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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
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La “foritis” como pretexto: el caso de la mariguana en México
Si algo ha caracterizado el debate en torno a la cannabis ha sido precisamente la abundancia de foros, congresos, mesas de trabajo, ejercicios de parlamento abierto, audiencias, y todo tipo de espacios de discusión convocados por diferentes actores y sectores.
Por Tania Ramírez
25 de septiembre, 2019
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“No descarto la posibilidad de convocar a una consulta, a una reflexión colectiva sobre este tema de la legalización de algunas drogas, sobre todo lo que tiene que ver con las drogas curativas o para atención médica, no descarto eso”, así se pronunció el presidente de la República cuando se le cuestionó sobre la regulación de la cannabis en la mañanera del viernes pasado.

Por lo visto el presidente se ha perdido de, por lo menos, los últimos 7 años de discusiones sobre la materia en nuestro país. Si algo ha caracterizado el debate en torno a la cannabis ha sido precisamente la abundancia de foros, congresos, mesas de trabajo, ejercicios de parlamento abierto, audiencias, y todo tipo de espacios de discusión convocados por diferentes actores y sectores: academia, la sociedad civil, el propio Congreso de la Unión, cámaras locales y hasta la propia presidencia.

Por supuesto, este fenómeno no es reciente. Movimientos cannábicos llevan impulsando y discutiendo el tema en el país desde hace décadas. No obstante, la política de drogas adquirió mayor resonancia entre la opinión pública cuando el impacto de la “guerra contra el crimen organizado” en razón de las drogas, que comenzó el expresidente Calderón, alcanzó grandes dimensiones. A partir de entonces, el tema se volvió un asunto de importancia nacional y convocó a muchos sectores a reflexionar en torno al régimen vigente y sus costos.

A principios de 2012, por ejemplo, México Unido Contra la Delincuencia organizó el Foro “Drogas: un balance a un siglo de su prohibición”, el más grande hasta entonces, con representantes de sociedad civil, institutos de investigación, universidades y gobiernos de nueve países. El año siguiente, el Senado, la Cámara de Diputados y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal convocaron a un foro tricameral sobre la regulación del cannabis.

La discusión se intensificó con el fallo SMART y el caso Grace, ambos de 2015. En respuesta a ello y en el marco de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas (UNGASS 2016), el propio Gobierno de México organizó el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.1 De manera casi paralela, el Congreso de la Unión convocó a las Audiencias Públicas para las Alternativas de la Regulación de la Marihuana.2 De ambos encuentros se desprenden memorias de carácter público que cualquier integrante de la administración actual puede consultar. Aquí algunas de las conclusiones a las que se llegó en los ejercicios “oficiales” y sobre las cuales se ha construido prácticamente todo el trabajo legislativo posterior:

El creciente número de iniciativas en la materia presentadas es reflejo del debate y a su vez lo alimenta. De 2014 a la fecha, se han presentado en el Congreso más de 60 iniciativas de ley, la mayoría de ellas sobre cannabis, que se enfocan en distintos temas, como los usos medicinales, el cáñamo, la despenalización efectiva, beneficios a poblaciones afectadas y la creación de un mercado a nivel nacional. A ello se suman los incontables puntos de acuerdo y las iniciativas presentadas en los Congresos locales. Es prácticamente imposible contar el número de foros que se han organizado dichas instancias a lo largo delos últimos años.

El creciente debate ha influido de manera determinante en la opinión pública. El porcentaje de población favorable a la regulación ha crecido exponencialmente. En octubre de 2007, sólo el 13% se mostraba a favor y el 74% en contra.3 En contraste, una encuesta realizada por Mitofsky y MUCD, para octubre de 2018, el 43% se manifestó a favor.4 Incluso la Encuesta Nacional 2018 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, reportó que el 46% está a favor de regular el uso personal, 87% respalda la regulación del uso medicinal y 47%, aprueba los usos industriales.5

