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Sin competitividad no hay paraíso
Por IMCO
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Consulta popular, la otra reforma
El pasado 14 de marzo, 329 diputados votaron a favor de modificar las bases constitucionales de la consulta popular y de incorporar la figura de revocación de mandato. Ahora corresponde al Senado alinearse al proyecto aprobado por los diputados o corregir algunos elementos que mejoren las bases de la propuesta.
Por IMCO
27 de marzo, 2019
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Por: Ramiro Suárez (@SuarezGalan)

México era uno de los dos países de América Latina que no contemplaban mecanismos de democracia directa en sus textos constitucionales. Fue hasta la reforma constitucional en materia política de 2012 que se reconoció el derecho a los ciudadanos de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión, así como solicitar y votar en consultas populares.

Reconocer el derecho a los ciudadanos de iniciar leyes ha rendido frutos: 14 iniciativas ciudadanas presentadas ante el Congreso de la Unión, de las cuales siete siguen pendientes, cinco se han desechado, una se ha retirado y una se ha aprobado (la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3).

En contraste, la figura de la consulta popular no se ha puesto en marcha, pues la redacción de este mecanismo de democracia directa restringió su ejercicio. Actualmente, las consultas solo pueden celebrarse el mismo día de la jornada electoral federal y no pueden tocar ciertos temas. En este sentido, la Corte resolvió la inconstitucionalidad de las tres peticiones de consulta popular que se han realizado: una porque versaba sobre materia electoral y las otras dos por su afectación a los ingresos y gastos del Estado.

A partir de esto, el presidente prometió impulsar una reforma constitucional para eliminar los candados que impiden la celebración de consultas, y su promesa va en camino a cumplirse. El pasado 14 de marzo, 329 diputados votaron a favor de modificar las bases constitucionales de la consulta popular y de incorporar la figura de revocación de mandato. Ahora corresponde al Senado alinearse al proyecto aprobado por los diputados o corregir algunos elementos que mejoren las bases de la propuesta.

Uno de los cambios más significativos de esta reforma es acerca de los temas que se pueden someter a votación popular. La legislación vigente prohíbe tratar asuntos en torno a los ingresos y gastos del Estado, mientras que el proyecto aprobado por los diputados modifica este criterio para delimitarlo a las bases y tasas de los impuestos, los montos de financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es cierto que el texto vigente prácticamente cierra la posibilidad de celebrar consultas, sin embargo, de mantener el proyecto tal y como se aprobó en la Cámara de Diputados, podría consultarse a la población si está de acuerdo en expropiar determinada empresa por causa de utilidad pública, en destinar parte de las reservas internacionales a la inversión productiva, en recibir un ingreso básico universal por parte del gobierno o en que México se adhiera o retire del T-MEC. Lo anterior podría poner en juego la estabilidad de las finanzas públicas.

Otra modificación importante es la fecha de realización de la consulta popular. Actualmente, solo  se pueden celebrar el mismo día de la jornada electoral federal (cada tres años), mientras que el proyecto aprobado señala que se realizarán en la fecha que establezca la convocatoria. Es decir, el número de consultas podría ser indeterminado cuando cumplan los requisitos. Esto puede erosionar nuestra democracia representativa y elevar el costo del sistema electoral mexicano.

Celebrar una jornada federal de consulta popular puede costar entre 2.9 mil millones de pesos y 7.3 mil millones de pesos si se pretende que este ejercicio de democracia directa se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad y objetividad. Por esto, resulta conveniente fijar desde la Constitución el número máximo de jornadas federales de consulta popular.

Por último, así como las leyes electorales no pueden sufrir modificaciones fundamentales desde 90 días antes de que inicie el proceso electoral, la Constitución debe contemplar que la legislación que regule las consultas populares no pueda reformarse durante cierto tiempo previo a la celebración de la consulta. De esta manera, se impide desarrollar consultas con reglas a la medida de una mayoría legislativa.

México es una república representativa. Elegimos a ciudadanos que nos representan en la toma de decisiones que convengan al interés general, a pesar de que ciertas determinaciones puedan ir en contra del clamor popular. Si bien es positivo romper los candados que impiden la participación ciudadana, no hay que abrir la puerta a un mecanismo que pueda brincarse permanentemente a los representantes populares e instituciones del Estado.

 

* Ramiro Suárez es investigador del @IMCO. Síguenos en nuestra página y redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram.

 

@imcomx

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