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Kamala Harris, T-MEC y la reforma laboral
Los $130 millones de dólares que el gobierno estadounidense comprometió para la implementación de la reforma laboral en México son una buena noticia únicamente si el gobierno mexicano es capaz de desplegar una estrategia ambiciosa para garantizar el Estado de derecho en las relaciones laborales.
Por Oscar Ocampo
17 de junio, 2021
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La visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la semana pasada puso de nueva cuenta en el centro del debate la cuestión laboral en México. Potencialmente el principal desafío del país en el tránsito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) está precisamente en la plena implementación de su capítulo laboral.

Estos desafíos no son del todo nuevos, buena parte de las disposiciones del T-MEC ya formaban parte de los compromisos del país en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y de la reforma laboral de 2017-19, sin embargo, la entrada en vigor del T-MEC refuerza la presión para modernizar las relaciones laborales en un país donde los incentivos para cumplir la normatividad laboral nunca han estado alineados.

Los $130 millones de dólares que el gobierno estadounidense comprometió para la implementación de la reforma laboral en México son una buena noticia únicamente si el gobierno mexicano es capaz de desplegar una estrategia ambiciosa para:

  • Desarrollar la infraestructura física y de capital humano para operar el nuevo sistema de justicia laboral con centros de conciliación como instancia previa al juicio y tribunales especializados que ahora formarán parte del Poder Judicial. Existe un precedente positivo en los tribunales de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, no obstante, los tribunales laborales enfrentan un reto de escala al requerir un número de jueces y de infraestructura física mucho mayor.
  • Garantizar la libertad de asociación, la democracia sindical y la negociación colectiva. La eliminación de los contratos de protección donde el sindicato no representa a los trabajadores debe pasar del texto a la realidad. La Secretaría del Trabajo deberá asignar suficientes recursos para monitorear el cumplimiento cabal de estas disposiciones.
  • Estar preparados para enfrentar demandas bajo el mecanismo de respuesta rápida para controversias laborales. Al día de hoy ya se han presentado dos demandas bajo esta figura y es de esperar que este número se incrementará. La selección de panelistas altamente calificados por parte de México para las eventuales disputas es un buen primer paso.
  • Promover un uso responsable de los paneles internacionales. Para minimizar la tentación proteccionista de ciertos actores en Estados Unidos, desde sindicatos hasta las alas menos liberales de los partidos republicano y demócrata, México deberá establecer alianzas estratégicas en ese país con el sector privado, en el Capitolio, en capitales estatales, y con cámaras industriales.

La plena implementación de la reforma tendría un impacto salarial significativo; el reporte de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos sobre el impacto de la implementación del T-MEC estima un incremento de 17 por ciento en los salarios en México por los cambios en la legislación laboral.

En el fondo, la coyuntura actual puede devenir en una ventaja competitiva para México: que el Estado mexicano se comprometa por primera vez con el Estado de derecho en las relaciones laborales.

* Oscar Ocampo (@OscarOcampo) es coordinador de Energía del @imcomx.

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