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El municipio: una institución diseñada para el fracaso
En muchos municipios de México, las opciones para los funcionarios son escasas: cooperas con el crimen organizado o eres asesinado. Ante esta decisión, ¿dónde queda el margen de acción para una buena gobernanza?
Por IMCO
27 de octubre, 2014
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Por: Carlos Grandet (@CGrandet)

La frase adquiere relevancia dada la coyuntura que envuelve al país. Los crímenes ocurridos en Iguala, dolorosos y aberrantes (las palabras siempre se quedarán cortas), mostraron algunos de los problemas más profundos en el modo en que se gobiernan los municipios mexicanos. Hablar de Iguala ahora es sinónimo de los límites de la impunidad en nuestro país, y es un reflejo de todos los retos que persisten, ya no para crecer, sino para garantizar condiciones mínimas de vida a los mexicanos. Es también el síntoma de un problema adicional, uno que ha estado fuera del radar de las políticas públicas durante demasiado tiempo: la vigencia del modelo municipal actual y su capacidad para cumplir efectivamente con sus atribuciones.

Los autores y cómplices de la matanza y desaparición de estudiantes en Iguala son funcionarios públicos municipales pagados por nuestros impuestos. Decir que el municipio mexicano ha fracasado es recordar los casos de corrupción o de funcionarios municipales señalados por tener nexos con el narco, es también ser conscientes de indicios de que los recursos federales entregados a municipios acaban, ya sea por complicidad o extorsión, en manos del crimen organizado. En muchos municipios de México, las opciones para los funcionarios son escasas: cooperas o eres asesinado. Ante esta decisión, ¿dónde queda el margen de acción para una buena gobernanza?

¿Hasta qué punto esta situación es producto del diseño institucional? El municipio en México, creado como lo conocemos en 1933, y sin una reforma seria desde entonces, se ha quedado corto a las necesidades actuales. En 2012, el Índice de Competitividad Urbana del IMCO se tituló “El municipio, una institución diseñada para el fracaso” y tenía como hipótesis principal la urgencia de profesionalizar la gestión municipal para atender la realidad urbana del país. El fracaso en lograr un gobierno municipal con instituciones sólidas empieza desde el corto periodo de su gestión. En 3 años es imposible generar soluciones de largo plazo particularmente cuando los funcionarios piensan hacia dónde dar el siguiente salto político desde el primer día de labores. A esto hay que sumarle la ausencia de una política clara de continuidad que hace que se empiece desde cero cada cambio de gobierno. Aún falta ver el efecto que tendrá la reelección, pero todo apunta a que no resolverá por completo los problemas. En general, los sueldos bajos, la poca profesionalización y la baja rendición de cuentas son ingredientes perfectos para volver a los funcionarios municipales en cómplices de la corrupción y el crimen.

La policía es un caso paradigmático de este problema. Hoy en día, mientras muchos pensamos en proyectos ambiciosos como la georreferenciación de crímenes o el uso de tecnologías móviles para mejorar el tiempo de respuesta, hay municipios que ni siquiera tienen el presupuesto para darles a los policías sueldos dignos o los insumos básicos para cumplir con su función. En 2010, el gobierno federal informaba que 61% de los policías municipales percibían menos de 5 mil pesos al mes. El déficit salarial puede ser cubierto por la corrupción o el crimen organizado. Además, el problema de rotación de efectivos impide que se logre transformar a la policía en una carrera profesional de largo plazo. Estas condiciones se repiten en otros aspectos de responsabilidad municipal: provisión de agua, otorgamientos de licencias, política de zonificación, recolección de basura, por mencionar algunas.

¿Qué hacer con los municipios? Habrá los que defiendan las bondades de la gestión local como el mecanismo más directo para atenderlas necesidades de la población, y probablemente estén en lo correcto. El problema es que dar facultades sin las capacidades para cumplirlas es una completa irresponsabilidad. En este sentido, es urgente implementar diversas acciones para mejorar la gestión municipal y construir instituciones más sólidas. Hace falta, para empezar, aumentar el periodo del mandato. Algunos estados como Coahuila y Veracruz ya la han cambiado a 4 años. También hay que hay profesionalizar a los municipios instituyendo un servicio profesional de carrera y generar mecanismos de evaluación por desempeño que incluyan capacitaciones constantes a funcionarios públicos.

Asimismo, hace falta una mayor coordinación intermunicipal y con autoridades estatales para concentrar o cooperar en la provisión de servicios, como la seguridad. Los fondos federales que se otorgan a los municipios y zonas metropolitanas deberían estar sujetos a esta coordinación y al cumplimiento de criterios mínimos de transparencia y de combate a la corrupción. A estas acciones se deben sumar otras que mejoren la procuración e impartición de justicia y la rendición de cuentas en el municipio, por ejemplo, una política de cero tolerancia (investigación, seguimiento y, si procede, enjuiciamiento) contra funcionarios que han sido vinculados con el crimen organizado.

Hoy, ya es impostergable tener un debate serio sobre la vigencia del modelo municipal actual y sobre cómo fortalecer la figura municipal. En últimas instancias, vale la pena incluso analizar si la escala se ha quedado corta y necesitamos empezar a consolidar municipios en estructuras más grandes y con mayores capacidades para hacer frente a los retos actuales. Los hechos enojan y sacan lágrimas, y precisamente por eso deberíamos canalizar esta indignación a exigir cambios a nuestras autoridades. Podemos pensar en esta situación como un hecho coyuntural o podemos verlo como el síntoma estructural de un diseño y un aparato gubernamental absolutamente rebasado. ¿Qué vamos a hacer para que esta tragedia no vuelva a repetirse?

 

* Carlos Grandet es investigador del IMCO.

 

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La figura municipal actual fue estipulada en la Constitución de 1917, la reforma de 1933 prohibía la reelección de alcaldes.

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