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Sin competitividad no hay paraíso
Por IMCO
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Esfuerzos anticorrupción que valen la pena
Sonora y Chihuahua han entendido que el combate a la corrupción va más allá del discurso y han implementado políticas públicas enfocadas en cerrar espacios de discrecionalidad, mejorar la transparencia y generar condiciones propicias para la participación ciudadana.
Por Pablo Montes
15 de julio, 2020
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El combate a la corrupción ha sido una de las preocupaciones más importantes para las y los mexicanos durante los últimos años. Y aunque la corrupción suele ser considerada como un problema de integridad en donde es posible separar a honestos y a corruptos, esta tiene consecuencias económicas que inciden en la competitividad del país y de sus estados.

Por esa razón, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) incluye mediciones de los niveles de corrupción en los Índices de Competitividad que publica año con año. Entre las distintas variables analizadas, la organización considera a las regiones con mejor control de la corrupción como lugares más atractivos para la inversión y el talento.

Usualmente el retroceso en el control de la corrupción y los escándalos sobre este tema son lo más común, sin embargo, la publicación reciente de estadísticas oficiales a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, realizada por el INEGI, permite identificar a estados que están logrando lo que por momentos ha parecido imposible: reducir los niveles de corrupción.

Tal es el caso de Sonora y Chihuahua, las dos entidades que más redujeron la tasa de incidencia de corrupción de 2017 a 2019, una de las variables utilizadas por el IMCO en sus índices de competitividad.

 

Ambos estados han entendido que el combate a la corrupción va más allá del discurso y han implementado políticas públicas enfocadas en cerrar espacios de discrecionalidad, mejorar la transparencia y generar condiciones propicias para la participación ciudadana.

Acciones como la simplificación y digitalización de trámites, el uso de plataformas tecnológicas para transparentar compras públicas y proyectos de infraestructura, la implementación de auditorías en tiempo real y la mejora constante en la manera en la que publican su presupuesto, poco a poco comienzan a mostrar resultados.

Esto ha sido posible a través de la iniciativa y coordinación de las instituciones que conforman los Sistemas Estatales Anticorrupción, un logro ciudadano que a pesar de haber sido implementado de manera dispar entre las entidades, está mostrando ser un espacio de coordinación donde los gobiernos pueden diseñar políticas efectivas e innovadoras con la participación de la ciudadanía.

La corrupción suele solucionar problemas e ineficiencias en el corto plazo, pero con costos importantes en la vida de las y los ciudadanos. No solo por el valor monetario de la mordida, sino también por las pérdidas económicas que un ambiente de negocios corrupto puede implicar para las empresas.

Cuando la corrupción no es debidamente controlada, es posible ver sus consecuencias en los negocios clausurados por no poder pagar para obtener un permiso o licencia, empresas que a pesar de contar con mejores productos no obtienen contratos públicos por no tener palancas en el Gobierno, proyectos millonarios de inversión detenidos por la espera de un trámite, o en infraestructura pública deficiente que obstaculiza el desarrollo económico de una región al no contar con condiciones suficientes para atraer inversión.

En este contexto, los gobiernos locales tienen un papel y responsabilidad importante, ya que la mayoría de los trámites, regulaciones y contacto entre la ciudadanía y el Gobierno se ejercen en los niveles estatales y municipales. Las autoridades estatales deben voltear a ver e intentar replicar las acciones tomadas por entidades como Sonora y Chihuahua, las cuales poco a poco se han convertido en referentes para mostrar que el cambio positivo sí es posible.

* Pablo Montes (@Montes_mx) es coordinador anticorrupción del @IMCOmx.

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