La reciente creación de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) de la Ciudad de México es una excelente señal de que el nuevo gobierno está preocupado por resolver el rezago que existe en los servicios públicos urbanos y en la movilidad de la ciudad. A pesar de que el DF es la entidad con los mayores niveles de talento e inversión, la calidad de sus servicios públicos está muy lejos de ser de clase mundial. Algunos ejemplos:

• La Ciudad de México fue calificada como la peor de entre 20 ciudades evaluadas por IBM en cuanto a las condiciones de movilidad de sus ciudadanos.
• Más del 30% del agua de la ciudad se desperdicia en fugas, lo cual representa pérdidas de hasta 460 mdp al año.
• Menos del 20% de la basura recolectada es separada adecuadamente y el problema de dónde disponerla aún no ha sido resuelto.

Estas deficiencias se deben a la falta de profesionalización, de coordinación intergubernamental y de una visión integral de largo plazo de los organismos encargados de proveer dichos servicios. Por esta razón, hemos impulsado en diversas publicaciones la creación de la figura del Administrador Urbano, un funcionario de alto nivel y con un sólido perfil técnico encargado de coordinar los diferentes servicios públicos de la ciudad. No obstante, dicha figura no puede ser considerada por sí sola como la solución a todos los problemas que aquejan a la ciudad, sino que debe ser parte de una estrategia a mayor escala que incluya a los diferentes actores y dependencias que inciden en su accionar.

Lo bueno

El diseño institucional de la Agencia tiene elementos que lo asemejan a modelos exitosos de city manager en otras latitudes:

1. La AGU se convertirá en la instancia de coordinación intergubernamental para prácticamente todas las actividades relacionadas con los servicios públicos urbanos y la vía pública.
2. Podrá emitir lineamientos, manuales, reglamentos, normas, observaciones y recomendaciones que serán obligatorias para las dependencias gubernamentales y delegaciones del DF.
3. Recibirá y dará seguimiento a reportes ciudadanos relacionados con obras públicas y servicios urbanos, de modo que no sólo fungirá como enlace entre dependencias gubernamentales sino también entre éstas y la ciudadanía.
4. A través del Laboratorio Urbano se realizará investigación, análisis y diseño de soluciones no sólo en lo que toca a los servicios urbanos sino también en temas como movilidad, planeación urbana e incluso la proyección de la Ciudad de México en el plano internacional.

Todo esto habla de una agencia gubernamental que, al menos en el papel, parece que jugará un rol central para mejorar el desempeño del gobierno local a través de la coordinación intergubernamental, la vinculación directa con ciudadanos, y el desarrollo de ideas y soluciones innovadoras de buen gobierno.

Lo malo

No obstante las virtudes mencionadas, el diseño de la AGU tiene debilidades y limitaciones significativas que deberán ser corregidas cuanto antes para que pueda alcanzar los objetivos fijados:

1. Tiene pocos “dientes” para incidir directamente en el funcionamiento de otras dependencias gubernamentales. A pesar de que la AGU podrá “conocer, analizar, sistematizar y autorizar” la realización de obras públicas, ésta no podrá vetarlas.
2. La independencia, autonomía de operación y, por lo tanto, la legitimidad del Administrador Urbano es particularmente endeble. Su nombramiento y remoción dependen exclusivamente del Jefe de Gobierno, por lo que está estrechamente ligado a los ciclos políticos y sus vaivenes. Lo ideal sería que el funcionario no estuviera asociado a ningún partido político ni corriente ideológica para permitirle operar utilizando solamente criterios de eficacia y eficiencia en los servicios.
3. Su capacidad para exigir cuentas de funcionarios de otras dependencias gubernamentales dentro del GDF es muy limitada. Es crucial que se le asigne una posición jerárquica superior a la de los Secretarios para que éste pueda asumir la responsabilidad del buen funcionamiento colectivo de los servicios urbanos. Como está planteado, la figura tiene la misma jerarquía que los responsables de los servicios.
4. Otra limitación importante es la ausencia de espacios formales para la participación ciudadana, más allá de las denuncias por fallas en los servicios urbanos. El Consejo Directivo de la AGU está integrado únicamente por funcionarios públicos quienes, en el mejor de los casos, podrían invitar a representantes de la sociedad civil a expresar sus puntos de vista en temas específicos, pero sin tener derecho a voto sobre el diseño e instrumentación de los proyectos u obras públicas.
5. La transparencia y la rendición de cuentas de la Agencia ameritan ser revisadas. Será fundamental que la Agencia publique en tiempo real los reportes ciudadanos y la respuesta que se les brinda, así como los diagnósticos, estudios y propuestas que se realicen. De igual modo, se deberán desarrollar y publicar indicadores de desempeño para que sea posible evaluar los avances en la calidad de los servicios públicos del DF. De otro modo, seremos incapaces de juzgar si la AGU está contribuyendo o no a mejorar los servicios o simplemente es un nuevo aparato burocrático.

Conclusión

En resumen, la AGU es una apuesta interesante e innovadora de la administración pública del DF que vale la pena seguir de cerca. Para tener éxito deberá contribuir a mejorar de manera sustantiva y sostenida la calidad de los servicios públicos de la ciudad. Para ello, requiere todo el apoyo del Jefe de Gobierno, de la administración pública de la capital y de la propia sociedad.

No obstante, es necesario fortalecer algunas de sus atribuciones que le permitan coordinar sistemáticamente a muchas dependencias de gobierno. Incluso, sería ideal que en una segunda fase se amplíe su ámbito de influencia a toda la Zona Metropolitana (con el aval de las autoridades de municipios conurbados y del Estado de México).

Es indudable que la creación de la AGU está siendo recibida con escepticismo por parte de la opinión pública, que teme que simplemente se traduzca en más burocracia y por ende mayor gasto. Por ello será clave que rindan cuentas sobre su desempeño.

Finalmente, creemos que es una apuesta que vale la pena. Si queremos tener una ciudad que funcione bien, una ciudad con servicios públicos de calidad y buena movilidad, es indispensable innovar en la administración pública. Sólo de este modo podrá evolucionar, fortalecerse y establecerse como una práctica exitosa exportable a otras ciudades del país.