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Libertad ante la pandemia: medidas de preliberación en centros penitenciarios
Los mecanismos de preliberación en centros penitenciarios con motivo de la pandemia han resultado insuficientes: solo 13 de 32 estados afirmaron haber aplicado medidas de preliberación por esta razón durante el 2019 y el 2020.
Por Frida Ibarra y Fernanda Rebollar
26 de agosto, 2021
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Debido al crecimiento de la población penitenciaria, los problemas de hacinamiento, sobrepoblación y falta de higiene, las personas privadas de libertad son más susceptibles de contagiarse de covid-19. Alrededor del 43.8 % de los centros penitenciarios en todo el país presentan hacinamiento y el 32 % sobrepoblación, además, el 76.3 % no cuenta con adecuadas condiciones de higiene.1 Por esta razón, las medidas tradicionales como el uso del gel antibacterial y cubrebocas, e incluso las restricciones o suspensiones en las visitas, pueden ser insuficientes.

Así lo expone el informe realizado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) “Libertad ante la pandemia por Covid-19. Medidas de preliberación implementadas durante 2019 y 20202, en el que señalamos cuáles han sido las respuestas otorgadas por los órganos jurisdiccionales, las autoridades penitenciarias y las fiscalías de las 32 entidades federativas a la hora de aplicar beneficios de preliberación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), como la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución y suspensión temporal de las penas y la preliberación por criterios de política penitenciaria3. El informe revela, además, cómo las autoridades permanecen indiferentes ante la emergencia sanitaria y se rehúsan a aplicar dichos beneficios para contener el contagio y los fallecimientos causados por la pandemia.

En específico, el informe demuestra que en solo 5 entidades hubo personas privadas de su libertad que salieron de prisión por motivo del Artículo 146 fracc.VI. Éstas fueron Ciudad de México (2), Coahuila (282), Hidalgo (1), Oaxaca (2), Veracruz (23) y Morelos (1). Es importante mencionar que el artículo previsto en la LNEP establece la preliberación por criterios de política penitenciaria cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción de la persona sentenciada o para prevenir la reincidencia. Este supuesto puede actualizarse si la persona privada de su libertad se contagia de covid-19.

A pesar de esto, las autoridades que en muchos casos no aplicaron o no tenían información de dicho precepto, sí liberaron personas por motivo del covid–19.4 Esto nos sugiere que se está utilizando un mecanismo de preliberación distinto, el cual, sin embargo, resulta insuficiente: de acuerdo con la información proporcionada por las distintas entidades federativas, solamente 13 de 32 estados afirmaron haber aplicado medidas de preliberación de personas con motivo del covid-19 durante el 2019 y el 2020. Destacan los casos de Durango, entidad que afirmó otorgar la libertad a 400 personas por motivo de la pandemia; Coahuila que indicó liberar a 275 personas; Guerrero que otorgó el beneficio de preliberación a 117 personas, y Veracruz, que señaló liberar 111 personas a causa de la contingencia sanitaria.

Otras entidades que liberaron personas por motivo de la pandemia fueron Baja California Sur (85), Campeche (7), Chihuahua (13), Guanajuato (26), Hidalgo (48), Oaxaca (76), Quintana Roo (60), Yucatán (17) y Morelos (1). Mientras que las entidades restantes no dieron respuesta o afirmaron no haber otorgado medida de preliberación alguna por este motivo. Sin embargo, hay que tomar estos datos con cautela puesto que 7 entidades dieron respuestas distintas a las mismas preguntas. Así ocurrió cuando se les preguntó si aplicaron beneficios de preliberación específicamente con motivo de la contingencia sanitaria de covid-19 (pregunta 1) y cuando se les cuestionó sobre qué medidas implementaron que resultaran en la liberación de personas internadas en centros penitenciarios por motivo de covid-19 así como cuántas personas recuperaron su libertad gracias a ellas (pregunta 2). Dichas variaciones en las respuestas obtenidas se pueden observar en la siguiente tabla:

Incongruencia de datos sobre los beneficios de preliberación por Covid-19

Fuente: Elaboración propia con información proveniente de solicitudes de acceso a la información5.

A pesar de las deficiencias de la información proporcionada por las autoridades, sí es posible demostrar la poca aplicación a nivel nacional de los mecanismos de descongestión del sistema penitenciario disponibles para hacer frente a la pandemia, pues si bien en 2019 todas las entidades reportaron no tener registro de contagios y muertes por covid-19 al interior de las cárceles, para el 2020 se reportaron contagios en centros penitenciarios de 25 entidades federativas y en 18 estados se registraron incluso muertes. Dentro de las entidades con más contagios destaca Ciudad de México seguida de Chihuahua, Jalisco y Veracruz. En el caso de Tabasco, Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas no obtuvimos información sobre contagios ni fallecimientos. Asimismo, la situación de Jalisco es alarmante, pues a pesar del alto número de contagios, no hubo personas que recuperaron su libertad ante la pandemia por covid-19.

