Por: Fátima Masse (@Fatima_Masse)

Esta miércoles, como cada dos años, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó los resultados del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2014. Éste mide la capacidad de las entidades federativas para atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Para medir esto, nuestro Índice evalúa tanto las capacidades estructurales como las coyunturales.

En esta edición del ICE encontramos que las cinco entidades más competitivas son:

1. Distrito Federal
2. Baja California Sur
3. Aguascalientes
4. Nuevo León
5. Querétaro

Las cinco entidades más competitivas se ubican entre los primeros 10 lugares en los subíndices de Economía estable, Aprovechamiento de las relaciones internacionales e Innovación en  los sectores económicos. Baja California Sur es el único estado cuya economía se centra en el turismo, lo que perjudica su desempeño en el subíndice de Innovación. El primer lugar del Distrito Federal se debe principalmente a sus fortalezas económicas; no obstante, reveló un gran reto en materia de Estado de derecho.

Por su parte, los cinco estados menos competitivos son:

8. Durango
9. Tlaxcala
10. Chiapas
11. Oaxaca
12. Guerrero

Los cinco estados menos competitivos obtienen las posiciones más bajas en los subíndices de Sociedad, Mercado laboral e Innovación. Destaca el caso de Guerrero, cuyo último lugar se debe a que se encuentra entre las cinco entidades con peor desempeño en siete de los 10 subíndices. A pesar de ello, fue la cuarta entidad con mayores ingresos por turismo en 2012.

En general, los estados y el Distrito Federal mostraron una economía más estable. En 2012, el PIB estatal promedio creció 3.4 puntos porcentuales más rápido que en 2010 y el PIB per cápita promedio fue 5,935 pesos más alto. Se observó también un incremento en la tasa de participación laboral y se redujo ligeramente la dependencia económica. Puebla fue el estado que más avanzó en el subíndice de Economía, debido a un incremento en el crecimiento de su PIB combinado con una reducción en la deuda pública.

A pesar de ello, los indicadores manifestaron el gran reto que enfrentan las entidades en materia de seguridad y Estado de derecho. Entre 2010 y 2012, la tasa de secuestros tuvo un crecimiento moderado, de 1.1 a 1.3 por cada 100 mil habitantes, y el número de periodistas muertos o desaparecidos pasó de 45 a 66. También se registró una mayor percepción de inseguridad por parte de la población. Veracruz fue el estado que más posiciones cayó en el subíndice de Derecho. Esto se debió a que la tasa de homicidios se duplicó, la tasa de secuestros aumentó cinco veces, la tasa de robo de vehículos creció 24% y concentró el 20% de todos los periodistas muertos o desaparecidos en los últimos 5 años.

Con la información disponible, nuestro análisis arroja que en general las entidades tienen carencias importantes en las condiciones del Estado de derecho. Algunas propuestas del IMCO para corregir este problema son:

• Asignar el carácter de “agenda pública prioritaria” a la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP) con métricas claras y transparentes para evaluar sus avances.
• Analizar de manera integral las condiciones en las que se desempeñan todos los servidores públicos involucrados en la implementación del nuevo SJP. La reforma en la norma no es lo único que se requiere, ya que cuando, por ejemplo, hay una carga excesiva de trabajo o remuneraciones que no corresponden al perfil del servidor público (policía, fiscal o ministerio público, entre otros), se abren espacios a actos de corrupción e impunidad.
• La rendición de cuentas es, por excelencia, un elemento legitimador del quehacer gubernamental. En apego estricto a los criterios de reserva y confidencialidad, los estados y el Distrito Federal deben informar a la ciudadanía, de manera proactiva y con base en información verificable, un antes y un después de la implementación del nuevo SJP. Esto contribuye a la construcción de confianza y prestigio de las autoridades involucradas en la impartición de justicia.
• Incentivar mayor interacción e involucramiento de la sociedad civil con las autoridades para sensibilizar un sentido de corresponsabilidad y Estado de derecho. Esto contribuye a la implementación del SJP al generar mecanismos de prevención del delito desde la ciudadanía.
• Crear métricas viables y transparentes para evaluar avances y retos del proceso de modernización policial.

* Fátima Masse es Consultora en Desarrollo Urbano del IMCO.

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