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Seguridad, justicia y paz
Por MUCD
Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Pa... Somos una organización que trabaja por construir un México más seguro, más justo y en paz. Para lograrlo, participamos en proyectos orientados a fortalecer el Estado de derecho, defender los derechos humanos y formar capital social. En este espacio analizaremos temas importantes para nosotros y compartiremos contigo lo que hacemos mejor: auditar a la autoridad, formar ciudadanía, analizar políticas públicas, incidir en el debate nacional y litigar casos estratégicos para acelerar el cambio social. (Leer más)
Seguridad y dinámicas locales de la amapola en México
A diferencia de la cannabis, la amapola no ha adquirido ese peso en el debate sobre la necesidad de un cambio de paradigma que permitiría incluso mejorar la seguridad y el desarrollo rural en México.
Por Tania Ramírez y Paul Frissard Martínez
7 de julio, 2020
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Pese a la importancia que tiene México en el mercado global de amapola y sus derivados, éste ocupa un lugar marginal en la agenda pública, especialmente en la gubernamental. Durante años, y con plena justificación, la política de drogas en nuestro país ha estado fuertemente dominada por la discusión en torno al cannabis. La amapola, en cambio, no ha adquirido ese peso en el debate sobre la necesidad de un cambio de paradigma que permitiría incluso mejorar la seguridad y el desarrollo rural en México. Para darnos una idea sobre la falta de discusión del tema, en el Senado de la República sólo se ha llevado a cabo un foro para discutir el tema, y no más de tres iniciativas han sido presentadas en la historia parlamentaria del país. En los foros multilaterales, incluyendo los órganos de la ONU sobre drogas o desarrollo, el tema es poco o nada mencionado por las autoridades nacionales.

Para ponerlo en perspectiva, México es el tercer mayor productor ilegal de amapola en el mundo. De acuerdo con el más reciente Informe Mundial de Drogas 2020, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), México concentra aproximadamente el 8% de la superficie mundial cultivada ilegalmente, sólo detrás de Afganistán, con el 76%, y Myanmar, con 11%1. Durante las últimas tres décadas estos países han concentrado el grueso de la producción, y en contraste, 21 países están habilitados para cultivar la amapola que abastece el mercado local e internacional de elaboración de productos farmacéuticos2, principalmente medicamentos para el dolor.

En términos de generación de conocimiento, los datos oficiales se enfocan únicamente en las áreas cultivadas y erradicadas por dependencias de gobierno, pero ignoran por completo las condiciones socioeconómicas y las características demográficas que las rodean. No sabemos, por ejemplo, cuántos campesinos y campesinas trabajan y viven de la amapola en México, y en qué condiciones; cuántas familias dependen de ello; cómo les afectan las acciones de aplicación de la ley (erradicación, operativos, presencia militar) y cómo éstas han reconfigurado su entorno. Es más, la propia UNODC reconoció que, en México, el único programa de desarrollo alternativo que se ha implementado data de 1990.3 En fin, la amapola es el elefante blanco en la habitación.

Ser el tercer país que más amapola cultiva en el mundo tiene enormes implicaciones, empezando por lo obvio: una economía ilícita pero gigantesca de la que dependen miles de familias y, claro, políticas de aplicación de la ley en sentido contrario como respuesta. Implica también que ese mercado está expuesto a los cambios y fluctuaciones de otros productos, como es el caso de la crisis económica en regiones productoras provocada por el desplazamiento de la demanda a causa del fentanilo, tal como ha documentado Noria Research.

A su vez y durante más de 10 años, desde México Unido Contra la Delincuencia hemos insistido en que no podemos aspirar a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestros países sin pasar necesariamente –y no solamente– por reformar nuestras políticas de drogas. No obstante, el enfoque de prohibición homogénea y criminalizante, sigue imperando. Por ejemplo, durante la última campaña presidencial, en enero 2018, Olga Sánchez Cordero declaraba que la “legalización” de la amapola debía ser parte del proceso de reconciliación y paz que nunca comenzó. Para enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba el fin de la guerra contra las drogas e incluso el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 planteó como objetivo “reformular el combate a las drogas”, bajo el supuesto de que la “estrategia prohibicionista es ya insostenible” (sic.).4 No obstante, en los hechos, y a dos años del nuevo gobierno, dicha reformulación de la política de drogas sigue pendiente.

Por otro lado, lo que sí ha permanecido es la erradicación de cultivos, incluyendo la fumigación aérea de Paraquat, un herbicida no selectivo prohibido en la Unión Europea desde 2007 por su potencial dañino para la salud.5 En particular, comunidades de Guadalupe y Calvo (Chihuahua), Badiraguato (Sinaloa), Tamazula (Durango), Del Nayar (Nayarit) y General Heliodoro Castillo (Guerrero), han concentrado más de la mitad de las 18 mil hectáreas de amapola destruidas desde el inicio de la actual administración, de acuerdo con información de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Los efectos de esta política federal, sin embargo, han sido poco estudiados y carecemos de evidencia empírica sobre las dinámicas laborales, migratorias, ecosistémicas y de salud, por las que atraviesan las comunidades amapoleras en México.

