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Seguridad, justicia y paz
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La lucha feminista debe ser antimilitarista
Si bien las causas de la violencia de género en contra de las mujeres tienen características muy diversas, la presencia de elementos militares sí exacerba el ambiente generalizado de violencia. Como ejemplo específico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como Campo Algodonero, señaló que entre los factores generadores de violencia y marginación en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez está la existencia de “efectivos militares (...) provenientes de conflictos armados".
Por Cristina Reyes Ortiz y Daniela Osorio Reyes
25 de noviembre, 2021
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El 25 de noviembre se conmemora el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fecha en que recordamos la lucha de nosotras las mujeres para eliminar todas las formas de violencia que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres. Todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Estas obligaciones están contenidas tanto de manera genérica en la Convención Americana de Derechos Humanos, como de manera específica en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará.

La Convención de Belém do Pará define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” y en su artículo 7.b obliga a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.

En México, la violencia es tan generalizada por lo que no existe una sola causa para plantear soluciones simples para resolverla. Incluso, la violencia relacionada con la desigualdad estructural de género muchas veces se entrelaza con los fenómenos de violencia generalizada, como ocurre con la violencia armada que está enlazada con la militarización de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada.

Los impactos negativos que ha tenido la militarización de la vida pública en México se han documentado ampliamente por las organizaciones de la sociedad civil y la academia, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la violencia que sufren las mujeres es preocupante pues surge de la desigualdad estructural en razón de género. Es decir, las mujeres son violentadas de manera distinta que los hombres por el simple hecho de ser mujeres.

Por ejemplo, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), cuya última edición fue realizada en el 2016 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solo en el año previo a la encuesta, aproximadamente 97,000 mujeres mayores de 15 años en el país fueron violentadas por militares o marinos.1 De las agresiones que sufrieron las mujeres a manos de militares y marinos, destaca, por ejemplo, que 13.7% reportan haber sufrido manoseos, tocamientos, arrimones o levantones de ropa; 19.7% reportan haber sufrido patadas, golpes, pellizcos y empujones; 18% reportan haber sido vigiladas o seguidas y 4% reportan que los soldados las violaron o intentaron violarlas.2

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que, dado que no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, debe determinarse en el caso particular si los actos de violencia se encuentran influenciados por un contexto de discriminación contra la mujer.3

En el Caso Fernández Ortega y otras vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que “entre las formas de violencia que afectan a las mujeres en el estado de Guerrero se encuentra la “violencia institucional castrense”. La presencia del ejército cumpliendo labores policiales en Guerrero ha sido un tema controvertido en relación con los derechos y libertades individuales y comunitarias, y ha colocado a la población en una situación de gran vulnerabilidad, afectando a las mujeres de una manera particular. De acuerdo con la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero “(l)as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de las mujeres”. En este contexto, entre 1997 y 2004 se presentaron seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indígenas atribuidas a miembros del Ejército en el estado de Guerrero, las cuales fueron conocidas por la jurisdicción militar sin que conste que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables”.4

Derivado de la Convención Belem Do Pará, así como de condenas directas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Mexicano está obligado a contar con un adecuado y efectivo marco jurídico de protección, y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante factores de riesgo y denuncias de violencia contra la mujer.

La evidencia ha demostrado que la militarización de la seguridad pública ha exacerbado el contexto de violencia en contra de las mujeres y las violaciones a derechos humanos derivadas de la intervención de los militares en tareas de seguridad las afectan de manera desproporcionada. Por lo que, derivado del marco jurídico internacional, el Estado Mexicano debe buscar alternativas a la militarización.

La militarización de la seguridad pública no sólo afecta el derecho a la seguridad ciudadana, sino el derecho a la vida, la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a la privacidad, a la protección de la honra y la dignidad, a la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, a participar en los asuntos de interés público y al uso pacífico de los bienes.5

No está de más señalar que si bien las causas de la violencia de género en contra de las mujeres tienen características muy diversas, la presencia de elementos militares sí exacerba el ambiente generalizado de violencia. Como ejemplo específico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como Campo Algodonero, señaló que entre los factores generadores de violencia y marginación en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez está la existencia de “efectivos militares (…) provenientes de conflictos armados”.6

En conclusión, el Estado Mexicano tiene una obligación reforzada de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esto implica que debe identificar los factores que originan esta violencia y crear políticas públicas con perspectiva de género que efectivamente estén encaminadas a prevenir y erradicar esa violencia. La evidencia demuestra que la militarización de la seguridad pública es uno de esos factores, por lo que la expansión de la política militarista de seguridad pública sólo perpetúa y agrava esta violencia sistémica.

* Cristina Reyes Ortiz es licenciada en derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y abogada senior en México Unido Contra la Delincuencia. Daniela Osorio Reyes es Socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora en México Unido Contra la Delincuencia.

 

 

 

1 Los datos pueden verse en Estefanía Vela Barba & Georgina Jiménez, “La (opacidad de la) violencia de las fuerzas de seguridad”, Animal Político: Blog de Intersecta, 27 de agosto de 2019, disponible aquí.

2 Ibíd.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, 2010, párr. 79.

5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, (OEA documentos oficiales; OEA/Ser.L, 2009), páginas 44 a 99.

6 Corte IDH., Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párrafo 130.

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