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¿Primero los pobres? La simulación del Senado para la industria del cannabis
Es ofensivo ver que los años de foros, discusiones, conversatorios y demás ejercicios de parlamento “abierto” del Senado sólo sirvieron para legitimar una propuesta que atiende los intereses de la industria.
Por Julio Salazar Ramírez
5 de marzo, 2020
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En octubre de 2019, cuando se presentó por primera vez el proyecto de pre dictamen para la regulación de cannabis, denunciamos que había un desfase entre las supuestas intenciones de crear un mercado regulado, y lo que en realidad proponía, un oligopolio en manos extranjeras. Lejos de proteger la salud pública, promover la justicia social y garantizar derechos, el proyecto sobre regula, abriendo las puertas exclusivamente a la gran industria y acentúa el sistema de criminalización. Después de dichos señalamientos, el Senado informó que se modificaría el proyecto para solucionar esto.

Sin embargo, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, se presentaron por lo menos tres versiones distintas del proyecto que no modificaron el contenido en lo sustantivo, pero sí agregaron mayores sanciones administrativas y penales. Así, las voces de víctimas de violencia, campesinos, consumidores y pacientes quedaron ahogadas en una exposición de motivos de 170 páginas, mientras la industria extranjera se abrió paso.

En el dictamen aprobado ayer subsisten las barreras de entrada para campesinos, y pequeñas industrias, con requisitos que los discriminan por sus capacidades económicas, como empaques con características que los encarecen; certificados de “testeo” y trazabilidad que obliga a todos a importar semillas. No es una nimiedad mantener estos requisitos, sino que es el detalle que hará más ricos a unos cuantos, pues sólo empresas extranjeras cuentan con estos certificados y sólo estas empresas cuentan con semillas “legales” que podrán iniciar el mercado en el país. Si se analiza el régimen transitorio a detalle, se puede ver que el Instituto del Cannabis hará la adquisición de millones de semillas de algunas empresas, para luego, de una forma que aún no es clara, darlas a los productores y cultivadores en México. Este es un negocio multimillonario ¿para quién?

Del mismo modo, la Ley General para el Control del Cannabis impone requisitos ridículos a las personas que pretendan realizar autocultivo para su consumo, pues deben solicitar un permiso, para lo cual deben acreditar que modificaron su hogar conforme a lo que ordene la autoridad; comprobar que sus semillas y plantas están autorizadas (lo que significa que fueron adquiridas de estas empresas extranjeras que son las únicas que cuentan con certificados de testeo y trazabilidad), y deben someterse a visitas de verificación de autoridades sanitarias, y del sistema penal. Todo esto para poder tener máximo 4 plantas en su hogar. El incumplimiento a estos requisitos, o al límite de plantas tiene como consecuencia, sanciones administrativas, e incluso cárcel. Un ejemplo interesante de lo anterior es que conforme a esta propuesta, si un adulto comparte de forma gratuita un cigarro de cannabis a otro adulto puede perder su permiso y se le puede imponer una multa de hasta 3 millones de pesos. ¿Es esto proporcional?

Además, debe denunciarse que esta regulación de forma sutil permite la venta de bebidas y comestibles con THC, con lo cual se permite la entrada de la industria de alimentos chatarra y bebidas azucaradas que, a diferencia del cannabis, son productos altamente nocivos para la salud. Así, se permiten los comestibles y bebidas con menos de 1% de THC, para usos recreativos, y con más de 1% de THC únicamente para fines medicinales. Esto genera incentivos perversos para una industria que se ha caracterizado por inventar sus propios estudios, engañar al consumidor y actuar de forma depredadora con los niños, niñas y adolescentes, pues sin una regulación especial para estos productos podría venderse bebidas azucaradas o dulces con algún porcentaje de cannabis bajo la idea de que tiene usos medicinales, aunque no hayan sido comprobados. Debemos recordar que en México tenemos una crisis epidemiológica por los altos índices de sobrepeso, obesidad y diabetes que ha ocasionado la misma industria a la que ahora les dejamos participar en el mercado del cannabis.

En este contexto no sorprende que el 04 de marzo de 2020 se pudo ver a bastantes cabilderos de las empresas atendiendo a la sesión de las comisiones unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, escondidos entre activistas, pacientes, y consumidores. Aquellos fueron los únicos en festejar la aprobación del Dictamen de la Ley General para el Control de Cannabis. La razón de su festejo no es menor, pues este Dictamen les pone el negocio en bandeja de plata a sus empleadores.

Es ofensivo ver que los años de foros, discusiones, conversatorios y demás ejercicios de parlamento “abierto” del Senado, en las que participaron expertos, consumidores, víctimas de la violencia, y pacientes que requieren cannabis sólo sirvieron para legitimar una propuesta que atiende los intereses de la industria.

Esta propuesta de regulación es sólo una simulación que sigue permitiendo la criminalización y persecución de los más vulnerables. La prohibición absoluta, aunque no obtuvo ningún resultado positivo, se “justificaba” en proteger la seguridad y la salud pública. Con la nueva regulación lo único que protege el aparato gubernamental son los intereses de la industria. Las barreras de entrada a campesinos y pequeñas empresas, e incluso a quienes pretenden realizar su cultivo para consumo propio, aseguran que no haya competencia. El sistema penal sigue utilizándose para suprimir a los consumidores que osen competir con esta industria.

* Julio Salazar Ramírez es abogado senior de México Unido Contra la Delincuencia (@MUCD).

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