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La “complicación inútil” del feminicidio
Se necesita un debate mucho más profundo sobre cómo abordar el fenómeno del feminicidio en la ley penal, pero ello no justifica la eliminación del tipo penal de feminicidio.
Por Cristina Reyes Ortiz
6 de febrero, 2020
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El 15 de enero de este año, en reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado,1 el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio conocer públicamente sus intenciones de transformar el sistema de justicia penal. Sus propuestas, que pretenden modificar varios ordenamientos, han sido ampliamente criticadas por personas expertas, académicas, operadoras de justicia e integrantes de la sociedad civil por ser abiertamente regresivas y transgresoras de los derechos humanos.

En su discurso, el Fiscal General anunció que en su proyecto de Código Penal Único se contempla la eliminación del tipo penal de feminicidio para convertirse en una agravante del delito de homicidio. En la reunión pública con la Junta de Coordinación Política del Senado, Gertz explicó:

“para que en los delitos que más deben combatirse tales como el feminicidio, el infanticidio, no sea más complicada su judicialización y para que cuenten con los agravantes necesarios para su combate y ejemplar sanción. Les pongo el caso del feminicidio: es más difícil para nosotros los litigantes en defensa de las víctimas consignar y judicializar un feminicidio que un homicidio con agravantes. Entonces se hizo una ley supuestamente para proteger a un sector que está desprotegido y resulta que es más complicado defenderlo cuando lo único que se tiene que establecer con toda claridad es que en el caso de estas personas que están en esa situación el agravante sea el que mande para poder castigarlos en razón del daño que han causado. Una cosa de sentido común y de lógica que parece que no se había podido nunca resolver.”(SIC)

Esto no causó mayor revuelo sino hasta que las diputadas Lorena Villavicencio, Wendy Briceño y Verónica Juárez hicieron pública su alarma y rechazo por lo que el Fiscal General había reiterado en su exposición −ahora en la reunión plenaria, a puerta cerrada, con los diputados federales de Morena− el pasado 29 de enero. A partir de esta denuncia pública, organizaciones feministas como el Observatorio Nacional del Feminicidio, académicas y activistas se unieron a la inconformidad de dicha propuesta.

Inmediatamente, el 4 de febrero de 2020, la Fiscalía General de la República publicó un escueto comunicado en el cual reitera que para la Fiscalía dicho delito contempla “siete condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente su judicialización”, por lo cual “si, simplemente, se tipifica y se mantiene el delito de feminicidio como un homicidio en contra de una mujer; este feminicidio debe tener el agravante y la penalidad más alta, que debe ser de 40 a 70 años; que es superior a la que actualmente se aplica en cualquier delito de homicidio calificado o agravado (sic)”.2

Antes de ahondar en las razones y la propuesta de la FGR, es necesario distinguir dos discusiones que se tienen que dar, en conjunto:

La primera es que, en efecto, el delito de feminicidio en México tiene problemas en su formulación en las leyes penales que lo contemplan. Esto ha generado, en algunos casos, problemas para la acreditación del delito que van más allá de la capacitación y voluntad de los funcionarios públicos involucrados en la investigación, persecución y sanción de este delito.

La segunda discusión tiene que enfocarse en las capacidades institucionales que deberíamos de tener en nuestro país para investigar y sancionar el feminicidio, a un poco más de diez años de la sentencia Campo Algodonero que condenó al Estado Mexicano por los feminicidios en Ciudad Juárez. Definitivamente no podemos permitir que el Fiscal General de la República pretenda cambiar la ley sólo porque “es muy difícil”. Y esta objeción aplica para todo su paquete legislativo de reformas.

Respecto a la primera discusión:

Los tipos penales son instrumentos legales generales, abstractos, impersonales y racionales que describen las conductas prohibidas por el derecho penal. La importancia de que estas descripciones sean generales, abstractas, impersonales y racionales permiten que, no importa cuál sea la particularidad de cada caso, se pueda identificar de manera clara cuando una conducta debe ser o no sancionada por el derecho penal.

Respecto al feminicidio, es importante señalar que es un concepto que tiene su origen en la antropología social y describe a la expresión más grave y extrema de la violencia de género. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. El feminicidio es un crimen de odio en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.

Este concepto antropológico se trasladó al derecho penal, sin necesariamente obedecer a los parámetros de los tipos penales. En casi todos los códigos estatales se establece una serie de causas por las cuales se entiende que una mujer fue privada de la vida por razones de género. Estas causales fueron establecidas a partir de las circunstancias más comunes en las que se han dado los feminicidios en México como que haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que el cuerpo, cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados, ocultados, incinerados o sometidos a cualquier sustancia que lo desintegre; que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; entre otras. El problema con lo anterior es que reduce la generalidad que deben tener los tipos penales a categorías específicas. Obliga a las fiscalías a buscar la casilla que más le acomode al caso que tienen en frente. Cuando esto no es posible, por no contar con la capacidad de argumentar las razones de género o porque las circunstancias del caso no caben dentro de los supuestos previamente establecidos, los feminicidios son catalogados simplemente como homicidios.