En agosto, el Senado indicó que en el proceso de dictaminación, a cargo de las comisiones de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, con opinión de Seguridad Pública, se analizarían 11 iniciativas. A ellas deben sumarse las aproximadamente 4 que se han presentado durante este tiempo. Existen elementos comunes a todas ellas que coinciden con lo recogido en los eventos arriba mencionados: el reconocimiento de los distintos tipos de uso y la obligación de regularlos de manera distinta, la urgencia por incentivar la investigación científica, la necesidad de modificar los tipos penales de posesión y de cambiar las cantidades permitidas para todas las drogas en la Ley General de Salud. Aunque con ciertos matices, los proyectos que proponen la creación de un mercado regulado para uso adulto, tienen ciertas cosas en común: la creación de un órgano especializado en la regulación de la cannabis, un sistema complejo de licencias que evite la captura del mercado, el fortalecimiento de los programas de prevención y tratamiento, impuestos para la venta del producto final y mecanismos de justicia social para las poblaciones más afectadas.

De ahí el particular afecto de esta Legislatura por la organización de foros en la materia. Durante el último mes y medio, prácticamente todos los días hubo algún tipo de evento. Las dictaminadoras convocaron a un ejercicio de parlamento abierto del 12 al 16 de agosto: el Café Temático “Rumbo a la regulación del Cannabis” que, durante esos días, tuvo tres sesiones diarias. La semana pasada, el Senado convocó además al Ciclo de Conferencias “Rumbo a la Regulación del Cannabis”, en el que vimos desfilar por cinco días a integrantes de todo tipo de empresas relacionadas a la cannabis. La semana pasada, la senadora Lucía Meza organizó un evento más sobre el impacto de la legalización en personas jóvenes. Por cierto, llama la atención que, lejos de invitar a reguladores de otras jurisdicciones, estos foros se inclinen por privilegiar las voces de la industria.

El inconveniente no es que existan más foros; al contrario, el debate e intercambio de opiniones y experiencias siempre será bienvenido. El problema es que el argumento de falta de discusión se utilice como estrategia dilatoria para aprobar reformas en la materia. En este punto, pareciera que la “foritis” nos está desviando del punto central: las propuestas abundan y el Congreso tiene un plazo fatal para legislar.

Los cambios en la ley no pueden posponerse en razón de la supuesta falta de debate. Después de la publicación de jurisprudencia por parte de la Suprema Corte y de la apertura del proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad no hay duda, el Congreso tiene un mandato que debe cumplir independientemente de si el presidente quiere debatir aún más. Una vez que se declaró la inconstitucionalidad de la prohibición sobre el cannabis, surgió una contradicción con la que la ciudadanía y las autoridades están lidiando: la ley no corresponde con lo establecido por la Corte. El resultado ha sido condenar, por un lado, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a vivir rebasada por las numerosas solicitudes de permiso para el uso personal que recibe (autorizándole, además, a recurrir a prácticas de dudosa legalidad para evadir la responsabilidad de emitir actos de autoridad sobre los que puedan montarse nuevos juicios de amparo)6 y, por otro, a la ciudadanía y actores privados a vivir en total incertidumbre jurídica.

Desafortunadamente, los presidentes de las comisiones dictaminadoras enviaron recientemente un mensaje preocupante al presentar una iniciativa que pretende modificar solo uno de los artículos declarados inconstitucionales por la SCJN, dejando al Ejecutivo la tarea de crear un modelo de mercado de cannabis mediante un reglamento. Es decir, pretenden legalizar sin regular.7 El Poder Legislativo no puede abdicar a sus responsabilidades ni ceder a las pretensiones del ejecutivo en un tema tan relevante.

“Entonces es abrir el debate, que todos expongan sus puntos de vista, que se escuchen argumentos y luego tomamos una decisión”. El debate se abrió hace muchos años, los puntos de vista ya se expusieron y la Corte ya perfiló la decisión; es momento de pasar a la acción.

* Tania Ramírez es Directora del Programa de Política de Drogas de @MUCD.

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México 2007, Mitofsky-MUCD.

Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México 2018, Mitofsky-MUCD.

Disponible aquí.

Ver aquí.

“MUCD alerta sobre iniciativa en el Senado que pretende anular fallos de la SCJN sobre cannabis”, disponible aquí.

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