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Por Simetría, A. C.
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Crisis transitoria, ¿pobreza transitoria?
¿De qué dimensión debe ser el esfuerzo del gobierno mexicano para apoyar a la población y asegurar sus ingresos frente a los riesgos del COVID-19 y la crisis coyuntural que se avecina?
Por Simetría, A. C.
7 de abril, 2020
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La COVID-19 está en presente en 208 países de acuerdo con información de la ONU al cinco de abril.1 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) precisa que América Latina y el Caribe enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo y pronostica una caída del PIB de al menos -1.8% en la región.2 En México, se considera un rango de crecimiento entre -3.9 y 0.1% del PIB para 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de una “crisis económica transitoria” y su gobierno estima que para 2021 el crecimiento económico mejore con respecto a 2020 y se ubique entre 1.5 y 3.5%.3

La pandemia y las medidas asociadas a su control, han actualizado diversos riesgos de protección social, como el desempleo, la enfermedad o muerte, poniendo en riesgo la seguridad económica de las personas y las familias. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ya nos había advertido sobre la incapacidad del Estado mexicano para enfrentar crisis económicas coyunturales como la del 2008 y la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL advierte que “a diferencia de 2008, esta no es una crisis financiera, sino de personas, producción y bienestar”.4

En efecto, en 2018 el CONEVAL evidenció que carecemos de instrumentos eficaces para responder a las consecuencias de estos eventos, como el aumento de pobreza transitoria, profundización de los niveles de pobreza y mayores obstáculos para los hogares pobres para salir de la pobreza, por ejemplo. La población en condición de pobreza aumentó en 2010, en comparación con 2008, al pasar de 48.8 a 52 millones de personas, aun cuando se amplió la cobertura de diversos programas sociales.5

CONEVAL detalla que los principales programas de transferencia no están proyectados para dirigir sus apoyos a la población en estos contextos de crisis. Los instrumentos actuales están concebidos para enfrentar problemas estructurales como la ruptura de la pobreza intergeneracional y, principalmente, se orientan a quienes residen en áreas rurales y trabajadores no asegurados. Ni siquiera se logra apoyar a los más vulnerables en esta crisis, pues los sistemas de seguridad social dejan sin protección a la mayoría de trabajadores de ingresos bajos y con condiciones laborales más precarias. Incluso para la población asegurada, estos sistemas no consideran seguros de desempleo. México es de los pocos países miembros de la OCDE que no tienen seguro de desempleo.6

A partir de un diagnóstico similar sobre el trabajo y la protección social en la región, la CEPAL publicó el viernes 3 de abril un informe con diversas recomendaciones para reforzar los sistemas de protección social, apoyar a las poblaciones vulnerables y proteger sus ingresos. Recomienda ampliar los programas no contributivos como las transferencias directas de efectivo a los más vulnerables, además de las prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo, el crédito sin intereses a las empresas para el pago de salarios y los aplazamientos del pago de préstamos.7

¿De qué dimensión debe ser el esfuerzo del gobierno mexicano para apoyar a la población y asegurar sus ingresos frente a los riesgos del COVID-19 y la crisis coyuntural que se avecina? Consideremos, al menos, la transferencia directa de efectivo, que propone la CEPAL durante el período de la emergencia.

En 2018 el CONEVAL propuso “un piso mínimo de ingreso” para toda la población, como una estrategia de no exclusión de las personas en pobreza, con la posibilidad de no ser aceptado por personas con capacidad económica asegurada. Lo propuso como parte de un sistema de protección social universal que disponga de instrumentos para afrontar riesgos de corto y largo plazos.8 A efecto de dimensionar en términos muy generales la inversión del gobierno en una medida universal de este tipo, proyectemos solo el costo de una renta básica universal de emergencia, transcurridos del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.

Como criterio mínimo se sugiere el valor mensual por persona de la línea de bienestar que es de $1,921.74 en zona urbana y $1,202.30 en zona rural, a marzo de 2020,9 pero para efectos de un cálculo general adoptaremos el primero. También podría considerarse el salario mínimo diario general por el mismo tiempo, como un valor de remuneración estándar que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de una familia en el orden material, social y cultural.10 El salario mínimo diario general fuera de la Zona Libre de la Frontera Norte, a partir de 2020, es de $123.22 pesos diarios11 y los 31 días de suspensión12 suman $3,819.82 por persona.

Así, otorgar una renta básica “universal” de emergencia a la población mexicana por el valor mensual de la línea de bienestar sería alrededor de $245,583.54 millones de pesos (1.01% del PIB 2019)13 y por el salario mínimo general, $488,143.52 millones de pesos (2.01% del PIB 2019). Ambos, considerando que la población a mediados de 2020 será alrededor de 127,792,286, de acuerdo con Indicadores demográficos de México de 1950 a 2050 de CONAPO.14

Este puede ser un referente de las exigencias económicas de organismos internacionales a los planes emergentes de los países. Sin embargo, a casi 40 días del primer caso de coronavirus en México y después de haber declarado que es una situación de emergencia sanitaria, en México no se puede dimensionar la inversión que destinará el gobierno en un plan emergente. No existe un plan claro y coordinado de las medidas que se han adoptado o se adoptarán, reafirmando el diagnóstico del CONEVAL sobre incapacidad estatal para apoyar a las y los mexicanos en crisis coyunturales. El presidente enfatizó que será hasta diciembre de 2020 cuando cumpla la meta de apoyar a todas las personas en condiciones de pobreza. ¿La crisis transitoria anunciada por el presidente será una situación de pobreza transitoria?

@simetriamx

 

1 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Dashboard. ONU. Última actualización el 5 de abril de 2020.

2 América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: Efectos económicos y sociales. Informe especial COVID No. 1., CEPAL. Viernes 3 de abril de 2020. 5 p.

3 Comunicado No. 034. Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entrega al H. Congreso de la Unión el documento de “Pre-Criterios 2021” “Pre-Criterios 2021“. Ciudad de México, 1 de abril de 2020.

4 “La única opción estratégica en el mediano plazo para mitigar los efectos del COVID-19 en la región es avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo a través de una mayor integración”. Comunicado de prensa de 3 de abril de 2020. CEPAL.

5Evaluación Estratégica de Protección Social en México” 2a edición, CONEVAL, 2018, México, p. 18.

6 Idem, p. 91.

7 Op cit. CEPAL, p. 13.

8 “Op. Cit. CONEVAL, p. 155.

9 EVOLUCIÓN DE LAS ​LÍNEAS DE BIENESTAR Y DE LA CANASTA ALIMENTARIA. CONEVAL.

10 Fracción VI, del artículo 123 constitucional.

11 RESOLUCIÓN del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales que habrán de regir a partir del 1 de enero de 2020.

12 ACUERDO por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

13 PIB anual 2019 a precio corrientes ($24,239,132. billones de pesos).

14 Indicadores Demográficos de México de 1950 a 2020. CONAPO.

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