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La corrupción trasciende fronteras
Algunos de los casos de cohecho internacional documentados en los últimos años, como Cemex y Grupo México, muestran que la falta de investigación y sanción en México no se debe a la inexistencia de estas prácticas. Ningún país, empresa o servidor público está exento de cometer actos de corrupción.
Por Fernanda Avendaño
9 de diciembre, 2021
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“Acabar con la corrupción”, esa frase que escuchamos continuamente en los discursos gubernamentales pero que simplifica la dimensión de la lucha contra este delito. La detección, investigación y sanción de la corrupción es un trabajo que rebasa cualquier frase o eslogan político. Requiere, primero, reconocer que es un fenómeno complejo, que no se puede hablar de una sola corrupción y por lo tanto, una única manera de acabar con ella.

El #DíaInternacionalContraLaCorrupción es ejemplo de esto: busca la promoción de acciones para prevenir y perseguir las prácticas de corrupción en el mundo. Y aunque el Gobierno de México ha reafirmado su compromiso en el tema, la evidencia muestra que los riesgos de corrupción, sobre todo en las compras públicas, van en aumento.

La corrupción no solo se compone de una multiplicidad de factores, sino que involucra también a diversos actores, instituciones y, en algunos casos, países. Una de las prácticas que rebasa territorios y nacionalidades es el cohecho internacional, también conocido como soborno en el extranjero. Este delito ocurre cuando una persona o empresa soborna a un funcionario público de otro país para conseguir una ventaja al momento de realizar negocios en el extranjero. Las ventajas van desde obtener contratos y permisos hasta facilitar trámites y procesos en aduana.

En México, el cohecho a servidores públicos extranjeros está tipificado como delito desde 1999 y además, nuestro país ha firmado diversos tratados y convenciones internacionales para combatir la corrupción. Uno de los acuerdos más relevantes es la Convención Anticohecho de la OCDE, la cual establece criterios para sancionar el cohecho internacional que deben ser adoptados por los países que se adhieren. México la firmó en 1997 y entró en vigor en 1999.

Desde entonces, el equipo de la OCDE monitorea las acciones de cada país y presenta recomendaciones para evitar el soborno a servidores públicos en el extranjero. El último informe sobre México (marzo 2021) muestra un estancamiento en la lucha contra el cohecho internacional. A más de 20 años de la Convención, nuestro país no ha impuesto una sola sanción.

Las leyes nacionales, los tratados internacionales y los acuerdos comerciales, como el T-MEC y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, coinciden en un elemento: es fundamental perseguir los actos de corrupción. Pero las acciones en México, o la falta de ellas, muestran lo contrario: la investigación y sanción del cohecho internacional ha sido imperceptible.

De acuerdo con el análisis realizado por el IMCO, instituciones como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública no han dado seguimiento al tema. Las investigaciones iniciadas son pocas en comparación con sus socios comerciales y se desconoce el estatus de las investigaciones.

En 2020, la FGR reportó no haber iniciado una sola investigación por cohecho internacional. En contraste, países como Estados Unidos, Alemania, Colombia y Perú reportaron iniciar al menos una investigación durante ese año.

Algunos de los casos de cohecho internacional documentados en los últimos años, como Cemex y Grupo México, muestran que la falta de investigación y sanción en México no se debe a la inexistencia de estas prácticas. Ningún país, empresa o servidor público está exento de cometer actos de corrupción.

En México, las capacidades no son suficientes. Fortalecer las instituciones dedicadas a la detección, investigación y sanción de actos de corrupción, así como la colaboración para compartir información, generar y dar seguimiento a las carpetas de investigación son algunas de las recomendaciones que el país ha recibido de la OCDE para perseguir de manera eficiente el cohecho internacional.

El Día internacional contra la corrupción nos recuerda que aún queda trabajo por hacer. Una política anticorrupción estratégica y objetiva necesita generar las condiciones, herramientas y controles para que puedan aplicarse, dentro y fuera del territorio. Las acciones tomarán tiempo y el discurso no será tan atractivo, pero así, acabar con la corrupción, incluyendo aquella que trasciende fronteras, podría ser una realidad.

* Fernanda Avendaño (@FerAvMeouchi) es Coordinadora Anticorrupción del @imcomx.

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