Las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa: opacidad, mentiras y torturas
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Las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa: opacidad, mentiras y torturas
El tercer informe del GIEI sobre Ayotzinapa representa de forma precisa la continuación del nulo respeto por los derechos humanos, la opacidad sistemática y la ausencia de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas que hemos presenciado por más de 15 años.
Por Alejandro Ravelo y Bernardo Cantú
13 de abril, 2022
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El pasado 28 de marzo de 2022, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su Tercer Informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el cual revela y ejemplifica la sistemática opacidad de las Fuerzas Armadas (FFAA) y su nula rendición de cuentas. Aunque este no es un problema nuevo, por la trascendencia del caso y la voluntad política que existe de esclarecerlo, cobra mucha relevancia y debería representar un llamado a retomar la urgencia por revertir la militarización en México y transparentar las acciones y recursos de los cuerpos de seguridad pública.

Los resultados del Tercer Informe del GIEI se pueden resumir en tres grandes puntos. En primer lugar, las FFAA seguían de cerca a los normalistas desde antes de su desaparición y durante la noche de la tragedia. Integrantes del Ejército tenían la instrucción de monitorear los movimientos estudiantiles de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y éstos habían infiltrado sus grupos con agentes “fachada”. A finales de septiembre de 2014 había iniciado un operativo especial con miras a la marcha del 2 de octubre. Incluso, uno de los jóvenes desaparecidos es integrante de las FFAA. Además, era de conocimiento de las fuerzas de seguridad, que en Iguala se enviaba droga en camiones rumbo a Estados Unidos.

En segundo lugar, las FFAA ocultaron información, falsificaron documentos, simularon investigaciones y torturaron para construir la llamada “Verdad Histórica”. Los videos apenas recuperados por el GIEI muestran que elementos de la Marina contaminaron la escena del crimen, el basurero de Cocula, antes de su aseguramiento. Las actas relacionadas con los hechos, así como las tarjetas informativas de las autoridades locales y federales, fueron fabricadas. De igual forma, las llamadas telefónicas anónimas sobre los hechos fueron simuladas. Además, existen al menos 60 videos que muestran que se utilizó la tortura para obtener las declaraciones que construyeron la “Verdad Histórica”. El grado al que llegó esta intervención de las FFAA en la investigación era desconocida tanto para el GIEI como para la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad Especializada de Investigación y Litigación del Caso Ayotinapa (UEILCA).

En tercer lugar, el ocultamiento y la obstrucción al acceso a la información continúa. A pesar del decreto presidencial publicado el 4 de diciembre de 2018 donde se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para esclarecer el caso Ayotzinapa, las órdenes expresas del presidente de cooperar con la comisión investigadora y la reconocida voluntad política del subsecretario de Derechos Humanos para encontrar la verdad, las FFAA tardaron más de tres años en transparentar esta información, e incluso al día de hoy no le han entregado toda la información al GIEI, la UEILCA ni la FGR. De acuerdo con el Tercer Informe, “la construcción de la ‘Verdad Histórica’ fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes ya que sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada, que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados”. 1

En su conjunto, el caso Ayotzinapa representa de forma precisa la continuación del nulo respeto por los derechos humanos, la opacidad sistemática y la ausencia de rendición de cuentas de las FFAA que hemos presenciado por más de 15 años. Frecuentemente, la opacidad se utiliza como una forma de encubrir las violaciones a derechos humanos de los miembros del Ejército, así como sus actos de corrupción. Como evidencian los casos de tortura reportados por el GIEI, así como los muchos otros que han llegado hasta instancias internacionales, 2 los militares no respetan el debido proceso al realizar las detenciones. Sus violaciones procedimentales son de tal magnitud que impiden tener certeza sobre cualquier conclusión.

Muchas de estas deficiencias de la conducta de las FFAA ya han sido expuestas por las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos además que las FFAA nos ocultan información, o la que nos entregan es contradictoria y, por ende, poco confiable y que sus respuestas con frecuencia son incompletas para obligarnos a recurrir a las quejas. La opacidad del Ejército es tal, que en sus visitas la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reprochado la confidencialidad de hasta por 70 años de archivos que ni siquiera son documentos históricos. 3

No obstante, existe una gran diferencia de 2014 al día de hoy. En aquel año, el ámbito de actuación de las FFAA se limitaba a la materia de seguridad pública. Hoy en día, las FFAA construyen mega proyectos prioritarios, entregan vacunas, reparten libros, controlan la migración, administran puertos, entre otras muchas actividades, tareas para las cuales han recibido recursos adicionales. Solo en estos 4 años, el gobierno federal ha transferido al menos 70 funciones civiles a las FFAA, sin que esta mayor responsabilidad venga acompañada de una mayor transparencia y rendición de cuentas ante autoridades civiles. 4

Como ciudadanos tenemos el derecho a saber con precisión cómo se conducen las FFAA y ante sus múltiples responsabilidades, exigirles que rindan cuentas. Con mayor razón cuando están desempeñando tareas completamente ajenas a la disciplina militar. Un elemento esencial de la democracia es el control sobre los cuerpos castrenses; sin transparencia y rendición de cuentas, difícilmente se puede hablar de cualquier tipo de control.

La sistematicidad del problema está en señalar que la opacidad de las FFAA en México no es una cuestión de voluntades, sino de instituciones. Por más que la actual administración ha mostrado la intención de esclarecer el caso de Ayotzinapa y le ha entregado tantas funciones a las FFAA, éstas se han visto reacias a colaborar en la investigación. Su desobediencia del decreto presidencial nos muestra que cuando es hora de proteger a sus elementos, están dispuestos incluso a desobedecer a la máxima autoridad civil a la que deben responder. El problema es que el complejo sistema institucional que rodea a las Fuerzas Armadas no le incentiva a cumplir con sus obligaciones, y al contrario, les permite mantener opacos sus abusos.

Urge comenzar el proceso de desmilitarización para reducir el margen de su actuación, proteger los derechos de las personas y garantizar el gobierno civil. Es también urgente reformar el sistema de rendición de cuentas y encontrar medios institucionales para mejorar la rendición de cuentas de las FFAA. Sin duda el proceso será largo y complicado, pero con más razón debe empezar lo más pronto posible.

* Alejando Ravelo es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE)  y Bernardo Cantú (@Bernardo_CantuS) es estudiante de Derecho y Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ambos autores son investigadores en la Dirección de Incidencia política de MUCD.

 

 

 

1 GIEI. Informe Ayotzinapa III. Resumen. Mandato medida cautelar MC/409/14 CIDH, febrero de 2022. Disponible aquí.

2 Ver Caso Alvarado Espinoza y otros v. México, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia Corte IDH (ser. C.) No. 370 (28 de noviembre de 2018); Caso Rosendo Cantú y otra v. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia Corte IDH (ser. C.) No. 216 (31 de agosto de 2010).

3 Édison Lanza, Derecho a la información y seguridad nacional (Washington D.C.: OEA,  Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, 2020), 14. Disponible aquí.

4 Sara Velázquez et al., Inventario Nacional de lo Militarizado. Una radiografía de los procesos de militarización en México (México: Programa de Política de Drogas del CIDE, 2021). Disponible aquí.

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