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Seguridad, justicia y paz
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Guardia Nacional: las incógnitas del Primer Informe de Gobierno (Parte 2)
El monitoreo ciudadano de esta corporación requiere que se ponga a disposición del público la información desglosada sobre la composición de cada una de las coordinaciones regionales y su evolución en los próximos meses.
Por MUCD
11 de septiembre, 2019
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En nuestra pasada entrega expusimos algunas áreas de opacidad en el despliegue de la Guardia Nacional que no fueron aclaradas por el Primer Informe de Gobierno, entre las cuales destacan la procedencia de sus integrantes, los criterios de selección de las coordinaciones regionales en las que inició sus operaciones y el tipo de actividades que se encuentra realizando. Esta información es imprescindible para que la ciudadanía pueda entender y monitorear la nueva estrategia de seguridad pública del gobierno federal. Ante las incógnitas del Primer Informe de Gobierno en la materia, nos dimos a la tarea de revisar fuentes alternas y el marco legal vigente para contrastarlos con lo reportado.

Integrantes de la Guardia Nacional

Las únicas cifras oficiales detalladas, de las que hemos tenido conocimiento a la fecha fueron presentadas en la conferencia matutina del 13 de agosto de 2019 por el general Bucio. En dicha ocasión, se informó que la Guardia Nacional se había desplegado en 150 coordinaciones regionales con un total de 58 mil 602 elementos:

  • 35 mil 232 provenientes de la Policía Militar,
  • 5 mil 584 de la Policía Naval,
  • 2 mil 411 de la Policía Federal y
  • 15 mil 375 elementos de la SEDENA que brindan apoyo a la Guardia Nacional sin ser parte de ésta.

En esta primera fase de despliegue, la Guardia Nacional opera entonces con 56 mil 191 elementos de procedencia castrense, es decir 95.89 por ciento de su fuerza. Además, se mencionó que de los 21 mil 170 elementos que la nueva corporación espera reclutar durante este año, 14 mil 606 se encontraban en proceso de incorporación.

El Primer Informe de Gobierno retomó las cifras generales anunciadas casi tres semanas antes, sin anexar los mapas de coordinaciones regionales y tabulados (que incluyen el número de elementos por entidad federativa e institución de procedencia) divulgados en la conferencia de prensa del 13 de agosto. Esta información, que tampoco ha sido publicada en el portal único del gobierno federal, es importante porque el marco regulatorio en vigor no garantiza que los elementos de la Policía Militar y Policía Naval que son asignados a la Guardia Nacional estén funcionalmente separados de su institución armada de origen, a pesar de lo que plantea la fracción VII del artículo 13 transitorio de la Ley de la Guardia Nacional (leer la discusión al respecto en el artículo “La Guardia Nacional ante la Constitución y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Animal Político).

Asimismo, las y los funcionarios provenientes de corporaciones castrenses conservan el grado, rango y prestaciones que tenían en el Ejército o en la Marina1, además de la perspectiva de reincorporarse a su cuerpo de origen una vez que fenezcan o sean suspendidos los acuerdos por los que fueron asignados a la Guardia Nacional. Su dependencia a la disciplina y mando militar les otorga de facto un estatuto diferente al de los otros integrantes de la Guardia Nacional (elementos de nuevo ingreso o provenientes de la Policía Federal) que puede repercutir en su actuación como agentes de seguridad pública y materializarse en un mayor uso de la fuerza letal (cf. Pérez Correa et al., 2019). El monitoreo ciudadano de esta corporación requiere por lo tanto que se ponga a disposición del público la información desglosada sobre la composición de cada una de las coordinaciones regionales y su evolución en los próximos meses.

Guardia Nacional

Despliegue en coordinaciones regionales

El artículo 20 de la Ley de la Guardia Nacional dispone que “las Coordinaciones Regionales serán las áreas geográficas que servirán de base para el despliegue de la Guardia Nacional en el territorio nacional”. En este sentido, el Primer Informe de Gobierno da a conocer que “comenzó la primera fase operacional de la Guardia Nacional (…) hacia las áreas con mayor índice delictivo en el país”2 con un despliegue, al 13 de agosto de 2019, en 150 de las 266 coordinaciones regionales previstas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. De acuerdo con declaraciones del general Bucio, los criterios para la priorización de las coordinaciones regionales fueron “el número de población y el índice delictivo”.

Sin embargo, el informe oficial no transparenta la metodología utilizada para construir este “índice delictivo”. Asimismo, el documento se limita a mencionar que durante el primer semestre de gobierno “se coordinó la elaboración de mapas cartográficos termales para la determinación de la incidencia delictiva en las 266 regiones prioritarias y diseñó el modelo de operación”3, con base en productos de inteligencia sobre “delincuencia organizada, narcotráfico, seguridad interior y subversión”4 elaborados tanto por la SEDENA como por la SEMAR. A la fecha, no hemos tenido conocimiento de ningún mapa oficial accesible al público que grafique la incidencia delictiva por coordinación regional, ni del tipo de datos utilizados para calcular el “índice delictivo” evocado, que supuestamente habría de ser el criterio prevalente en la estrategia de priorización de las coordinaciones regionales.

Aunado a ello, al revisar los mapas del despliegue operativo de la Guardia Nacional divulgados en la conferencia matutina del 13 de agosto de 2018, identificamos inconsistencias con la estrategia anunciada. En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo dio a conocer que la corporación ya se encontraba operando en las dos coordinaciones regionales contempladas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Asimismo, la Guardia Nacional tendría presencia en los municipios de Benito Juárez (incluyendo Puerto Morelos), Cozumel, Solidaridad (incluyendo Tulum) y Othon P. Blanco, dejando desatendidos a los municipios de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Bacalar.

