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Registro público de agresores sexuales: el (mal) uso del derecho penal para atender la violencia de género
Las víctimas de violencia sexual necesitan un sistema de justicia más humano y accesible, y que las autoridades se tomen en serio el fenómeno de la violencia de género y no lo vean como un problema que unos cuantos inadaptados sociales tienen.
Por Cristina Reyes Ortiz
1 de abril, 2020
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El Registro Público de Agresores Sexuales aprobado recientemente por el Congreso de la Ciudad de México es una medida anunciada como una victoria del movimiento feminista en la capital del país. En noviembre de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció una declaratoria de Alerta de Género en el territorio capitalino, así como una serie de acciones que su gobierno implementaría para atender la cada vez más visible violencia en contra de las mujeres en la Ciudad. Entre las que más destacaron justo está este Registro.

En su momento, la Círcula Feminista de Análisis Jurídico cuestionó la conveniencia de contar con una herramienta de este tipo y advirtió que en otros países como Francia se ha limitado la consulta pública de estos registros por considerarse mecanismos desproporcionales.1 El punto central que Pamela Zambrano y Verónica Berber plantean en su texto y que considero que se tiene que discutir ampliamente es el uso indiscriminado y populista del derecho penal para atender la violencia de género (y cualquier problemática que esté representando un costo político para el gobierno). Ante esta clara advertencia, es necesario analizar a profundidad la medida adoptada por el Congreso de la Ciudad de México.

Este Registro se crea a partir de modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. El Registro de Agresores Sexuales se implementa como una medida de seguridad para las personas sentenciadas por los delitos de feminicidio, violación, delitos sexuales en contra de personas menores de 12 años, turismo sexual y trata de personas. Una vez que la sentencia condenatoria tenga el carácter de ejecutoria -es decir, que haya sido confirmada por las instancias de apelación y amparo o que hayan transcurrido los plazos para intentar revertirla y que no se hayan ejercido las acciones legales correspondientes- la persona sentenciada aparecerá en el registro por un periodo no menor a diez años y no mayor a 30. Adicional a esto, una vez que la persona haya sido liberada, por recibir un beneficio preliberacional, por compurgar su pena o por cualquier otra razón, se extenderá el registro por el mismo periodo.2

Claramente esta es una medida desproporcional y va en contra de los principios constitucionales del derecho penal y la reinserción social. Además de esto, denota una clara incomprensión del fenómeno de la violencia de género, sus causas y las necesidades de las víctimas de estos delitos.

La Constitución mexicana establece que el sistema penal debe regirse por el principio de culpabilidad por el acto. Es decir, el Estado sólo puede sancionar conductas y no personalidades. Por ejemplo, las leyes penales sólo pueden sancionar a una persona por cometer actos para engañar a otra persona para apoderarse de sus bienes, pero no puede sancionar a una persona por ser deshonesta o tramposa; las leyes penales no pueden sancionar a una persona por ser misógina pero sí pueden sancionar cuando una persona ejerce su poder para lesionar y degradar a su esposa. De esta forma, la Constitución protege a las personas de caracterizaciones o modelos de perfección moral impuestos desde el Estado que marginalizan y discriminan a las personas más vulnerables; y se garantiza que sólo el Estado intervendrá cuando se cometan actos que efectivamente transgredan la esfera de derechos de terceros o al interés social. ¿Por qué el Registro Público de Agresores Sexuales transgrede este principio? Precisamente porque es una medida que caracteriza a las personas que cometen estos delitos. Asume que las personas que cometen delitos sexuales o feminicidio son personas peligrosas y enfermas que deben ser señaladas para que el resto de la población las segregue y “no vuelvan a cometer los mismos actos”. Las consecuencias de esta categorización, irónicamente, le quitan a la persona la responsabilidad de los actos que cometió; descarta que son personas racionales que tomaron la decisión de ejercer un daño para someter a otra persona.

Subsecuentemente, como la Constitución busca garantizar que las personas sean responsabilizadas y sancionadas sólo por los actos que cometieron limita las penas que el Estado puede imponer. Es así que en nuestro texto constitucional se consagran los principios de prohibición de penas inusitadas y el de reinserción social. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que una pena inusitada es “aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante, excesiva; porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad; porque no llene las características de una eficaz sanción, como las de ser moral, personal, divisible, popular, tranquilizadora, reparable y, en cierta forma ejemplar”.3 Además, el principio de reinserción social establece que el sistema penitenciario debe lograr la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos.4

Es decir, la Constitución establece que el sistema penal en nuestro país debe primero, sancionar las conductas y no a las personas; segundo, que las penas impuestas sean proporcionales, humanas y reparables; y tercero, que se efectúen en un sistema que les permita restituir el ejercicio de sus libertades, una vez concluido el cumplimiento de su sanción.

