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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Pa... Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Para lograrlo, participamos en proyectos orientados a fortalecer el Estado de derecho, defender los derechos humanos y formar capital social. En este espacio analizaremos temas importantes para nosotros y compartiremos contigo lo que hacemos mejor: auditar a la autoridad, formar ciudadanía, analizar políticas públicas, incidir en el debate nacional y litigar casos estratégicos para acelerar el cambio social. (Leer más)
Repensar la seguridad pública en México
El uso ilegítimo y excesivo de la fuerza han causado incontables violaciones a los derechos humanos en el mundo, pero especialmente en México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado Mexicano, por lo menos, en siete ocasiones
Por Cristina Reyes Ortiz
12 de junio, 2020
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Las protestas sociales en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos de agentes de la policía de Minneapolis han sacado a la luz, nuestros propios problemas con la brutalidad policial. Desde la semana pasada en México se dieron a conocer los casos de Giovanni López, Alexander Martínez y Oliver López, asesinados a manos de policías municipales en los estados de Jalisco, Oaxaca y Baja California, respectivamente.

El abuso de la fuerza pública en nuestro país es ampliamente normalizado. Tan es así que cuando estábamos aún a tres semanas de iniciarse la tercera fase de la contingencia sanitaria por el COVID-19, periodistas, gobernadores y la sociedad en general exigían que se impusieran sanciones –cárcel– a las personas que no cumplieran con el confinamiento obligatorio.1

Los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila y de Jalisco, Enrique Alfaro, por ejemplo, se impusieron con el uso de la fuerza para aplicar estas restricciones sanitarias. En Jalisco, como supimos, estas restricciones tuvieron un desenlace fatal con la muerte de Giovanni y la represión de la protesta social a quienes exigieron justicia por su asesinato. Estas protestas ocurridas en Guadalajara, tuvieron como saldo la detención arbitraria de algunos de los manifestantes.

Pero no sólo en Jalisco hubo represión policial a las protestas. El 5 de junio, en Ciudad de México, elementos de la policía –de los que parecen granaderos, pero no lo son, porque Claudia Sheinbaum los desapareció– golpearon con sus escudos y patearon a una joven de 16 años, hasta enviarla al hospital por contusiones en cara y cráneo. Irónicamente, ese día se protestaba en contra de la brutalidad policial frente a la embajada de Estados Unidos y la Oficina de Representación del Estado de Jalisco. Al término de la protesta se reportaron más de 20 personas lesionadas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.2

La represión no es solución

El uso ilegítimo y excesivo de la fuerza han causado incontables violaciones a los derechos humanos en el mundo, pero especialmente en México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado Mexicano, por lo menos, en siete ocasiones, por hechos relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del orden y militares –sobre todo, por integrantes del Ejército–.3 Sin embargo, esto ha tenido pocas o ninguna consecuencia real en las estructuras ni en las prácticas institucionales sobre cómo se procura la seguridad y la justicia en nuestro país.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dedicó cuatro párrafos en sus Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México, del 7 de noviembre de 2019, sobre las violaciones a derechos humanos perpetradas por las fuerzas del orden y la militarización de la seguridad pública. En este informe, se señala de manera preocupante, “la recurrente impunidad de los agentes del orden en relación con la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura (…). El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos para que se investiguen prontamente todos los crímenes violentos y otros delitos graves de manera pronta, exhaustiva e imparcial, incluyendo el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, para que los responsables sean enjuiciados y sancionados, y garantizar que las víctimas reciban reparación integral (…)”.4

Otros datos que merecemos analizar, son los publicados en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del INEGI, en el que se reportó que 72% de las personas detenidas fueron torturadas o maltratadas. De manera desagregada, 88% de las personas detenidas por la Marina fueron torturadas; lo fueron también 85% de las personas detenidas por el Ejército, 80% de las detenidas por la Policía Federal, 75% por la Policía Estatal, 71% por la Policía Ministerial y 68% por la Policía Preventiva o Municipal. De estos datos nos queda muy claro que existe un ambiente generalizado en México que permite la tortura. Sin embargo, también es claro que éstas prácticas se generalizan más cuando son las Fuerzas Armadas las que intervienen en tareas como la detención de personas.

