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Cuando las prioridades son otras
No sorprende que el gasto en salud, educación, justicia y seguridad se haya incrementado en los estados, conforme a lo aprobado originalmente por sus congresos locales. Pero sí es una sorpresa que la misma historia se repita para partidas no prioritarias como comunicación social y publicidad, o servicios de traslado y viáticos.
Por Ana Lambarri
11 de febrero, 2021
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El estado, al tener recursos limitados como cualquiera de nosotros, tiene que definir cuáles serán sus prioridades de gasto -aquellos temas que recibirán más recursos. Sería natural pensar que dichas prioridades deben alinearse con las preocupaciones y necesidades de la población: salud y protección social, educación, justicia y seguridad pública. De acuerdo con el análisis del IMCO, las prioridades del gasto en realidad son otras.

Los 32 planes de desarrollo contemplan estas funciones estatales como prioridades, sin embargo, no todos los estados logran reflejar esos propósitos en acciones. En 2019, la suma en el gasto en materia de salud, educación, justicia y seguridad representa más del 60% del total de los recursos ejercidos durante ese año en 21 entidades federativas.

En las otras once entidades, el bienestar social está muy lejos de convertirse en una prioridad. Por ejemplo, durante el 2019, Baja California destinó el 32% de sus recursos a estas funciones. En ese mismo estado, el monto destinado a la deuda pública estatal (1 mil 726 mdp) es casi 2 veces más grande que el gasto en seguridad (945 mdp). Algo similar pasó en Coahuila, en donde a pesar de que el 45% de la población considera a la inseguridad como el problema primordial que enfrenta dicha entidad (Envipe, 2019), únicamente se destinó el 4% del presupuesto a seguridad pública (1 mil 980 mdp); un tercio de lo que gastó en  remuneraciones adicionales y especiales para servidores públicos (5 mil 470 mdp).

Cada gobierno debería aprovechar los recursos públicos de forma que mejor le convenga a sus ciudadanos, sin embargo, esto no siempre es así. Las prioridades de la población no se reflejan en el gasto, y esto es síntoma de la mala planeación presupuestal: los 32 estados en su conjunto gastaron 153 mil 710 millones de pesos adicionales a lo aprobado originalmente (7% más).

No sorprende que el gasto en salud, educación, justicia y seguridad haya tenido un incremento de 8%, 7%, 4%, y 1%, respectivamente, conforme a lo aprobado originalmente por sus congresos locales. Pero si es una sorpresa que la misma historia se repita para partidas no prioritarias como comunicación social y publicidad (buena imagen del gobierno) o servicios de traslado y viáticos.

El gobierno de Nuevo León tuvo una variación del 65% en servicios básicos: inicialmente presupuestó 412 mdp y terminó gastando 678 mdp, 266 mdp más. Lo contrario sucedió para el presupuesto en materia de seguridad pública, donde el gasto estatal se redujo en 34%, es decir, ejerció 2 mil 140 mdp menos en comparación a lo aprobado (monto equivalente a 1.5 veces lo ejercido por la Secretaría de la Función Pública durante el mismo ejercicio fiscal).

Las políticas públicas del estado deben estar orientadas a garantizar y proporcionar el acceso a la salud, la educación, la seguridad pública y la justicia. La falta de contrapesos en el ejercicio del gasto público estatal tiene como resultado el aumento desproporcionado e injustificado del mismo. Una vez aprobado, los congresos no realizan un seguimiento del ejercicio y modificaciones al presupuesto, por lo que es necesario una mayor responsabilidad por parte de los congresos locales. Al mismo tiempo, las variaciones excesivas en el presupuesto son consecuencia de una mala planeación y se traducen en una falla para la sociedad. Las prioridades del presupuesto dejan de serlo en el momento en el que se empieza a gastar de forma discrecional.

* Ana Lambarri es investigadora del @IMCOmx.

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