Por: Pablo Montes (@Montes_mx)

Pequeños y grandes actos de corrupción. Préstamos a servidores públicos de parte de contratistas gubernamentales, hipotecas preferenciales, licitaciones y asignaciones amañadas, contratos a sobreprecio, sobornos a funcionarios públicos, mordidas a oficiales de tránsito, verificadores de automóviles o emisores de permisos diversos. Ninguna de estas prácticas es exclusiva de México. Existen en todo el mundo.

El año pasado el exgobernador de Virginia, Bob McDonnell, fue sentenciado junto con su esposa a dos años de prisión. El delito fue haber aceptado 165 mil dólares en regalos y préstamos a cambio de favores políticos.

En todo tiempo y lugar hay funcionarios públicos corruptos, ciudadanos que rompen la ley y empresarios que ofrecen “pagos extraoficiales”. ¿Qué hace a México tan especial? No es su cultura proveniente de la Nueva España, es la impunidad.

En su más reciente publicación México: Anatomía de la Corrupción, María Amparo Casar, en un esfuerzo conjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ofrece un compendio de los principales datos, índices e indicadores de la corrupción en México y su lugar en el mundo.

La revisión de los datos y argumentos arrojan dos primeros hallazgos:

1. No hay un solo país donde no exista la corrupción. De los 175 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, no hay uno con calificación perfecta. En mayor o menor medida en todos los países existe la corrupción.
2. La corrupción es un problema que sí tiene solución. Existen numerosos casos de éxito internacional como el de Singapur o Uruguay que pasaron de tener niveles de corrupción similares a los de México a ocupar los primeros lugares en “ausencia de corrupción”. Mientras que Singapur hizo una reestructura de las organizaciones de combate a la corrupción desde finales de los años 50 para convertirse consistentemente en uno de los países menos corruptos desde la década de los 90, Uruguay mejoró su calificación en percepción de la corrupción al pasar de 41 a 71 puntos de 100 posibles, 1.7 veces su calificación inicial en tan sólo 15 años.

La imagen que presenta la investigación de Casar sobre la actualidad mexicana es concluyente: la corrupción en México es un problema sistémico. La mayoría de las instituciones políticas mexicanas se perciben como corruptas, en especial los partidos políticos, el poder legislativo y las instituciones de procuración y administración de justicia (Barómetro Global de la Corrupción). Existe también una participación importante del sector privado en las conductas ilícitas: 44% de las empresas mexicanas aceptan pagar sobornos con el fin de tener mayores ganancias, agilizar trámites o conseguir la asignación de obras y contratos (KPMG). Finalmente, encontramos que los mexicanos percibimos la corrupción como un fenómeno creciente y no en retroceso. Más del 70% de los ciudadanos considera que la corrupción aumentó en los últimos años (Barómetro Global de la Corrupción).

Los datos no dejan mentir:

1. Corrupción: Cuatro millones de actos de pequeña corrupción en 2013 (Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI).
2. Impunidad: En general, los delitos y los actos de corrupción en México no son castigados. Existe una tasa de impunidad estimada de 99.7% (México Unido contra la Delincuencia).
3. Desconfianza en el gobierno: Seis de cada diez mexicanos no denuncian delitos ante las autoridades porque “no sirve de nada” (Informe País, INE-Colmex).
4. Desprecio hacia las leyes: 93% de los mexicanos dicen conocer poco o nada de lo establecido por la Constitución y 41% estaría dispuesto a violar la ley si llega a no estar de acuerdo con ella (Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, IIJ-UNAM).

En síntesis, la ciudadanía desconfía de las instituciones de gobierno, cuestiona la utilidad de las leyes y comete delitos porque no se castigan. Estas acciones, en conjunto, hacen de México un país donde la ilegalidad y la impunidad son “la regla” y parte de la normalidad cotidiana.

Anatomía de la Corrupción hace un recuento de los esfuerzos anticorrupción desde que en 1982 se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación con poco éxito. El estudio mira con potencial el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, pero asegura que si no se invierte en capacidades institucionales, recursos humanos y, sobre todo, voluntad política, México volverá a fracasar.

El combate a la corrupción y su inseparable compañera, la impunidad, es un imperativo no sólo ético, sino sobre todo económico y político. Requiere de una política integral y sostenida que debe incluir al menos:

1. Concentrarse en la sanción efectiva de los delitos y faltas administrativas. No mediante el incremento a las penas, sino mediante la simplificación de los procesos judiciales (administrativos y penales) y la profesionalización de las instituciones encargadas de la investigación, persecución y resolución de los casos. Esto con el fin de desincentivar las prácticas corruptas, no por el miedo a un castigo mayor, sino por la certeza de una sanción sin importar su magnitud.

2. Establecer un proceso transparente de discusión y redacción de la legislación secundaria de las reformas que dieron pie al Sistema Nacional Anticorrupción que incluya una participación activa de organizaciones de la sociedad civil para atajar los posible intentos de los legisladores y el gobierno para desvirtuar las reformas constitucionales.

3. Blindar los procedimientos de designación de funcionarios dentro de las instituciones encargadas de combatir la corrupción. De lo contrario, se podría caer en un escenario similar al del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde la sanción de las conductas ilícitas responde más a un juego político mediante cuotas de partidos que a la propia interpretación de la ley.

4. Crear una estrategia de prevención de actos de corrupción, no solo de investigación y sanción. Es importante analizar y diagnosticar el funcionamiento de la administración pública para identificar y acabar con áreas de riesgo. Un ejemplo de ello son el uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC) así como herramientas de Gobierno Electrónico que permiten suplir trámites presenciales que solo representan una oportunidad de corrupción. Así será posible combatir la corrupción sin tener que esperar a que se haga un daño para corregirlo.

Se podrán aprobar todo tipo de reformas constitucionales de combate a la corrupción y perfeccionar el texto legal una y otra vez, pero hasta que no exista una sanción real y tangible hacia los funcionarios, empresarios y ciudadanos corruptos, México se mantendrá en una dinámica cada vez más corrosiva donde la ley es letra muerta, donde las autoridades son cuestionadas y la democracia cada vez más despreciada.

* Pablo Montes es Investigador del IMCO.

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