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Sin competitividad no hay paraíso
Por IMCO
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Finanzas Públicas y la incidencia de sociedad civil
A lo largo de una década, la sociedad civil logró leyes que establecen obligaciones en materia de transparencia presupuestal y de armonización y homologación en el reporte de información financiera, hasta leyes en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera.
Por Manuel Guadarrama
29 de julio, 2020
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Muchos de los grandes cambios que han sucedido en México fueron inicialmente demandas de la sociedad civil. El IMCO, un centro de investigación en políticas públicas con una esencia ciudadana, recibió el pasado 24 de julio el Premio Compartir en la categoría de Incidencia Pública.

Una de las mayores satisfacciones en la vida laboral y profesional de las personas es poder ver materializados los esfuerzos y el trabajo dedicado. En este caso, los investigadores del IMCO, por más de 10 años, han impulsado finanzas públicas más transparentes y mejor administradas. Por supuesto falta un largo camino por andar, pero el camino está trazado. Construir finanzas públicas sanas permite aumentar la competitividad al planear y ejercer los recursos de forma más eficiente.

En el 2003 se intentó hacer análisis en materia de finanzas públicas de estados y municipios sobre temas que son y serán focos de alerta como las pensiones, la deuda pública, la provisión de servicios de calidad a la población, entre otros. Desafortunadamente no había información: los presupuestos no eran públicos, estaban incompletos, no existía armonización, homologación e información de calidad con la cual trabajar.

Para generar esa información e impulsar finanzas públicas subnacionales sostenibles se creó el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) en 2008 y su versión municipal (IIPM) en 2009. En sinergia con otros proyectos y trabajos de la sociedad civil, se pasó de kilos de papel ilegibles a enlaces con buscadores e información descargable. Se pasó de “la ley no dice que tiene que ser legible (el presupuesto)” a publicar información en datos abiertos. Se pasó de subsidios poco claros a un mejor desglose de información armonizada y homologada. Se pasó de no tener acceso a periódicos oficiales electrónicos a la publicación de la información presupuestal completa.

En casos extremos, los presupuestos estatales con cientos de hojas ilegibles se transformaron en presupuestos que permiten contar con una primera fotografía de cómo se pretenden gastar los recursos públicos. Se transitó de presupuestos en donde no había límites para endeudarse a conocer las condiciones de contratación de la deuda pública. Se evolucionó de sueldos y tabuladores opacos a poder distinguir el número total de plazas y el desglose de sus prestaciones.

A lo largo de una década, la sociedad civil logró leyes que establecen obligaciones en materia de transparencia presupuestal y de armonización y homologación en el reporte de información financiera, hasta leyes en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera.

Aún existen retos para transparentar los recursos manejados a través de fideicomisos, tabuladores del magisterio y destino de recursos adquiridos a través de financiamiento. Sin embargo, los gobiernos subnacionales van por el camino correcto al institucionalizar las mejores prácticas de contabilidad gubernamental y transparencia presupuestal para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos. Ejercicios como el IIPE y el IIPM han permitido desarrollar herramientas prácticas (presupuesto modelo) para que los gobiernos presupuesten y transparenten los recursos de mejor forma.

Incidir en cuánto se recibe y cómo gastan los estados y municipios del país es el primer eslabón para alinear los intereses de los ciudadanos con los de su Gobierno. A fin de cuentas, la diferencia entre una promesa y un derecho es un presupuesto de por medio.

* Manuel Guadarrama es Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx.

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