Adicionalmente, la violencia en la que se encuentra sumergida nuestro país ha cambiado también la forma en la que tanto hombres como mujeres son asesinadas. Data Cívica ha reportado el aumento en el número de mujeres que son asesinadas por arma de fuego y también las que son asesinadas en el espacio público.3 Esto no quiere decir necesariamente que todos estos asesinatos de mujeres son feminicidios, pues las razones de género dejan de ser menos claras cuando el contexto de violencia es generalizado. Sin embargo, por cómo están redactados los tipos penales de feminicidio, cuando el cuerpo de la víctima queda expuesto en un espacio público tendría que ser considerado un feminicidio, a pesar de que -por ejemplo- la mujer haya sido víctima de un fuego cruzado. Todo esto contribuye al subregistro de los feminicidios y a la falta de claridad de la realidad del fenómeno en nuestro país.

Además del subregistro, por supuesto, tenemos los problemas a los que se enfrentan los operadores de justicia para investigar, litigar, acreditar y sancionar el feminicidio. La violencia de género es un fenómeno por demás complejo que ha requerido de la intervención de múltiples ciencias y disciplinas para poder ser comprendida y explicar su dinámica. Es por esto que no es una sorpresa que ha resultado un reto mayúsculo traducir los elementos que constituyen a la violencia feminicida en lenguaje jurídico y elementos probatorios. Por eso es que se pensaría que es necesario poner explícitamente en la ley todas las causas por las que se puede considerar que la privación de la vida de una mujer fue por razones de género. Sin embargo, la violencia de género es tan compleja y tan cambiante −dependiendo incluso de cada contexto personal− que sería imposible tener una lista exhaustiva de “causas”. Una formulación más general permitiría (y obligaría) a las fiscalías a examinar con perspectiva de género cada uno de los casos en específico y argumentar de manera particular cuáles son las razones de género que aplican.

Claramente se necesita un debate mucho más profundo sobre cómo abordar el fenómeno del feminicidio en la ley penal (aunque también hay que decir que esta no puede ser la única vía de sanción y prevención del feminicidio). Sin embargo, ¿estos problemas son suficientes para justificar la eliminación del tipo penal de feminicidio? La respuesta es no. No podemos permitir que las autoridades, de buenas a primeras, decidan que es mejor cambiar las reglas simplemente porque las que están son “muy difíciles” de cumplir. Esto nos lleva a nuestra segunda discusión.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la sentencia González y Otras vs. México “Campo Algodonero”, condenó al Estado Mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a la desaparición y feminicidio de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez en Ciudad Juárez Chihuahua. A partir de esta sentencia, el Estado Mexicano quedó obligado a establecer los mecanismos para investigar y sancionar el feminicidio con perspectiva de género, como una garantía de no repetición de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez.4

Esta obligación internacional no se da por satisfecha simplemente estableciendo un delito específico de feminicidio en las leyes penales. Es más, podría no existir el delito específico en ninguno de los códigos estatales y federal y México podría cumplir con su obligación estableciendo mecanismos de política criminal que prioricen la investigación de las muertes violentas de mujeres; capacitando a policías, peritos, fiscales, jueces y otros funcionarios ajenos al sistema de justicia penal en materia de perspectiva de género; atendiendo de manera prioritaria la violencia familiar; acercando a las víctimas de violencia de género los servicios sociales, de salud, psicológicos, y demás, sin la necesidad de la intervención del aparato de justicia; entre muchas otros mecanismos que de manera fáctica garanticen la no repetición del feminicidio.

Tenemos que enfocarnos de manera prioritaria en las acciones que la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y demás autoridades del sistema de justicia deben de implementar para investigar y sancionar de manera efectiva el feminicidio. La Fiscalía no puede trivializar los feminicidios diciendo que son complicadamente inútiles de judicializar y que, por lo tanto, va a ser más fácil y mejor tomar a todos los homicidios de mujeres como feminicidios y aumentar estratosféricamente las penas. Cuando, además, en ningún delito se ha podido demostrar que el aumento en las penas tenga un impacto positivo en la disminución de su incidencia.

Finalmente, considero que las feministas debemos articularnos para llevar a cabo ambas discusiones. Principalmente, reclamar de nuevo la causa para que no sea utilizada perversamente para legitimar discursos autoritarios que sólo pretenden seguir solapando la ineptitud de la persecución penal y apuntar el dedo hacia otro lado. Sí, necesitamos revisitar la forma en que se sanciona penalmente el feminicidio, pero no para facilitar el trabajo de nadie, sino para garantizar realmente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.

* Cristina Reyes Ortiz (@Krissy_Ramone) es abogada senior de México Unido Contra la Delincuencia (@MUCD).

 

1 Consulta aquí.

2 Comunicado FGR 033/20. Disponible aquí.

3 Carolina Torreblanca, No todos los homicidios de mujeres son feminicidios, 13 de febrero de 2018, El Foco por Data Cívica, Animal Político.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Disponible aquí.

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