Estados que acumulan más contagios y muertes por Covid-19

Fuente: Elaboración propia con información proveniente de solicitudes de acceso a la información.6

Por lo anterior, señalamos que es evidente que la implementación de los mecanismos de preliberación no es apropiada. Bajo la Ley de Amnistía solo han sido liberadas 5 personas, aunque se han recibido cerca de mil 115 solicitudes. Otro ejemplo es la aplicación del décimo transitorio de la LNEP que, pese a estar vigente desde 2016, un estudio de MUCD del 2019 encontró que desde entonces solo 8 de las 32 entidades federativas lo habían aplicado y únicamente 488 personas habían sido liberadas bajo este mecanismo.7

Por otro lado, existe la posibilidad de que el decreto recientemente anunciado por el presidente de la república tenga un alcance marginal8 ya que solo podrá aplicar a nivel federal y beneficiar a las personas privadas de su libertad que ya cuenten con una sentencia –de conformidad con lo señalado en el artículo 89, fracción XIV de la Constitución–. Dado que las propias cifras reportadas por la Secretaría de Gobernación nos indican que el 43% de la población penitenciaria todavía no recibe sentencia y, de esta cifra, el 87 % de las personas están acusadas de delitos del fuero común y el 92 % se encuentran privadas de su libertad en centros estatales, el decreto se encuentra lejos de solucionar el problema causado por el uso generalizado de la prisión preventiva.

Con lo anterior, podemos señalar que no es suficiente que los mecanismos de preliberación existan en ley, sino que estos deben ser efectivos. Para ello, es necesario un diagnóstico oficial sobre los posibles beneficiarios del mecanismo, así como información pública y confiable sobre su implementación. Solo así podremos evaluar su aplicación y resolver cualquier obstáculo. Además, es vital que las autoridades estén capacitadas para conocer estas medidas, activarlas y lograr su cabal ejecución pues, en la práctica, son las mismas autoridades las que impiden su aplicación.

Si bien es importante que el procedimiento para acceder a estos mecanismos no debería establecer requisitos desproporcionales que los vuelvan inalcanzables, también es fundamental que cualquier mecanismo de preliberación esté acompañado de medidas de reinserción integral, para asegurar una adecuada restitución de sus derechos.9 A la fecha las condiciones bajo las que se encuentran los centros de reclusión no permiten evitar en su totalidad el contagio y sus posibles consecuencias mortales, y ante dicha situación los mecanismos de preliberación se presentan como una herramienta legal disponible que, al ser parte de la política penitenciaria actual, está enfocada en alcanzar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Desde MUCD insistimos que los beneficios de preliberación previstos en la LNEP deben ser impulsados, pues permiten que las personas privadas de la libertad alcancen su reintegración en la sociedad y la restitución de sus derechos. El sistema penitenciario debe incorporar estos mecanismos y hacerlos realmente efectivos, para que no se limiten a aspiraciones con un alcance limitado en la práctica.

* Frida Ibarra es licenciada en Derecho por el CIDE y directora de Incidencia Política en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Fernanda Rebollar es abogada junior en MUCD.

 

 

 

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Personas privadas de la libertad”, disponible acá.

2 México Unido Contra la Delincuencia , Informe: Libertad ante pandemia por COVID-19 en los centros penitenciarios. Medidas de preliberación implementadas durante 2019 y 2020, disponible acá.

3 Este último solo se actualiza cuando la autoridad penitenciaria solicita al Poder Judicial competente algún beneficio de preliberación de un grupo determinado de personas sentenciadas cuando se requiera para conseguir los fines de la política penitenciaria. Además, se deben atender los criterios previstos en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

4 Este fue el caso de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero y Quintana Roo.

5 Solicitudes realizadas por MUCD. Pregunta 1. Baja California Sur solicitud 00100721; Coahuila solicitud 00194221; Durango solicitud 00139021; Hidalgo solicitud 00260121; Veracruz solicitud 00534421; Yucatán solicitud 00343321; Morelos solicitud  00208321.  Pregunta 2. Baja California solicitud 00101021; Coahuila solicitud 00195221; Durango solicitud 00139521;Hidalgo solicitud 00469421; Veracruz solicitud 0078632; Yucatán solicitud  00293921; Morelos solicitud  00208921.

6 Ciudad de México solicitud 0108000097021; Chihuahua solicitud 050252021; Jalisco solicitud 01873721; Veracruz solicitud 0078632.

7 México Unido Contra la Delincuencia, Informe: Aplicación efectiva del beneficio del décimo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal para personas privadas de su libertad por posesión simple de cannabis , disponible aquí.

8 El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán liberadas: las personas privadas de su libertad que se encuentran internas en Centros Federales de Readaptación Social por delitos no graves y en diez años no han sido sentenciadas; las personas que fueron torturadas y se compruebe mediante el Protocolo de Estambul; adultos con más de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y; mayores de 75 años que se encuentren en penales del fuero federal y no cometieron delitos graves.

9 Véase: CEA Justicia Social, “Propuestas para un Plan Emergente de Atención a Personas Privadas de la Libertad próximas a salir durante la pandemia del COVID 19”, mayo de 2020.

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