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Sin más evidencia que el prejuicio: la segunda fase de la campaña contra las drogas del gobierno federal
No estamos ante una campaña que busque prevenir los consumos problemáticos o el retraso en la edad de inicio del consumo, sino frente a un esfuerzo gubernamental incapaz de entender la distinción entre el consumo y la adicción.
Por Gerardo Álvarez
25 de marzo, 2020
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El pasado 17 de marzo, el gobierno federal dio a conocer la segunda etapa de su campaña nacional contra las adicciones. Esta nueva fase se denomina “En el mundo de las drogas no hay final feliz” y consiste en una serie de videos e imágenes que abordan el tema de las adicciones desde una perspectiva abiertamente discriminatoria y estigmatizante.

La manera en la que un Estado se aproxima al fenómeno de las drogas dice mucho sobre su relación con los derechos humanos. Así, un gobierno comprometido con la dignidad humana debería estar dispuesto a implementar políticas de drogas basadas enteramente en evidencia científica y respetuosas de las libertades personales.

A través del aparato discursivo del Estado, es posible y deseable impulsar información certera, completa y carente de prejuicios con respecto al consumo de sustancias. Lamentablemente, la campaña recién presentada por el gobierno significa una renuncia a la posibilidad de la implementación de la política de drogas sensata y respetuosa de derechos que el mismo Ejecutivo Federal planteó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

En un primer punto, resulta preocupante que sea la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia quien lidere los esfuerzos comunicativos del gobierno federal en materia de drogas. Esto porque deberían ser las instancias expertas quienes determinen el contenido de las campañas para disminuir los usos problemáticos de sustancias; instancias especializadas en el tema como la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Comisión Nacional contra las Adicciones y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Resulta sumamente complicado pensar que funcionarios como el doctor Hugo López-Gatell o el doctor Gady Zabicky (CONADIC), que saben mucho del tema, impulsarían una campaña tan poco profesional y tan plagada de estigmas e información falsa.

Con respecto al contenido, cabe decir que, en lugar de ofrecer información certera y completa respecto a las sustancias, la campaña busca infundir miedo a través de mensajes alarmistas y moralistas carentes de fundamento científico. De este modo, la nueva campaña parece diseñada a imagen y semejanza de las fallidas campañas antidrogas de los tiempos de Ronald Reagan (Just Say No, D.A.R.E).

Los mensajes de la campaña siguen reproduciendo información errónea que refuerza estereotipos de clase y discriminación a grupos vulnerables como las personas de bajos recursos, las y los jóvenes, y las personas consumidoras de sustancias. En uno de los videos, una persona con uso problemático expresa: “yo ya soy una persona podrida, ya no hagas nada por arreglarme”. En otro, se cuenta la historia de una persona usuaria que mató a otra, lo que refuerza la idea desacreditada —no pocas veces expresada por el presidente— de que existe una relación causal e inequívoca entre la comisión de delitos y el consumo de drogas.1 En otro más, se promueve la idea de que “las drogas están manchadas de sangre, no te manches”, lo que es una irresponsable asignación de responsabilidad individual a la persona usuaria cuando el narcotráfico es, esencialmente, un problema existente gracias a la prohibición instaurada por el Estado que hoy asigna culpas y revictimiza.

La campaña recién presentada parece ignorar que, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, únicamente 1 de cada 10 personas que consumen drogas tienen un consumo problemático.2 Así, no estamos ante una campaña que busque prevenir los consumos problemáticos o el retraso en la edad de inicio del consumo, sino frente un esfuerzo gubernamental incapaz de entender la distinción entre el consumo y la adicción. Si el gobierno, desde su publicidad oficial, no aplica tratamientos diferenciados a los distintos tipos de consumo —usos problemáticos, usos responsables y adultos— da a entender, de entrada, que no le interesa ni un poco la evidencia como un instrumento de relevancia para atender el fenómeno de las drogas.

Con respecto a las sustancias, cabe decir que la información acerca de las mismas está basada en generalizaciones erróneas y carece de fundamento científico alguno. Uno de los promocionales, por ejemplo, señala que “el ácido (LSD) simplemente te está matando”, cuando toda la evidencia apunta a que el LSD es una de las drogas —legales e ilegales— con menores implicaciones sociales y de salud.3

A todos estos aspectos negativos de la campaña se suma el hecho de que la misma es un despilfarro sumamente irresponsable de los recursos públicos destinados al combate a las adicciones. Por lo menos en la Frontera Norte, como rescata una investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría y de la Comisión Nacional contra las Adicciones, existe escasez en servicios de tratamiento de calidad para atender usos problemáticos. Por otro lado, el gobierno sigue sin definir estrategias sensatas de reducción de riesgos y daños.4 Ante este panorama, pareciera que una campaña publicitaria, y más una tan perjudicial como ésta, no debería ser la primera prioridad del gobierno en materia de usos problemáticos de sustancias.

Por último, hay que señalar que la campaña no es un hecho aislado. Es parte de todo un escenario de desconocimiento, moralismo y estigmatización que parte en la mente del presidente López Obrador. Es perfectamente compatible esta campaña con sus declaraciones sobre la necesidad de “estigmatizar la drogadicción”,5 o sobre cómo “el 60% de los que pierden la vida diariamente, el 60% de los asesinados en enfrentamientos, se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de droga”.6

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si quiere diferenciarse de sus antecesores y atender lo que señala el Plan Nacional de Desarrollo 2019-202, debería dejar atrás esta retórica que no sólo no protege a las personas que necesitan acceso a servicios de salud por consumo problemático de drogas, sino que las marginaliza y criminaliza. La evidencia científica y el respeto irrestricto de los derechos humanos deberían ser ejes fundamentales de la política de drogas de un gobierno de izquierda y comprometido con las personas más vulnerables.

* Gerardo Álvarez (@alvarez8640) es abogado junior de MUCD.

 

1 Sobre la falsedad de la existencia de causalidad entre consumo y delito, véase: Paul J Goldstein, “The Drugs/Violence Nexus: A Tripartite Conceptual Framework.” Journal of Drug Issues v. 39 (1985): 143-174. Disponible aquí.

2 Informe Mundial sobre las Drogas 2015, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Disponible aquí.

3 La clasificación de sustancias psicoactivas, Comisión Global de Política de Drogas, 2019. Disponible aquí.

4 Disponible aquí.

5 Versión estenográfica del diálogo con la comunidad del Hospital Rural Metepec, en Hidalgo. Disponible aquí.

6 Versión estenográfica de la conferencia matutina del 26 de febrero de 2020. Disponible aquí.

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