requiera y autorice desde la planeación el uso de la fuerza letal, se podrán utilizar dispositivos tecnológicos con el fin de registrar audiovisualmente el desarrollo del operativo con fines de verificación”. A decir de la Comisión, permitir desde la planeación el uso de la fuerza letal era contrario a la gradualidad en el uso de la fuerza; es decir, a la obligación de agotar los menores niveles de impacto antes de recurrir a la muerte.

Sin embargo, la mayoría de las y los ministros de la Corte consideraron que esto no era así. Sostuvieron que a partir de una interpretación sistemática de la Ley es claro que el uso de la fuerza letal continúa sujeta a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas, cuyo fin es garantizar los derechos de las personas. Además, argumentaron que el hecho de que la norma se encuentre en el capítulo de “Informes” y no en el de “Planeación de Operativos”, indica que su fin es regular la vigilancia de los operativos, más no facultar la realización de los mismos.

En este aspecto, nosotros compartimos la opinión de la minoría de la Corte pues, por la forma en que se encuentra redactada la norma, ésta expresamente habilita la existencia de operativos en los que, desde la planeación, se autoriza el uso de la fuerza letal, lo cual es contrario a la gradualidad de la fuerza y los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad, donde se desprende que la fuerza letal es la última alternativa para proteger la vida.

Sobre el segundo punto, la CNDH pidió la inconstitucionalidad de los artículos 27, primer párrafo, y 28 de la Ley. El primero estipula que “por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”. El segundo establece que “cuando las manifestaciones o reuniones públicas se tornen violentas, las policías deberán actuar de acuerdo a los distintos niveles de fuerza establecidos en esta Ley”. La Comisión reclamaba que la disposición dejaba vulnerables a los manifestantes, pues la calificación de licitud y violencia queda al arbitrio de los agentes de seguridad.

A decir de la mayoría de la Corte, las normas en cuestión son aplaudibles porque prohíben el uso de armas en contra de manifestaciones pacíficas y con objeto lícito. Asimismo, de una interpretación sistemática se entiende que el uso de la fuerza, de ser necesario, será gradual cuando éstas se tornen violentas. Además, en reglamentos y protocolos se podrá regular aquello que haga falta.

Sin embargo, diferimos de la interpretación mayoritaria pues, como bien subrayó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, estas dos normas son problemáticas para la libertad de expresión, la libertad de reunión y, en última instancia, nuestra democracia. En primer lugar, autorizan el uso de la fuerza, a excepción de las armas, contra manifestaciones pacíficas con objeto lícito. En segundo lugar, no estipulan lineamientos para que la autoridad determine objetivamente cuando se está ante una manifestación violenta o ilícita, lo que permite una actuación discrecional de los agentes de seguridad.

Conforme a los estándares internacionales, el Congreso debió esclarecer que el uso de la fuerza pública en manifestaciones estaría sujeto a los principios expuestos por la propia ley, así como una presunción de licitud. También, se debió estipular que, en caso de violencia, se debía identificar a los responsables y aislarlos del resto del contingente, respetando los niveles del uso la fuerza. La regulación actual deja en estado de desprotección a los manifestantes y, más grave aún, genera un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión y de reunión. Ante el temor a ser agredidos por una fuerza desproporcionada, incluso armas de fuego, es natural que las y los ciudadanos prefieran no involucrarse en las manifestaciones públicas. Lo anterior daña nuestra democracia, pues éstas son parte del diálogo y la crítica que nuestro sistema requiere para superarse.

Por ahora, solo podemos esperar que el Congreso cumpla con la orden de la Corte de regular la finalidad del uso de la fuerza, así como los principios de racionalidad y oportunidad. En cuanto a la Corte, es necesario destacar que ésta es la primera resolución relacionada con las leyes secundarias surgidas a raíz de la reforma constitucional de Guardia Nacional. Mientras que en este caso vemos a una SCJN con aciertos y desaciertos, esperamos que en las próximas decisiones que definirán el futuro de la política de seguridad en nuestro país, el tribunal privilegie por completo la protección de los derechos y la Constitución.

Frida Ibarra (@FridaniIbarra). Es licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y dirige el área de incidencia política en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Bernardo Cantú (@Bernardo_CantuS). Es estudiante de Derecho y Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e Investigador Junior del área de incidencia política en MUCD.

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