Todas estas disposiciones deben ser observadas también en la imposición de medidas de seguridad como lo son el Registro Público de Agresores Sexuales. Este registro es infamante, pues literalmente exhibe todos los datos de identificación de las personas que lo conforman, así como lo hacían las penas de vergüenza pública que se imponían en la época de la Santa Inquisición en las que exhibían a las personas ofensoras con insignias que representaban los delitos cometidos. Además, impide la reinserción social de la persona sentenciada, pues esta medida de seguridad puede extenderse en el tiempo, aun cuando la persona ya haya cumplido con su sentencia. Diversas organizaciones de la sociedad civil como Documenta han advertido sobre los obstáculos a los que se enfrentan las personas excarceladas para integrarse nuevamente a la vida cotidiana. No se puede pensar que será menos difícil para una persona que llevará la insignia de su delito después de haber cumplido con su sanción, por lo menos 10 años más.

Por otro lado, como ya mencioné, la adopción de este tipo de medidas denota una profunda desconexión entre las “soluciones” propuestas y la realidad de las víctimas de violencia de género. Este registro fue propuesto por la Jefa de Gobierno en medio de una gran ola de protestas derivadas de la inactividad y la incompetencia de las autoridades de la Ciudad de México para atender los casos de violación, desaparición y feminicidio. Pero el problema no es que los agresores sexuales no puedan ser identificados y que por eso sea necesario registrarlos; el problema es que las víctimas no son escuchadas y son sistemáticamente revictimizadas.

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, el INEGI reportó que la cifra negra de delitos en la Ciudad de México es de 90.7%. Es decir, menos de 10% de los delitos que ocurrieron en 2018 se denunciaron. Según esta encuesta, 74.3% de las víctimas en la CDMX expresaron razones para no denunciar atribuibles a la autoridad, como la “pérdida de tiempo” y la “desconfianza en la autoridad”. Además, destaca que de las personas que sí decidieron interponer una denuncia ante el Ministerio Público, 51.1% reportó que “no pasó nada o no se continuó con la investigación”.5

Si este es el panorama actual de la confianza de las víctimas de todos los delitos en la Ciudad de México hacia las autoridades encargadas de la persecución penal e impartición de justicia, no podemos esperar un escenario mejor para las víctimas de violencia sexual que también ven desincentivada la denuncia de estas agresiones por el estigma social y patriarcal al que se enfrentan.

Las víctimas de violencia sexual necesitan un sistema de justicia más humano y accesible. Necesitan que las autoridades se tomen en serio el fenómeno de la violencia de género y no lo vean como un problema que unos cuantos inadaptados sociales tienen. Las víctimas de violencia sexual necesitan justicia, no pantomimas ni venganza.

El movimiento feminista en el país y en la Ciudad de México ha adquirido una gran notoriedad y su exigencia de eliminar la violencia contra las mujeres es contundente. Es por eso que es importante que como sociedad hagamos un escrutinio estricto de las medidas que se proponen para prevenir y sancionar la violencia machista. Pues el populismo penal es una de las cartas más usadas para aparentar que se toman acciones serias para atender los problemas más apremiantes, aunque se ha demostrado una y otra vez que muchas de estas medidas no son efectivas.

Un registro de agresores sexuales podría servir como una buena herramienta de inteligencia criminal, de consulta exclusiva para las autoridades encargadas de investigar estos delitos y, tal vez, identificar a agresores múltiples y reincidentes. Sin embargo, no es un triunfo de la lucha feminista. El verdadero triunfo llegará cuando podamos vivir en paz.

* Cristina Reyes Ortiz (@Krissy_Ramone) es Abogada Senior de México Unido Contra la Delincuencia (@MUCD).

 

 

1 Pamela Velázquez Z. y Verónica Berber C., Las leyes sobre agresores sexuales, ¿populistas?, Blog Invitado, Animal Político, 6 de diciembre de 2019.

2 Artículo 69 TER del Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de marzo de 2020.

3 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Primera Sala, Tesis Aislada, Registro: 313147.

4 Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

5 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, Principales Resultados, Ciudad de México.

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