En México, oficialmente se reconoce la existencia de 354 víctimas a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar” (desapariciones forzadas), entre los años 2006 y 2023, tal como se desprende del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación federal.

A esa cifra deben sumarse al menos otras 72 víctimas del mismo periodo que también se incluyen en dicho registro oficial, pero que no están catalogadas como víctimas de agentes oficiales, a pesar de que sus familiares sí responsabilizaron de los hechos a autoridades estatales o federales de seguridad.

El fenómeno de las desapariciones forzadas en México ha sido denunciado al menos desde la década de los 60 del siglo pasado, pero esta es la primera vez que puede conocerse un listado de víctimas atribuidas a cuerpos de seguridad pública y seguridad nacional, elaborado por las mismas autoridades mexicanas.

Estas, sin embargo, no son todas las desapariciones forzadas en los que se presume o se ha comprobado la participación de cuerpos de seguridad pública o seguridad nacional, sino sólo los casos reconocidos por la autoridad en su Registro Nacional. Las cifras de este registro son, por lo tanto, inferiores a la realidad, sobre todo tomando en cuenta que las fiscalías de justicia del país no dan seguimiento a las denuncias, ni actualizan su información.

Tan sólo una búsqueda en registros hemerográficos, documentales, académicos y de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos tanto públicos como independientes, realizada como parte de la investigación “Permiso para matar” permitió identificar otros 353 casos de desaparición forzada presuntamente perpetrados por fuerzas estatales y federales durante la guerra contra el crimen organizado, que no están contemplados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 

Es el caso, por ejemplo, de los abogados Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz y Vianey Heredia Hernández, cuyos nombre no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a pesar de que en 2010 fueron raptados en el municipio de Apatzingán, Michoacán, y desde entonces se ignora su paradero.

Los abogados Guillermo y Vianey, dedicados a la gestión de trámites mineros, desaparecieron el 29 de noviembre de 2010, cuando se dirigían desde Apatzingán, Michoacán, hacia la ciudad de Acámbaro, en Guanajuato, para entrevistarse con clientes que querían reclamar la titularidad de una mina. 

Según los registros de geolocalización del teléfono de Guillermo (de los que se posee una copia), seis días después de la desaparición, el 5 de diciembre, el aparato fue encendido en el municipio de Tumbiscatío, para cruzarse mensajes de voz con otro teléfono ubicado en las inmediaciones del 30 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Apatzingán, Michoacán. 

El caso de estos abogados, además, es una muestra del tipo de irregularidades con las que se construye la impunidad en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.

Aunque la desaparición fue denunciada un día después de los hechos, el Ministerio Público de Michoacán se tomó dos meses para iniciar una averiguación previa, a la que la familia de las víctimas sólo tuvo acceso hasta el año 2012, dos años después de los hechos, momento en el que descubrieron que la autoridad sólo investigaba el robo de la camioneta en la que Guillermo y Vianey se transportaban, pero a ellos no los reconocían como víctimas de desaparición y, por lo tanto, no se había realizado ninguna diligencia para su localización.

El Ministerio Público tampoco investigó por qué el teléfono de Guillermo se activó en las cercanías del 30 Batallón de Infantería de Apatzingán y, finalmente, en 2021, se informó a la familia de las víctimas que no había elementos de investigación y que el expediente sería archivado.

En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tampoco se contempla el caso de Lenin Vladimir Castañón Rodríguez, un taxista de 41 años que en julio de 2019 fue raptado por policías estatales.

“Un día antes se habían llevado a dos taxistas y con él ya fueron tres –recuerda Olga, su esposa–. Todos los taxistas se alertaron y empezaron a correr la voz. Todo el mundo dijo que se lo habían llevado del mercado (municipal de Chilpancingo, capital de Guerrero), pero nadie me dijo nunca quién lo hizo, sólo hubo una persona que me dijo que se paró una camioneta de la Unidad de Fuerzas Especiales (de la policía estatal), una camioneta medio vieja, en la que venía el chofer y dos mujeres, ésos se le cerraron, los policías fueron los que se lo llevaron, fueron ellos.” 

En este Registro Nacional, un ejemplo más, sí se contempla la desaparición de Carlos Guzmán Zúñiga, ocurrida el 15 de diciembre de 2008 en el estado de Chihuahua, pero no la de su hermano José Luis, a pesar de que ambos fueron raptados de su vivienda en el mismo momento.

Los hermanos Carlos y José Luis, de 28 y 29 años, no habían cometido ningún delito y, tal como testificaron sus vecinos, su privación de la libertad fue resultado prácticamente del azar, del destino que los puso en el camino del Ejército y de la Policía Federal.

“Estaban ellos en su casa –narra Rosa Zúñiga, tía de ambos muchachos– y estaba Carlos, ese viene siendo el más chico, parado afuera de su casa. Y andaban los soldados y Policía Municipal y federales, andaban que revisando casas… Llegaron con los vecinos y luego ya se pasaron a la casa de mi hermana y subieron nada más a mi sobrino Carlos, y luego sale mi sobrino José Luis a mirar qué es lo que está pasando, porque escuchó ruidos, sale y se asoma y también lo suben a la patrulla de los soldados. Los subieron a los dos”.

El Ejército negó haber detenido a los hermanos Guzmán Zúñiga a través de un documento formal, emitido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, según el cual “personal militar no participó en la detención y desaparición de los hoy agraviados”.

Pero, además del Ejército, otra de las corporaciones involucradas, la Policía Federal, también intentó desvincularse de la privación de la libertad de los hermanos Guzmán, y para ello presentó como prueba el parte policiaco elaborado el día de los hechos.

En este documento, la Policía Federal reconoce que ambos hermanos fueron detenidos y “trasladados a las instalaciones del Regimiento de Caballería Motorizada (del Ejército)” en Ciudad Juárez. 

Desde que los hermanos Guzmán Zúñiga fueron ingresados a ese cuartel, nunca más fueron vistos con vida.

Base abierta de desapariciones forzadas

Además de las víctimas a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar” durante el periodo de la guerra contra el crimen organizado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas también incluye en esta categoría otros 298 casos ocurridos entre 1965 y 2005, así como 84 casos en los que no se especifica la fecha de los hechos.

En total, bajo la categoría específica de víctimas desaparecidas “por una corporación policiaca o militar”, el Registro Nacional suma 652 registros, de los años 60 del siglo pasado a la fecha.

La base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizados es pública desde el 24 de agosto de 2023, en la página oficial de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

La lista de víctimas de desaparición forzada perpetradas “por una corporación policiaca o militar”, y de víctimas no catalogadas en esa categoría a pesar de que sus familias atribuyen el crimen a corporaciones de seguridad pública o seguridad nacional, puede descargarse aquí.