Por: Ramiro Suárez (@SuarezGalan)

No es ninguna sorpresa que uno de cada dos electores en México no se sienta representado por su legislador. De acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México de 2014, los diputados son calificados con el peor nivel de confianza (por debajo de 20%) entre las instituciones y organizaciones políticas y sociales a nivel nacional. Lo que sí nos debería sorprender es que, con más de una década de vigencia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental parece estar exenta de aplicación en el ámbito legislativo y judicial.

En este sentido, la Alianza para el Parlamento Abierto (APA), integrada por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y otras 11 organizaciones de la sociedad civil, elaboramos el “Diagnóstico sobre el Parlamento Abierto en México”. Con él, buscamos que las 34 instituciones legislativas del país (Cámara de Diputados y Senadores, Congresos locales y Asamblea Legislativa del D.F.) adopten un decálogo de principios que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas, el uso de tecnologías de la información y la participación ciudadana.

El diagnóstico evalúa 95 variables agrupadas en 10 principios que consideran elementos de accesibilidad, legalidad, monitoreo, publicidad, registro y uso de tecnologías. Los resultados muestran un grave rezago. El promedio de cumplimiento general fue de apenas 38% y sólo el principio de Derecho a la información tuvo una calificación aprobatoria. El mensaje es claro: hace falta recorrer un camino muy largo para tener Congresos Abiertos en México.

Resultados generales 10 principios de Parlamento Abierto en México (2014)

Fuente: Alianza para el Parlamento Abierto en México (APA), 2014.

Principio de Información presupuestal y administrativa: ¿cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos públicos los legisladores?

El IMCO es el responsable de dar seguimiento al cumplimiento de este principio. Su importancia radica en que considera la disponibilidad de información sobre la administración, gasto y ejecución de dinero público. Los resultados muestran que estamos más cerca de la discrecionalidad que de la transparencia en los cuerpos legislativos, ya que se registró un cumplimiento de únicamente 24% . Además, en siete de las 12 variables evaluadas, la información disponible no supera el 9%. Es decir, encontrar información que detalle el ejercicio y manejo de los recursos públicos legislativos es la excepción. Existen 20 congresos que cumplen con tres o menos indicadores de 12 posibles. Es evidente que nuestros representantes son más aliados de la opacidad que de la rendición de cuentas.

Ante un diagnóstico tan desalentador que advierte los signos de la opacidad legislativa, los congresos tiene oportunidades a manos llenas para acercarse a los requerimientos mínimos de un Parlamento Abierto. Entre ellas están: agregar información básica y actualizada en sus páginas web, construir un apartado de registro histórico y de conflictos de interés, crear cuentas en redes sociales, reformar sus leyes y reglamentos internos, regular el cabildeo y figuras que propicien la participación ciudadana. Sin embargo, mientras no se sancione el incumplimiento a las leyes de transparencia y acceso a la información, no exista la voluntad de poner en marcha las mejores prácticas de apertura parlamentaria y no haya alguien que se los exija, estaremos más lejos de un Parlamento Abierto y más cerca de incrementar la crisis de representación. Las Cámaras, Congresos y Asamblea tienen la oportunidad de construir una nueva relación entre representantes y representados, ¿la tomarán?

* Ramiro Suárez es investigador del IMCO.

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