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Infraestructura para las familias
Según estimaciones del Banco Mundial, cerrar las escuelas por cinco meses se asocia a reducciones en los ingresos a lo largo de la vida de los estudiantes afectados, que en total equivalen al 7% del PIB global anual.
Por Pablo Clark
27 de agosto, 2020
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La epidemia de COVID-19 dejará secuelas que se extenderán durante años después del control de la propagación del virus. Entre ellas, pocas tendrán consecuencias tan duraderas como el periodo de disrupciones al sistema educativo, especialmente entre los estudiantes más jóvenes.

Las escuelas son los espacios de aprendizaje y socialización por excelencia. El desarrollo de habilidades académicas y socioemocionales, y el desdoblamiento de la personalidad que ocurren ahí son irremplazables. En las aulas se genera el capital humano que sostiene el desarrollo económico y social de las siguientes generaciones.

La interrupción de las clases presenciales ocasiona múltiples efectos. En el corto plazo, puede detener el aprendizaje y afectar emocionalmente a los estudiantes. Además, dificulta el retorno al trabajo de padres de familia, especialmente de las mujeres. A largo plazo, representa una pérdida escalofriante de aprendizajes. Según estimaciones del Banco Mundial, cerrar las escuelas por cinco meses se asocia a reducciones en los ingresos a lo largo de la vida de los estudiantes afectados, que en total equivalen al 7% del PIB global anual.

Estos efectos negativos son más intensos en los estudiantes más jóvenes, especialmente en aquellos en educación inicial y preescolar. Ellos son quienes más se benefician del contacto presencial de sus compañeros y maestros, y son quienes más atención requieren de sus padres en casa. Desaprovechar el potencial de desarrollo en los primeros años de vida de las personas es una oportunidad que no se repite.

No hay manera de matizar lo mal parado que la pandemia encontró al sistema escolar de México. Muchos de los desafíos educativos preexistentes, como la precaria infraestructura de los planteles, la insuficiencia presupuestal de las escuelas y las inequidades en el acceso a los servicios, son el origen de complicaciones para un regreso a clases presenciales seguro y sostenible.

El aprendizaje en casa a través de la televisión presenta múltiples limitaciones, pero lamentablemente es la política más eficaz que se puede implementar en el corto plazo. En estos meses no es posible resolver los rezagos de décadas en el sistema educativo. Lo que sí se debe hacer es analizar la magnitud de las afectaciones educativas y reconocer la importancia pública de la atención a los más jóvenes, para intentar plantear estrategias de recuperación que nos dejen en una mejor posición de la que estábamos antes de la pandemia.

Por ahora, existen decisiones y obstáculos complicados. Si debemos elegir quiénes regresan primero a las aulas, se debe priorizar a los estudiantes más jóvenes. Ante un presupuesto austero, es necesario incrementar lo que se destina a este grupo de edad. Sin recursos adicionales, será imposible asegurar que las escuelas permanezcan desinfectadas, maximizar el distanciamiento físico en las aulas e incrementar el acceso a agua potable, lavamanos y material sanitario.

Para usar las palabras de Elizabeth Warren, senadora de Estados Unidos, se invierten millones en obras como carreteras y sistemas de comunicaciones para mantener a la economía en funcionamiento. Es momento, dice ella, de reconocer que la atención a los niños y estudiantes más jóvenes es parte de la infraestructura fundamental de una nación: es infraestructura para las familias.

* Pablo Clark es investigador del @IMCO.

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