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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Pa... Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Para lograrlo, participamos en proyectos orientados a fortalecer el Estado de derecho, defender los derechos humanos y formar capital social. En este espacio analizaremos temas importantes para nosotros y compartiremos contigo lo que hacemos mejor: auditar a la autoridad, formar ciudadanía, analizar políticas públicas, incidir en el debate nacional y litigar casos estratégicos para acelerar el cambio social. (Leer más)
Justicia cívica en conflictos vecinales
La desvinculación de las personas con su comunidad y el desinterés por una mejor convivencia podrían explicar la propensión a incurrir en conductas que alteran la vida en comunidad, como generar escándalos, tirar basura en lugares no autorizados u obstruir espacios ajenos, lo que a su vez puede provocar reacciones negativas como insultos, gritos, golpes, daños materiales e incluso la comisión de delitos.
Por Alejandra Gasca
23 de septiembre, 2021
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Todas queremos mejorar la seguridad de nuestras comunidades y, en un plano ideal, esto debería comprometernos a ser personas participativas que conocen y respetan la ley; privilegian el diálogo, la conciliación y la mediación en la solución de sus conflictos, y buscan el mejoramiento de sus entornos en un marco de respeto a los derechos de los demás. En la práctica, sin embargo, muchas no vivimos este ideal y faltamos a estos deberes ciudadanos, sobre todo cuando nos vemos envueltas en conflictos vecinales o atestiguamos o sufrimos una conducta antisocial. En MUCD creemos que esto se puede resolver si mejoramos nuestro conocimiento sobre las herramientas que, como ciudadanas, tenemos para resolver estos conflictos de la mejor manera.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, durante el segundo trimestre del 2021 el 33.9% de la población tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana. De éste, el 77.7% lo tuvo con vecinos, 26.9% con personas desconocidas en la calle, 14.6% con autoridades, 8.8% con familiares y 3.4% con compañeros de trabajo o escuela. En la Ciudad de México, del total de personas que tuvieron algún conflicto 7 de cada 10 lo vivieron con sus vecinos 1.

Lo anterior llama la atención ya que, a un año y medio de confinamiento por la emergencia sanitaria, esta conflictividad no parece desaparecer pese a la disminución de nuestras salidas al espacio público o el espaciamiento de los desplazamientos a nuestros trabajos o lugares se socialización. Dicha persistencia puede responder a muchos factores, pero quizás los más importantes son la desvinculación de las personas con su comunidad y el desinterés por una mejor convivencia. Ambos, factores que podrían explicar la propensión a incurrir en conductas que alteran la vida en comunidad, como generar escándalos, tirar basura en lugares no autorizados u obstruir espacios ajenos –lo que a su vez puede provocar reacciones negativas como insultos, gritos, golpes, daños materiales e incluso la comisión de delitos.

En este contexto, resulta fundamental focalizar nuestra atención en este tipo de conflictividad y las soluciones para sentar las bases de una justicia cívica, entendida ésta como un sistema de facilitación para la resolución de conflictos derivados de la convivencia que tiene entre sus objetivos prevenir que escalen a conductas delictivas o actos de violencia, solucionarlos de manera ágil, transparente y eficiente, y mejorar la convivencia ciudadana 2.

Conocer qué son y qué hacen los juzgados cívicos

La autoridad encargada de conocer y dar seguimiento a los conflictos y conductas antisociales en Ciudad de México, por ejemplo, es la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a través de los juzgados cívicos. Éstos últimos son los espacios físicos a los que podemos acudir cuando somos testigos de conductas antisociales o cuando seamos parte de un conflicto vecinal o comunitario.

Específicamente, los juzgados cívicos tienen la función de conciliar en casos de conflictos vecinales y familiares para que las personas solucionen sus conflictos a través de acuerdos: si el perro del vecino te mordió, si tu vecino organizó una fiesta escandalosa o si tuviste una riña en la calle, al juzgado cívico es donde puedes acudir. Una vez en el juzgado, los procesos administrativos se inician con una queja oral o escrita –cuando quien presenta es el afectado-, o bien con la presentación de personas detenidas por la policía al momento de cometer una probable infracción.

