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Sin competitividad no hay paraíso
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(Controlando) la deuda en estados y municipios
La deuda pública es como un cuchillo, te sirve para cortar un pastel o para apuñalarte. Es por eso que se debe procurar la implementación de mecanismos que garanticen su uso como un instrumento para fomentar la competitividad de un estado.
Por IMCO
24 de abril, 2013
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La deuda pública ha sido uno de los temas de finanzas públicas que más atención ha recibido en la arena mediática. El crecimiento explosivo de la deuda de Coahuila (7400% entre 2007 y 2012) puso una alerta sobre las obligaciones financieras adquiridas en los estados. Esta tendencia no es exclusiva de una entidad federativa, hoy en día, son 9 las que deben más del 90% de las transferencias federales que reciben al año (SHCP, 2013). El problema no es la deuda en sí, sino la opacidad de su contratación y destino. La deuda pública es como un cuchillo, te sirve para cortar un pastel o para apuñalarte. Es por eso que se debe procurar la implementación de mecanismos que garanticen su uso como un instrumento para fomentar la competitividad de un estado.

El pasado martes 6 de abril de 2013, el Pleno del Senado aprobó un dictamen para reformar la Constitución en materia de deuda de estados y municipios. La Cámara de Diputados, sin embargo, decidió no recibir la propuesta como minuta del Senado, porque primero debió presentarse en la de Diputados. Ahora será necesario que los legisladores de la Cámara baja presenten una iniciativa que busque mecanismos para un endeudamiento más racional y sujeto a la rendición de cuentas. El tema es urgente y no debería seguir aplazándose.

A continuación, se presenta la opinión del IMCO respecto a los principales aciertos y limitaciones de la propuesta del Senado, que la nueva iniciativa de reforma constitucional debería considerar:

¿Cuáles son los aciertos?

La creación de un Registro Público Único en el que se deberán inscribir y publicar la totalidad de empréstitos y obligaciones de pago de las entidades federativas y municipios, es sin duda uno de los grandes aciertos del dictamen. La transparencia es un paso vital para el proceso de rendición de cuentas. Además, no tiene sentido que los avances en materia de transparencia logrados en los últimos años, no hayan permeado en el área de finanzas públicas locales. En 2012, por ejemplo, ni Tamaulipas ni Tabasco hicieron público el monto total de su deuda.

La disposición que prohíbe el uso de la deuda como gasto corriente también contribuirá a un endeudamiento más racional y productivo. Los estados destinan una proporción considerable de sus recursos a gasto corriente, en 2011 por cada peso que se destinó a inversión en los estados, tres fueron gastados en salarios (INEGI, 2011). Con las condiciones anteriores, una entidad federativa podía contratar deuda y sostener prestaciones para sus funcionarios. Es decir, endeudarse para cubrir gastos que no generan recursos adicionales a los estados es insostenible.

De acuerdo al dictamen, los estados y municipios podrán contratar financiamientos para cubrir sus necesidades urgentes de corto plazo, pero dichos créditos deberán pagarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente. Lo anterior, evita que la administración entrante herede deudas exorbitantes adquiridas por el gobierno saliente. Un caso reciente fue la deuda de 4,400 millones de pesos que la administración de Juan Sabines heredó a la administración actual de Chiapas.

¿Qué falta?

Además de informar sobre el monto de la deuda, es necesario transparentar las condiciones de contratación para conocer  si los estados están adquiriendo deuda a tasas de interés competitivas o si el vencimiento es de corto o largo plazo. La realidad es que, con la información existente, es imposible determinarlo. Según el Índice Estatal de Transparencia Presupuestaría, sólo dos estados desglosaron en 2012 la tasa de contratación de la deuda y ningún estado reportó el plazo de los empréstitos. Sin criterios transparentes, los estados podrían estar endeudándose a una tasa mayor a la de mercado o por un extenso período de tiempo para desviar recursos o favorecer a instituciones crediticias que los apoyen financieramente.

Uno de los retos para consolidar los candados al endeudamiento en los estados es poner un freno a la impunidad. La transparencia por sí sola no basta para prevenir la gestión inadecuada de los recursos públicos, es necesario que esté acompañada de sanciones. Hay muchas medidas para mejorar la rendición de cuentas, por ejemplo, dar mayor autonomía al proceso de fiscalización de la cuenta pública o fortalecer la procuración de justicia. Esto es, una modificación relevante al dictamen actual sería reducir la ambigüedad sobre quién es el responsable del endeudamiento irracional. En el texto aprobado por la Cámara de Senadores se establece que “los servidores públicos serán los responsables por el manejo indebido de la deuda”. Una medida con mayor impacto sería establecer específicamente quién es el responsable, incluyendo a funcionarios de alto nivel, como el secretario de finanzas o el gobernador.

 

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