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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
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La democratización de la Fiscalía General de la República
No es solo indispensable contar con la participación efectiva de la ciudadanía en la FGR para garantizar su naturaleza democrática. También es indispensable en términos de justicia social.
Por Cristina Reyes Ortiz
26 de marzo, 2021
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Desde enero de 2020, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, dio a conocer sus intenciones de dar revés a los avances del sistema penal acusatorio. Estas propuestas, entre las que se encontraban una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, fueron criticadas duramente por las organizaciones de la sociedad civil y academia. Por la recepción tan negativa que tuvieron las propuestas, las iniciativas formales no fueron presentadas. Sin embargo, el 7 de octubre de 2020, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para derogar la Ley Orgánica de la Fiscalía vigente y promulgar una nueva, recogiendo la propuesta que había hecho Gertz Manero a inicios de ese año.

El 17 de marzo de 2021, el Senado aprobó esta iniciativa a pesar de una gran oposición de colectivos de víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil que, con evidencia, criticaron la iniciativa. Si bien hay muchos aspectos que la Cámara de Diputados debe corregir, uno de los más delicados es el carácter democrático de la Fiscalía, que se traduce en la participación efectiva de la ciudadanía y las víctimas.

Antes de la reforma penal de 2008, las víctimas de los delitos no formaban parte del sistema de justicia. Su pretensión de justicia, reparación del daño y esclarecimiento de los hechos no eran relevantes para el sistema penal. Actualmente, la Constitución protege el derecho de las víctimas a participar de manera activa y equitativa en el proceso penal.1 Asimismo, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República vigente desde diciembre de 2018, incluyó la creación del Consejo Ciudadano dando paso a la representación y participación de la ciudadanía en la Fiscalía. Cabe señalar que, a pesar de este mandamiento, el Consejo Ciudadano nunca se creó y funciones clave de la FGR, como la creación del Plan de Persecución Penal, se emitieron sin la participación de la ciudadanía.

La iniciativa del senador Monreal eliminaba por completo este Consejo Ciudadano y la participación de la Fiscalía en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por supuesto, los colectivos de víctimas, activistas y organizaciones de la sociedad civil no nos quedamos callados y exigimos que el Senado garantice su participación efectiva en la Fiscalía General de la República. Estas exigencias no pudieron ser ignoradas y a pesar de la renuencia del Fiscal General a trabajar con la ciudadanía, se reinstauraron estas figuras en la Minuta aprobada por el Pleno del Senado.

Es necesario recalcar que estas exigencias de la sociedad civil no son un mero capricho para incomodar al Senado ni al Fiscal General. Se trata de respetar los principios democráticos en los que deben estar cimentadas todas y cada una de las instituciones del Estado Mexicano. Hacer que la democracia sea realidad en una sociedad implica brindar seguridad y justicia significativa a los ciudadanos. Pues la provisión de justicia y seguridad deficientes dan como resultado una ciudadanía restringida, en la que los ciudadanos carecen de la seguridad necesaria para participar en las actividades políticas, sociales y económicas básicas que son constitutivas de la ciudadanía. Por eso es indispensable que una institución como la Fiscalía General de la República se apegue a los principios democráticos. ¿Y qué significa esto?

Las democracias requieren que las instituciones de seguridad y justicia operen con el objetivo de proteger a la población del crimen y la violencia. El cumplimiento de este objetivo debe incluir la participación y la voz de todos los ciudadanos. Además, el poder coercitivo del Estado debe estar restringido por las limitaciones del Estado de Derecho y debe estar sujeto a la fiscalización externa y rendición de cuentas. En suma, los elementos indispensables de la seguridad y de la justicia democrática son: la protección contra la violencia y el crimen; la participación ciudadana; el estricto apego al Estado de Derecho; y la rendición de cuentas externa.2

Para añadir a lo anterior, no es solo indispensable contar con la participación efectiva de la ciudadanía en la FGR para garantizar su naturaleza democrática. También es indispensable en términos de justicia social. El contexto de violencia exacerbada ocasionada por la guerra militarizada contra el crimen organizado, los feminicidios, la crisis humanitaria migratoria, la crisis económica y tantos otros problemas sociales han generado un hartazgo generalizado en la población. El Estado Mexicano debe, por tanto, garantizar seguridad y justicia efectiva. Esta justicia no puede ser llamada justicia si no tiene en cuenta las necesidades particulares de las víctimas y de la ciudadanía. La justicia tiene que trascender la idea de la prisión y el castigo y debe priorizar la verdad y la reparación.

De lo contrario, la provisión de seguridad y justicia seguirá siendo desigual, perpetuando la estratificación de la ciudadanía, donde el acceso a la seguridad y la protección contra la represión estatal están determinados por las jerarquías sociales. Las formas en que la FGR desempeña su tarea central son, por tanto, muy importantes para la democracia. La Cámara de Diputados debe tener en cuenta, además, que el principio de progresividad de los derechos humanos los compele a ampliar el ejercicio de los derechos democráticos. Por lo que, además de tener voz y participación en la Fiscalía, la ciudadanía también debería poder fiscalizar y pedir la rendición de cuentas de esta institución. Por último, las diputadas y diputados deben eliminar el carácter de “representante social” de la Fiscalía, pues es una figura anacrónica y que anula la voz de la ciudadanía. En conclusión, la Cámara de Diputados debe legislar en favor del fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y no conforme al capricho del titular en turno.

* Cristina Reyes Ortiz (@Krissy_Ramone) es Abogada Senior de @MUCD.

 

 

1 Artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Yanilda María González, Authoritarian Police in Democracy: Contested Security in Latin America, (Cambridge University Press, 2020), p. 7-16.

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