Pero ¿sabías que de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2021 solo el 0.02% del total de procedimientos iniciados en los juzgados cívicos de Ciudad de México en 2020 fue iniciado por quejas de personas como tú? El 99.97% restante se inició por la puesta a disposición de personas detenidas por parte de la policía local.

Este dato nos dice dos cosas importantes: la primera es que la ciudadanía conoce poco a los juzgados cívicos y no sabemos que son una herramienta importantísima para mejorar la convivencia vecinal y reducir la conflictividad comunitaria; la segunda es que las policías tienen un papel preponderante en su uso, razón por la cual debemos promoverla y fortalecer las habilidades de proximidad, facilitación y mediación de conflictos dentro de dichas corporaciones. Esto para que puedan hacer un mejor trabajo y contribuyan activamente a la referencia de las personas a la justicia cívica sin incurrir en actos de corrupción.

Ahora bien ¿qué sabemos sobre lo que llega a la justicia cívica y cómo se resuelve? Tal y como se observa en la siguiente gráfica, conforme a los datos registrados durante 2020 en los juzgados cívicos de Ciudad de México, se iniciaron 80,351 procedimientos administrativos por faltas cívicas. Entre las más comunes se encontraron el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, generar escándalos o ruidos, tirar basura, desechos o residuos contaminantes en lugares no autorizados, reñir con una o más personas, incitar o provocar a reñir a una o más personas, lesionar a cualquier persona, invadir o impedir el uso de bienes de uso común, obstruir con cualquier objeto la entrada o salida de casas ajenas y poseer animales sin adoptar medidas de higiene y/o de seguridad para prevenir agresiones 3.

Por otro lado, del total de procedimientos administrativos iniciados en 2020, el 73.01% fueron determinados. Es decir, solo en 7 de cada 10 casos se decretó alguna sanción y/o se llevaron a cabo acuerdos de mediación o conciliación. Y aquí es importante resaltar que los acuerdos de mediación o conciliación representan apenas el 10% del total de las determinaciones impuestas, a diferencia del arresto, que representa el 54.99 %, y de la multa, que representa el 30.26%.

Datos como los anteriores nos permiten conocer cómo es que actuamos con la información que tenemos sobre las leyes y sanciones en nuestro entorno y, sobre todo, lo importante que resulta reconocer la necesidad de fortalecer la convivencia a través del empoderamiento comunitario y así, transitar hacia un sistema de solución de conflictos más dialogante y menos punitivo.

Para lograrlo, es necesaria la formación de las personas en el conocimiento de sus derechos y responsabilidades, privilegiar la solución de nuestros conflictos mediante la participación, el diálogo y la conciliación de las partes, la construcción y el cumplimiento de acuerdos para reconstruir el tejido social, y promover estrategias de sanciones relacionadas con el trabajo a favor de la comunidad –no necesariamente con el arresto o la multa. Estas acciones positivas nos pueden ayudar a tener una mejor convivencia y nos permitirían ser ciudadanas más activas en la conformación de comunidades más seguras, justas y en paz.

*Alejandra Gasca es directora de Observación de la Autoridad en @MUCD.

 

 

1 La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), junio 2021, nos proporciona el porcentaje de personas de la población de la Ciudad de México de 18 años y más que experimentó al menos un conflicto  o enfrentamiento directo con vecinos derivado de problemas de convivencia: Álvaro Obregón 67.7%, Azcapotzalco 82.7%, Benito Juárez 76.7%, Cuauhtémoc 67.3%, Cuajimalpa 87.7%, Coyoacán 82.7%, Gustavo A. Madero 76%, Iztacalco 83%, Iztapalapa 81.6%, Magdalena Contreras 83.2%, Milpa Alta 78.6%, Miguel Hidalgo 77.2%, Tláhuac 76.6%, Tlalpan 71.8%, Venustiano Carranza 71.9% y Xochimilco 75%.

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México.

3 Censo Nacional de Gobiernos Estatales, 2021.

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