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Qué se necesita para implementar el Registro Nacional de Detenciones
¿Cómo se capacitarán a todos los elementos de seguridad Pública en tan poco tiempo para que sean capaces de utilizar de manera eficiente la plataforma del Registro Nacional de Detenciones?
Por Julio Salazar Ramírez
11 de diciembre, 2019
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En 2018, en promedio al día se detuvieron 639 personas en flagrancia,1 es decir, al estar cometiendo un hecho aparentemente delictivo, y 76 en cumplimiento de órdenes de aprehensión,2 sin contar las detenciones por faltas administrativas. Las detenciones muchas veces responden a motivaciones ajenas a la seguridad, oportunidad de extorsión, revancha individual o propósitos políticos.3

En este sentido, las autoridades tienen la obligación de dar información sobre su situación específica a las personas cuando son detenidas y le deben comunicar sus derechos, incluido el derecho a contar con representación legal efectiva y el derecho a guardar silencio. Pese a dichas obligaciones, las y los agentes de policía no suelen comprender adecuadamente estos derechos. En muchas corporaciones policiales se desatienden estas obligaciones, por lo que no se explica a la persona los motivos de su arresto y los derechos que le asisten.4

Al ver las estadísticas de a quienes detiene la policía se puede apreciar que mayoritariamente se detiene a jóvenes que pertenecen (o son percibidos como pertenecientes) a otros grupos que históricamente han estado en vulnerabilidad y han sufrido discriminación en México, como son las personas indígenas, migrantes o quienes viven en pobreza, por parecer “sospechosos”.5 Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, 75.6% de las personas sufrieron violencia psicológica al momento de su arresto; 58.3% fue incomunicada o aislada; 52.5% fue amenazada con levantarle cargos falsos, 63.8% sufrió algún tipo de agresión física; 59% recibió patadas o puñetazos; y 39% recibió golpes con algún objeto.6

Cuando la policía pone a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas, deben entregar un informe, llamado informe policial homologado (IPH), y de una revisión de estos se puede ver que suelen tener errores fácticos relevantes, hechos falsos y otras deficiencias.7 De acuerdo con los policías este informe es complejo, y les lleva horas llenar. Esto es resultado de un mal diseño, y falta de capacitación a los policías, pero las autoridades lejos de atender el origen, han hecho una práctica sistemática que sea redactado por personal del departamento jurídico de su corporación, lo que altera la intención del documento.8

Ante estos datos tan preocupantes surge la interrogante de ¿por qué estamos tan mal? Si bien esto es multifactorial, es claro que existen condiciones que imponen incentivos perversos a los policías para actuar de esta forma, como la exigencia de cuotas de detenciones, o incluso de cuotas de dinero para sus superiores. Del mismo modo, es claro que no cuentan con políticas de control eficaces que garanticen su función, tampoco cuentan con sistemas efectivos de recepción de quejas, investigación interna, disciplina y control de la corrupción. Sin contar que no existe capacitación efectiva y completa para la investigación de delitos, el uso de la fuerza, ni mucho menos para cuestiones relativas a los derechos de los ciudadanos. Así, el problema no son sólo los agentes, sino el sistema y terribles condiciones económicas, laborales, y de corrupción en que se desenvuelven. Es decir, los agentes de policía también son víctimas del sistema.

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Estos datos nos sólo nos indican que las autoridades no están haciendo investigación de la comisión de delitos, y que privilegian la detención en el momento, sino que muestran la urgencia de reducir estos espacios en los que las personas están completamente vulnerables ante las autoridades de seguridad pública. La necesidad de supervisar las detenciones, capacitar a los policías y responsabilizarlos por sus actos es clara.

En este contexto, el 22 de noviembre de 2019 se publicaron los Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones, que establecen la integración, operación, conservación y funcionamiento del registro. Este sistema permitirá a las personas conocer, en tiempo real, el nombre de las personas detenidas, así como el lugar donde están, el motivo de la detención y la autoridad responsable de retenerla. Del mismo modo, abonará al intercambio de información entre instituciones de seguridad pública y los ministerios públicos.

En principio es aplaudible este esfuerzo del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CNI), pues se logró presentar un día antes de que venciera el plazo con el que contaban para hacerlo, y se hizo sin presupuesto extra al asignado para las funciones que tiene este Centro. Según el titular del CNI se tomó en cuenta la opinión de los policías municipales y estatales para el desarrollo de la regulación del sistema, en caso de ser cierto, también se debe celebrar este ejercicio.

