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Por MUCD
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Reforma al sistema de justicia penal: discrecionalidad y arbitrariedad
Los dos proyectos que se han filtrado para reformar el sistema de justicia penal no pretenden garantizar la seguridad mejorando la autoridad sino desacreditar al sistema acusatorio y volver a las prácticas del pasado.
Por Tania Ramírez
8 de octubre, 2020
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Durante 2020 un mismo proyecto ha amagado dos veces con reformar el sistema de justicia penal. En enero, el borrador filtrado de una iniciativa –cuya autoría se atribuyó al fiscal general Alejandro Gertz Manero– proponía modificaciones a diversos ordenamientos y la expedición de algunos nuevos en un paquete que se consideró una reforma regresiva respecto al sistema actual.1 Aunque el fiscal se desmarcó de ella y dijo que presentaría la verdadera en el mes de febrero, dicha propuesta nunca apareció.2 No obstante, el afán contrarreformista estaba lejos de ser enterrado. Recientemente, circuló de manera no oficial una propuesta idéntica de reforma constitucional que supuestamente presentaría el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República. Aunque no se ha presentado oficialmente, vuelve a encender las alarmas por la similitud, o más bien, exactitud, con la que este nuevo proyecto replica aquel que circuló en enero.

Específicamente, el proyecto original proponía modificar 14 artículos constitucionales;3 reformar 8 leyes –entre las cuales la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo- y expedir 4 nuevos ordenamientos –la Ley de la Fiscalía General de la República, la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales-. Su objetivo: mejorar la eficacia de la autoridad y detener el famoso fenómeno de la “puerta giratoria”.

Pero pese a las “buenas intenciones” declaradas en la exposición de motivos, la reforma propuesta acarreaba importantes problemas.4 En primer lugar, profundizaba los regímenes de excepción a través de la ampliación del arraigo para todos los delitos y la duplicación de los plazos de retención de las personas ante el ministerio público antes de ser liberadas o puestas a disposición de la autoridad. Un segundo problema es que eliminaba la excepción de que toda prueba obtenida mediante la violación de derechos fundamentales se considere nula. Ambas modificaciones, además de ir en detrimento de derechos como la presunción de inocencia, crean incentivos para que las autoridades alarguen de manera innecesaria los procesos y obtengan pruebas bajo tortura.

Por si esto fuera poco, la reforma constitucional planteaba eliminar figuras clave del sistema penal acusatorio como el juez de control y el auto de vinculación a proceso, dos candados puestos en años anteriores a la arbitrariedad de la autoridad mediante la revisión y calificación de la legalidad de las detenciones con el fin de evitar abusos. Bajo el nuevo esquema propuesto, esta revisión sólo sucedería en caso de urgencia o flagrancia y no para todas las personas detenidas. En un país como el nuestro, este retroceso supondría aún menos incentivos para la profesionalización de policías y ministerios públicos y mayor vulnerabilidad para las personas. Si bien es necesario revisitar algunas de estas figuras, algunos de los cambios sugeridos resultaban riesgosos pues se hacían a rajatabla.

Este esquema regresivo y violatorio de principios básicos del derecho penal que pretendía hacerse en la Constitución se replicaba a otras leyes. Incluía, entre otras cosas, la vuelta a sistemas de clasificación penitenciaria basado en el estudio de personalidad a personas privadas de su libertad –no en los delitos cometidos-, la imposición de penas trascendentales –es decir, castigos que se extienden más allá de la persona que cometió el delito, como en el caso de adolescentes y el traslado de la responsabilidad patrimonial a los progenitores- y la reducción de plazos de la ley de amparo en detrimento de la ciudadanía.

En este marco, la Fiscalía también adquiría un rol problemático pues pretendía regresar al modelo anterior, donde era “representante social” y no la autoridad encargada de la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que se asumía una autoridad representativa sin haber sido elegida por la gente y, con ese pretexto, pretendía darse la facultad de proponer iniciativas de ley o acciones colectivas a nombre de todas y todos nosotros. Además, mediante la ley general de la Fiscalía, ésta se autorizaba más atribuciones a sí misma y al fiscal, eliminando tanto principios básicos de su actuar (como el de autonomía, perspectiva de género o interculturalidad) como las responsabilidades de sus funcionarios, especialmente las obligaciones con respecto a las víctimas. En una frase, la Fiscalía quería más poder y menos responsabilidad.

En su momento, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) fue enfático en afirmar que, salvo excepciones muy específicas, el conjunto de reformas no podía ser aprobado por ser regresivo y autoritario. Señalamos que muchos de los cambios limitaban activamente distintos derechos humanos (como el debido proceso, la presunción de inocencia, la dignidad, los derechos de las víctimas, la libertad y la privacidad), además de atentar contra el sistema de pesos y contrapesos ( violando la autonomía del poder judicial, permitiendo prácticas autoritarias sin posibilidad del control judicial y pervirtiendo el juicio de amparo como un mecanismo de protección de la ciudadanía). Asimismo, manifestamos que las reformas no contribuirían a brindar mayor seguridad y justicia a la población ni solucionarían impunidad.

En conclusión, aquel proyecto y el que en estos días se pretende revivir no pretenden garantizar la seguridad mejorando la autoridad sino desacreditar al sistema acusatorio y volver a las prácticas del pasado. Buscan retomar formas de actuar, figuras e inercias arbitrarias (desde el polígrafo hasta la obtención de pruebas vía tortura) que se han demostrado antidemocráticas, ineficientes y violatorias de derechos humanos. La defensa del sistema penal acusatorio debe hacerse desde un enfoque crítico, sin perder de vista los avances, así como los retos presentes y futuros, pero nunca cediendo a tentaciones autoritarias. En México necesitamos seguridad, justicia y paz, pero con pleno apego al Estado de derecho y los derechos humanos. Si el sistema penal y judicial han de reformarse, los cambios deberán hacerse de manera colegiada y atendiendo la evidencia. Necesitamos autoridades profesionales, no permisos para violar la ley.

* Tania Ramírez (@Tan_Tlacaelelt) es maestra en derecho por Georgetown University y dirige el área de incidencia en México Unido Contra la Delincuencia @MUCD.

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 5º, 16, 18, 19, 20 21, 73, 76, 94, 97, 101, 102,116 y 122

4 Disponible aquí.

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