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El amparo, el juzgado y el consumidor
Por IMCO
10 de mayo, 2011
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Por: Jana Palacios, miembro del staff profesional, IMCO.

 

Esta semana la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución “histórica” para el sector de las telecomunicaciones: Cuando los operadores soliciten un amparo, los jueces no podrán suspender las resoluciones en tarifas de interconexión que haya emitido la Cofetel mientras se resuelve el juicio de amparo correspondiente. Esto implica que Telcel tendrá que acatar la tarifa de 39 centavos por minuto de interconexión y no la de 95 centavos.

¡Qué bien estaría decir que gracias a esta resolución el problema de la interconexión está resuelto!, pero no. Sólo se ha ganado la mitad de la pelea: en la sentencia definitiva la Corte podría revocar la resolución de la Cofetel si decide que se están violando las garantías de Telcel, en cuyo caso la tarifa de 39 centavos no sería válida.

No es secreto para nadie que  el ejercicio regulatorio del sector está paralizado casi por completo. Parte importante de esta situación se debe a la gran cantidad de litigios judiciales. Las empresas dominantes se han acostumbrado a cuestionar legalmente cualquier tipo de regulación que la autoridad emite para contener sus prácticas monopólicas.

El ejemplo más emblemático es el caso Telmex.  En 1997, la Cofeco había emitido una resolución declarando que Telmex detentaba poder sustancial, mereciendo regulaciones específicas. Telmex impugnó la resolución ante el Poder Judicial y, al cabo de 10 años, las resoluciones judiciales favorecieron a la empresa de telecomunicaciones. ¿Qué sería del sector si se hubiera puesto a Telmex en “cintura” en ese entonces?

Otros ejemplos de cuestionamientos y litigios en materia de telecomunicaciones son: (1) El litigio de Telmex contra la consolidación de áreas locales para que no haya un cargo por larga distancia cuando se hace una llamada a un habitante de una localidad vecina; (2) La impugnación de Iusacell a los resultados de la licitación 21 con más de 60 litigios, y (3) La advertencia de Telcel de que impugnará la multa por reincidencia en prácticas monopólicas que fijó la Cofeco hace una semanas (caso que se terminará en varios años).

¿Por qué tantos litigios? Por una parte, los juzgados no tienen un entrenamiento en competencia o en temas de telecomunicaciones. A falta de tribunales especializados, los jueces sólo se pueden pronunciar sobre la forma de las resoluciones emitidas por las agencias regulatorias. Si la empresa dominante logra demonstrar una falla legal en la forma, las resoluciones se vienen abajo, sin importar los argumentos o el fondo legal que las sustenta.

Por la otra, está el tiempo que dura el agotamiento de las instancias administrativas y judiciales para la ejecución de lo determinado por la autoridad regulatoria. México no tiene definidos los tiempos procesales, así que, siguiendo cada instancia que permite la ley, una compañía de telecomunicaciones puede postergar literalmente por años la aplicación de las regulaciones que no le favorecen. Una vez emitida la resolución definitiva de la comisión reguladora, el operador cuenta con varios recursos de impugnación: un amparo indirecto en un juzgado de distrito (que, salvo en interconexión, automáticamente suspende las resoluciones de la autoridad en tanto se resuelve), un recurso de revisión ante un tribunal colegiado y un recurso de reconsideración ante la misma agencia reguladora.

Es decir, nuestro sistema judicial está organizado para promover que el proceso de revisión y amparo de las decisiones del regulador tome demasiado tiempo; a la vez que la falta de tribunales especializados facilita que los juzgados invaliden las reglas emitidas por la Cofeco y la Cofetel.

Esta semana se logró una victoria en esta batalla del Estado contra las acciones anticompetitivas de las empresas de telecomunicaciones. Sólo en el tema de la interconexión, el amparo no causará suspensión del acto de la autoridad. Hace falta ampliar la no suspensión a más asuntos. También es necesario trabajar en el entrenamiento técnico de los tribunales para que las regulaciones no se frenen con base en fallas de procedimiento, sino después de la consideración integral del litigio (forma y fondo).

En la reciente reforma a la Ley Federal de Competencia (artículo 39) quedan mencionados los juzgados especializados. El procedimiento para su aplicación está pendiente.  Cuidemos que se reglamente en favor del consumidor.

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