Si bien este ejercicio es un paso en el camino correcto para abonar a la protección de la población, la transparencia, y el desarrollo de inteligencia en cuestiones de seguridad pública, lo cierto es que falta mucho para lograrlo. Una de las cuestiones a las que debemos poner atención es a su implementación. Por ejemplo, aún no se define como podrán tener acceso al sistema todos los policías, ni si se les equipará con dispositivos especiales o esto se hará mediante comunicación con el centro de comando. Otra de las cuestiones que debemos supervisar es la capacitación necesaria para el uso del sistema, pues es un reto enorme, aunque la implementación de los lineamientos será gradual.9

De acuerdo con el Modelo Óptimo de la Función Policial (con fecha de corte de la información al 30 de junio de 2019), el estado de fuerza a nivel nacional es de 0.98 policía por cada 1,000 habitantes considerando la depuración de elementos con resultado no aprobatorio en control de confianza. Esto representa un aproximado de 205, 361 agentes civiles destinadas a funciones de seguridad pública.10 De igual forma, se debe capacitar a los 110,950 elementos del ejército, los 13,259 elementos marina que están ejerciendo funciones de seguridad pública, y los 56,191 elementos de la Guardia Nacional. Cabe señalar que a la fecha no se ha capacitado a estos elementos conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. ¿Cómo se capacitarán a todos los elementos de seguridad Pública en tan poco tiempo para que sean capaces de utilizar de manera eficiente la plataforma del Registro Nacional de Detenciones?

En este sentido, se debe aceptar que estas nuevas obligaciones para los agentes de las instituciones de seguridad pública implican mayor trabajo para los mismos, sin contar el tiempo necesario para las capacitaciones relativas a este registro. Consideremos que, de acuerdo con la encuesta “¿Qué piensa la policía?”,11 44% de los policías trabajan más de doce horas al día, ya sea por cumplir alguna de las modalidades de la jornada o por estar bajo la figura de acuartelamiento, 12 la mayoría trabaja por lo menos 78 horas a la semana.13 Es necesario traer a colación la experiencia que se ha vivido con el informe policial homologado −un instrumento similar (aunque no con el mismo fin) que ha resultado en una pesadilla burocrática para las policías− a pesar de que también se han invertido muchos recursos y horas de capacitación para el llenado de este instrumento. El Registro Nacional de Detenciones no debería ser una carga más para los elementos de seguridad pública.

Otra cuestión preocupante es que los LINEAMIENTOS otorgan 5 horas a los agentes de seguridad pública para poder registrar una detención. De acuerdo con el CNI se consideró este tiempo por los problemas de conectividad en estados y municipios. Sin embargo, este periodo parece arbitrario y excesivo, 5 horas en manos de agentes de seguridad pública sigue siendo peligroso en un país en el que el uso de la tortura por parte de autoridades policíacas y de investigación continúa siendo una práctica común para cerrar casos.14.

Así, aunque este registro cumple con una deuda histórica que el sistema punitivo tenía con la sociedad, y que puede mejorar las condiciones de las detenciones de las personas, hay grandes pasos que debemos dar. Definitivamente, el Registro Nacional de Detenciones tampoco va a cumplir su propósito de evitar violaciones graves a derechos humanos si este no se monitorea y evalúa de manera constante, tanto por las autoridades como por la sociedad civil. Debemos seguir supervisando el actuar de las autoridades y exigiendo la protección de los derechos de las personas, y repensar como asegurar mejores condiciones a los agentes de policía.

 

1 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS con detenido, entre los 365 días del año.

2 INEGI. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019. Tabulados básicos. Sumatoria de ordenes de aprehensión y reaprehensión cumplimentadas en 2018, entre los 365 días del año.

3 FALSAS SOSPECHAS DETENCIONES ARBITRARIAS POR LA POLICÍA EN MÉXICO Amnistía Internacional, México (2017)

4 Ibídem

5 Ibíd.

6 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, INEGI, México

7 FALSAS SOSPECHAS DETENCIONES ARBITRARIAS POR LA POLICÍA EN MÉXICO Amnistía Internacional, México (2017).

8 Ibídem.

9 El registro de delitos federales comenzó el mismo 23 de noviembre de 2019, el registro de delitos del fuero común debe comenzar, a más tardar, el 1 de abril de 2020 y el registro de infracciones administrativas debe comenzar, a más tardar, el 1 de abril de 2021.

10 Modelo Óptimo de la Función Policial, Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, 30 de junio de 2019. Disponible aquí.

11 Encuesta ¿Qué piensa la Policía?, CAUSA EN COMÚN, México 2019.

12 El acuartelamiento implica que después de la jornada laboral en campo, los elementos pernoctan en las instalaciones de las corporaciones, con disponibilidad completa. Es decir, se encuentran a “disposición” y no tienen tiempo libre ni compensación económica por concepto de horas extras.

13 Ibídem

14 Fabricación de falsas verdades en el sistema de justicia penal. Las decisiones políticas y fisuras jurisprudenciales que sostienen la tortura, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, México 2019.

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