Ante esta continuidad de acciones antidrogas por parte del gobierno y la ausencia de un abordaje integral del fenómeno, MUCD ha decidido lanzar junto con Noria Research, la Red Amapola México. Un esfuerzo amplio e integral que, junto con socios internacionales como Transform Drug Policy Foundation, the Transnational Institute (TNI) y el UC San Diego Center for US-Mexican Studies (USMEX), busca entender, documentar y analizar todas las vertientes que afectan algunas de las comunidades más marginadas de México. En estas, el cultivo de amapola representa una fuente de ingresos indispensable, pero pocas veces son alcanzadas por estrategias públicas de desarrollo; en cambio, son analizadas principalmente a través de narrativas enmarcadas en el campo lexical de la “narco violencia”.

La Red Amapola México tiene como eje central mirar y entender el fenómeno en lo local: reconocer las realidades sociales y complejas que padecen las comunidades y los problemas interseccionales que las atraviesan (realidades heterogéneas y complejas). Sólo así podremos generar respuestas adaptadas a esos entornos que a su vez puedan alimentar debates nacionales, desde las políticas municipales hasta propuestas de programas piloto de transición al circuito legal de amapola en las que ya hemos trabajado y por los que ya han atravesado otros países (lo documentamos aquí).

Así, la Red Amapola México ofrecerá alternativas para atender las diferentes dimensiones del fenómeno: desarrollo, política de drogas y políticas de seguridad. Se trata de un esfuerzo inédito y un reto mayúsculo. Para conocer más sobre la Red visita la página de la iniciativa.

* Tania Ramírez (@Tan_Tlacaelelt) dirige el área de incidencia y Paul Frissard Martínez (@Paul_FreeSir) es coordinador de investigación y políticas públicas en México Unido Contra la Delincuencia @MUCD.

 

 

1 UNODC (2020) – World Drug Report 2020, “Table 1 – Illicit cultivation of opium poppy, 2008–2019 (hectares)”, pp. 75-76. Los porcentajes fueron calculados a partir de las estimaciones de 2018, debido a que el reporte no incluye estimaciones correspondientes al año 2019 para México. Es importante mencionar que las estimaciones de superficies cultivadas se calculan a partir de los ARQ (cuestionarios estandarizados donde los mismos gobiernos nacionales proveen información con base en sus propias fuentes y metodologías), sin una revisión sistemática y directa de la realidad en campo por parte de UNODC (cf. UNODC (2020) – Informe Mundial sobre las Drogas, p.5: “All analysis contained in the World Drug Report is based on the official data submitted by Member States to the UNODC through the annual report questionnaire unless indicated otherwise”). En México dicha agencia tiene un monitoreo conjunto con el gobierno mexicano que se hace a través de imágenes satelitales y cuyas cifras de los distintos años no siempre son comparables entre sí (cf. Proyecto MEXK54). Esa es la fuente oficial -única- sobre la magnitud de la extensión de los cultivos ilícitos en México, de ahí la importancia de este proyecto a partir de la necesidad de generar datos con información extraída de campo, contrastada con datos oficiales y de otras fuentes que puedan corroborar si hay subestimaciones o sobre estimaciones.

2 El último informe técnico de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (INCB por sus siglas en inglés) registra Australia, Austria, Canadá, China, República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España, la ex República Yugoslava de Macedonia, Turquía, Ucrania, Reino Unido, India, Japón, Corea, como países productores de opio o tallo de adormidera entre 2013 y 2018. Cf. INCB (2019) – Previsiones de las necesidades mundiales para 2019. Estadísticas de 2017.

3 En tanto que hay 19 en Afganistán y 6 en Myanmar. “In the case of Mexico, projects conducted in regions affected by opium poppy cultivation did not explicitly include the double objective of improving the quality of life of farmers and reducing or preventing illicit crop cultivation. One exception was the alternative development project “Rural Development to discourage opium poppy cultivation in Oaxaca, Guerrero and Michoacan” conducted by FAO in Mexico, but is not covered in this report, as it took place in 1990-1993”. Cf. UNODC (2019) – Research Brief, Global Overview of Alternative Development (2013-2017).

4 Presidencia de la República – Plan Nacional de desarrollo 2019-2024.

5 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Press release n° 45/07, “THE COURT OF FIRST INSTANCE ANNULS THE DIRECTIVE AUTHORISING PARAQUAT AS AN ACTIVE PLANT PROTECTION SUBSTANCE”, 11 de julio de 2007.

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