Cruzamos la presencia de la Guardia Nacional en los municipios de Quintana Roo, de acuerdo con lo reportado en la conferencia de prensa del 3 de agosto, con el número de carpetas de investigación (CI) iniciadas por homicidio doloso o feminicidio y datos de población a nivel municipal:

Como es posible de observar, la Guardia Nacional se desplegó en los 4 municipios más poblados de Quintana Roo. Sin embargo, nos parece curioso que Cozumel (86 mil 415 habitantes y una CI iniciada por homicidio doloso en los primeros siete meses de 2019) haya sido seleccionado para recibir elementos del nuevo cuerpo de seguridad pública. Asimismo, al 29 de agosto de 2019, 80 integrantes de la Guardia Nacional se encontrarían operando en la isla (equivalente a 18 por ciento de la fuerza desplegada en la primera coordinación regional de Quintana Roo, que también incluye Benito Juárez y Solidaridad). Mientras tanto Bacalar, cuya concentración de asesinatos es muy superior (39 mil 111 habitantes y 13 CI iniciadas por homicidio doloso entre enero y julio de 2019), no forma parte de las coordinaciones regionales prioritarias en la estrategia de seguridad pública del gobierno federal.

Este ejemplo, aunado a la opacidad del método de cálculo del “índice delictivo” mencionado por el general Bucio, nos hace suponer que podrían existir criterios adicionales a los que se anunciaron en declaraciones y documentos públicos para la determinación de coordinaciones regionales prioritarias (como alianzas o riñas políticas entre los diferentes niveles de gobierno, por ejemplo).

Actividades realizadas por la Guardia Nacional

El Primer Informe de Gobierno tampoco ofrece un reporte detallado y transparente de la actuación de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas. La sección 1.XI del documento informa por ejemplo sobre el total de detenciones (2 mil 443 personas), destrucción de plantíos, aseguramiento de sustancias ilegales, armas y vehículos, realizados por la SEDENA entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2019. También revela información similar sobre las actividades de la Guardia Nacional del 30 de junio al 13 de agosto de 2019 (incluyendo 349 detenciones por presuntos delitos y 100 por faltas administrativas). Sin embargo, no se divulgan cifras correspondientes a operativos llevados a cabo por la Policía Federal o la SEMAR, ni datos sobre civiles muertos en enfrentamientos con alguna de estas cuatro instituciones de seguridad.

Por otro lado, llama la atención que la SEDENA y la Guardia Nacional sigan implementando “operaciones contra el narcotráfico” que incluyen la destrucción de plantíos, aún cuando el presidente López Obrador declaró en varias ocasiones que se abandonaba la estrategia de guerra contra el narcotráfico: “se actuaba más en operativos especiales que tenían que ver solo con el narcotráfico, pero no se hacía labor de seguridad al ciudadano, de protección al ciudadano, que es lo que ahora hemos puesto como prioridad: proteger al ciudadano, que no haya homicidios, que no haya secuestros, que no haya robos a casa habitación, en el transporte, en la calle, proteger al ciudadano como algo fundamental”5.

Del 30 de junio al 13 de agosto de 2019, el Primer Informe de Gobierno indica que la Guardia Nacional decomisó “casi 1.5 toneladas de marihuana, 140.4 kilogramos de cristal, 70 kilogramos de anfetaminas, 15 kilogramos de metanfetaminas y 64 kilogramos de cocaína”. A título de comparación, el informe reporta la liberación de solamente “dos personas víctimas de secuestro”6 por esta misma corporación, cuando el Secreteriado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 174 víctimas de este tipo de delito tan solo para el mes de julio de 2019. Si consideramos que las cifras del SESNSP subregistran probablemente el número real de secuestros ocurridos7, que 7 de los 9 municipios o alcaldías que concentraron más casos investigados durante ese mes se encuentran en la Ciudad de México (en donde ya operaba la Guardia Nacional) y que entre los dos restantes8, Benito Juárez, Quintana Roo, también contaba con elementos de dicha corporación desplegados, estamos en derecho de cuestionar la forma en la que la Guardia Nacional prioriza sus acciones en materia de seguridad pública.

@MUCD

 

1 Fracción III del Transitorio Décimo Tercero de la Ley de la Guardia Nacional.

2 Presidencia de la República, Primer Informe de Gobierno 2018-2019, 1 de septiembre de 2019, p.48.

3 Ibíd., p.36.

4 Ibíd., p.34.

5 Presidencia de la República, Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del martes 13 de agosto de 2019.

6 Presidencia de la República, Primer Informe de Gobierno 2018-2019, 1 de septiembre de 2019, p.50.

7 Ver cifra negra para el secuestro o secuestro exprés, que el INEGI estima a través de su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

8 Según cifras del SESNSP, en julio de 2019, 9 municipios concentraron 31 carpetas de investigación iniciadas por el delito de secuestro: 5 en Álvaro Obregón (CDMX), 4 en Temixco (Morelos), 4 en Benito Juárez (CDMX), 3 en Iztapalapa (CDMX), 3 en Cuauhtémoc (CDMX), 3 en Miguel Hidalgo (CDMX), 3 en Benito Juárez (Quintana Roo), 3 en Azcapotzalco (CDMX) y 3 en Tláhuac (CDMX).

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