Tenemos muy bien ubicado y condenado el problema, pero seguimos sin atrevernos a apoyar medidas alternativas. Al contrario, nuestro país se sume cada vez más en la militarización sin límites, contrapesos ni controles. Ejemplo de esto es el Acuerdo emitido por el Presidente de la República el pasado 11 de mayo de 2020. Por medio de esta disposición se permite la participación indiscriminada de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A pesar de que la Constitución Federal ordena explícitamente que la intervención de militares y marinos en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, fiscalizada y, sobre todo, regulada. Por su parte, el Congreso de la Unión no ha cumplido con su obligación de delimitar estos conceptos en las leyes secundarias y, como consecuencia, tenemos un acuerdo emitido por el Ejecutivo Federal que dispone a conveniencia el uso del Ejército por lo menos, hasta 2024.

Tenemos una necesidad imperante de encontrar y discutir alternativas a la represión y el punitivismo. En Estados Unidos, por ejemplo, las voces progresistas que invitan a repensar el rol de las policías e incluso a abolir el sistema carcelario están encontrando cabida tras el reciente asesinato de George Floyd. Pero en México necesitamos ir, incluso, más allá y repensar hasta aquello que consideramos como un crimen. El punitivismo está tan enraizado que pensamos que el sistema de justicia penal debe resolverlo todo; desde la corrupción, el secuestro, las desapariciones forzadas, hasta los accidentes viales, el consumo de drogas y las pandemias. Debemos asegurarnos que estamos castigando realmente las conductas que afectan de manera más grave a la sociedad y no se use al sistema de justicia para imponer modelos de perfección humana, morales o de control social.

Debemos plantearnos la funcionalidad de la pena de prisión y repensarnos los castigos a partir de las desigualdades de clase, raza, género, capacidad, edad, etcétera. Debemos rediseñar desde una perspectiva restaurativa la función del sistema de justicia. Debemos transformar nuestra visión punitiva del Estado, para realmente poder generar un cambio estructural en la forma en la que actúan las policías y cualquier agente que lleve a cabo tareas de seguridad pública para que lo que le pasó a Giovanni, a Alexander, a Oliver y a miles de víctimas de la violencia y represión policial, no vuelvan a ocurrir nunca más.

* Cristina Reyes Ortiz (@Krissy_Ramone) es abogada en el programa de Litigio Estratégico de México Unido Contra la Delincuencia (@MUCD).

 

1 Por poner sólo un ejemplo: El 30 de marzo de 2020, una reportera de Notimex expresó: “Usted ya dijo que vamos en una fase de ascenso muy rápida, también mencionó que no habrá toque de queda, pero mi pregunta es: ¿habrá sanciones como ya el gobierno de Yucatán plantea? Ellos plantean a la gente quien no respete el aislamiento van a ser ya sea tres años de cárcel o incluso multas de más de hasta 86 mil pesos; y es que en los recorridos que hemos hecho durante la semana y desde que usted está invitando, por supuesto, a la gente a aislarse, pareciera como si estuvieran de vacaciones.” Cfr. Versión estenográfica de la Conferencia de prensa del Informe Diario sobre Coronavirus COVID-19 en México del 30 de marzo de 2020.

2 Manu Ureste, “Sheinbaum reconoce abuso policial contra adolescente en protesta de CDMX; detienen a dos policías“, en Animal Político, 5 de junio de 20120.

3 Cfr. Caso Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares vs. México (2009); Caso Valentina Rosendo Cantú y otra vs. México (2010); Caso Inés Fernández Ortega y otros vs. México (2010); Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (2015); Caso Trueba Arciniega y otros vs. México (2018); Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México (2018); y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México (2018).

4 Comité Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México del 7 de noviembre de 2019, párrafos 22 y 23.

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