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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
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Guardia Nacional: las incógnitas del primer informe de gobierno (Parte 1)
Ni la alocución del presidente ni el informe publicado permitieron levantar el velo de opacidad que caracteriza la primera fase del despliegue de dicha corporación de seguridad pública.
Por MUCD
4 de septiembre, 2019
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En la presentación del Primer Informe de Gobierno del pasado 1º de septiembre, el presidente López Obrador señaló que “el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política integral, de justicia, paz y seguridad ciudadana”. Asimismo, aludió a algunos de los ejes de su política de seguridad, como el combate a la corrupción y al robo de combustibles, los programas sociales y el inicio de operaciones de la Guardia Nacional, que constituyen elementos recurrentes de su narrativa. Sin embargo, ni la alocución ni el informe publicado permitieron levantar el velo de opacidad que caracteriza la primera fase del despliegue de dicha corporación de seguridad pública.

Respecto al reclutamiento y estado de fuerza de la Guardia Nacional, el Poder Ejecutivo divulgó diferentes cifras durante los últimos dos meses. En la ceremonia de inauguración del pasado 30 de julio, López Obrador afirmó que la primera fase del despliegue incluiría 150 coordinaciones regionales atendidas por 70,000 integrantes de la Guardia Nacional. Por otro lado, en su Primer Informe de Gobierno, el mandatario indicó que la corporación ya contaba con 58,600 integrantes operando. No obstante, no se divulgó información alguna sobre la fecha de conclusión de esta etapa, ni datos desagregados sobre el número de elementos que se encuentran en cada una de las coordinaciones, su corporación de procedencia (transferidos de SEDENA, SEMAR, Policía Federal o nuevos ingresos) y el proceso de control de confianza que se les aplicó.

Además, el gobierno federal tampoco ha publicado una lista oficial de las 150 coordinaciones en las que se inició el despliegue de la Guardia Nacional y los criterios que fueron utilizados para seleccionarlas. En un análisis realizado a partir de la lista no-oficial de regiones divulgada por El Universal, encontramos que la primera fase del despliegue no necesariamente corresponde a los puntos de mayor concentración de homicidio doloso y feminicidio, secuestro y extorsión reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP):

homicidio doloso y femenino

Secuestro

extorsión

Respecto a sus facultades, la Guardia Nacional ha empezado a realizar desde operativos contra el robo de combustible hasta controles fronterizos y revisiones aleatorias en el metro de la Ciudad de México. Además, la reforma constitucional y las leyes secundarias aprobadas en la materia le permiten participar en la investigación, prevención y persecución de delitos federales y locales, así como de faltas administrativas (si esto se contempla en los convenios de colaboración con las entidades federativas). También puede coordinarse con el Instituto Nacional de Migración para garantizar el cumplimiento de sus funciones. Parecería entonces que la Guardia Nacional es una corporación todopoderosa. Pero varias preguntas siguen sin respuesta: ¿cuál es el límite de su actuación? ¿Cómo prioriza su intervención si su despliegue no corresponde a los municipios donde se registra las mayores cifras de incidencia delictiva, incluyendo la violencia homicida? ¿Cómo administrar su actuación frente a lo que se podría convertir en una demanda infinita de intervención en todos los estados? Y más importante aún, ¿cómo van a interactuar con las policías estatales y municipales para asegurarse que éstas trabajen y se fortalezcan?

Es de notar que, durante su alocución de más de una hora y media, López Obrador no se refirió a los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) el pasado 8 de julio. Entre estos, destacan el Acuerdo 03/XLIV/19 sobre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica enfocado en fortalecer las instituciones policiales estatales y municipales y consolidar los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y con el sistema de procuración de justicia. Si bien el Primer Informe de Gobierno le dedica dos de sus 629 páginas, el hecho de que los avances en la materia no hayan sido anunciados durante la presentación sugiere que el desarrollo de instituciones locales de seguridad pública tal vez no constituya una prioridad en la agenda política del Poder Ejecutivo Federal. Desde la ciudadanía, estaremos vigilando la evolución de esta estrategia y sus efectos sobre los niveles de violencia por los que atraviesa el país.

@MUCD

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