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Mala rendición de cuentas porque se puede
El uso de recursos destinados a la seguridad pública es poco transparente, pero la escasez de información se debe no sólo a las acciones u omisiones del ámbito local. Las autoridades federales pueden mejorar en cuanto al tipo de información que publican y es urgente que distingan entre la información meramente administrativa y la que debe protegerse por razones de seguridad y de estrategia nacional.
Por IMCO
23 de agosto, 2013
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Por: Mariana Tapia

Para nadie es novedad que la seguridad pública ocupa un lugar primordial en la agenda de políticas en México. La importancia que los gobiernos y los ciudadanos le damos al tema se ha visto reflejada en nuevos programas y políticas públicas, aumentos presupuestales o reestructuras institucionales, pero no en la transparencia sobre el uso que se le da a los recursos ni en la rendición de cuentas a propósito del resultado de los mismos. El estudio de IMCO en colaboración con Causa en Común, Rendición de Cuentas en el uso de los Fondos Federales: el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), presenta un diagnóstico sobre el estado actual de la rendición de cuentas de los recursos federales que ejercen las entidades federativas, así como las oportunidades que éste tiene para mejorar.

El estudio, que puede consultarse aquí, se realizó para diez entidades federativas y explora las áreas más importantes de la rendición de cuentas de los recursos del Ramo 33. Aunque los resultados de todas las áreas analizadas son interesantes, en esta ocasión nos concentraremos en uno de los actores con mayor relevancia para este Fondo: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El Secretariado es la autoridad que tiene a su alcance la información sobre el uso que las entidades hacen de los recursos federales y está obligado a vigilar que éste se realice en concordancia con las estrategias de seguridad nacional. A pesar de la cantidad de información disponible en este órgano, las trabas con las que nos encontramos al intentar acceder a la información que no se hace pública de oficio fueron incluso mayores que aquellas impuestas por las autoridades estatales.

Lo anterior nos lleva a pensar que existe un área de oportunidad para que las autoridades federales mejoren sus esquemas de rendición de cuentas, para garantizar y mostrar ante los ciudadanos que el uso de recursos públicos destinados a la seguridad realmente está rindiendo resultados.

 

La responsabilidad compartida en las políticas de seguridad pública

Según el artículo 21 de la Constitución, la función de seguridad pública es una responsabilidad compartida entre la Federación, los gobiernos estatales, municipales, el Distrito Federal y sus delegaciones. Para coordinar adecuadamente las políticas, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Una parte de esta coordinación, la realiza el SESNSP. En el caso particular del FASP, el Secretariado participa en el diseño de la distribución del monto que recibirá cada entidad y se encarga de establecer con cada estado un Convenio de Coordinación y un Anexo Técnico Único (en los que se especifican las acciones y programas a realizar y los montos que se destinarán a cada tarea). Además, el SESNSP recibe anualmente la evaluación que, por obligación, las entidades deben realizar al FASP. Con esto sería normal pensar que el SESNSP evalúa el desempeño de los recursos destinados a las políticas que diseña y coordina, pero esto no siempre sucede. Como ya explicamos, el SESNSP recibe los 32 reportes sobre cómo han avanzado las entidades en las metas de cada programa financiado por el FASP. Los propios funcionarios del Secretariado reconocieron, durante entrevistas realizadas para el estudio, que no hacen más que un check list contable de la información, confiando en que ésta es correcta en todos los casos. La consecuencia es que la información sobre el destino de los más de 7 mil millones de pesos que anualmente se reparten mediante el FASP, se queda inutilizada.

 

Las trabas para la rendición de cuentas en el nivel federal

Una de las etapas del estudio se concentró en solicitar información, tanto a las entidades federativas como a la SHCP y al SESNSP. Destacan las respuestas del Secretariado sobre los reportes trimestrales de avance en las entidades y los Anexos Técnicos, que contienen información relacionada con los bienes adquiridos para equipamiento policial.

El SESNSP nos entregó un documento distinto al reporte trimestral, en él, mostraba los montos generales por eje estratégico, pero omitía información relativa a los recursos destinados a programas, proyectos y acciones específicas —lo sabemos porque hubo algunas entidades excepcionales que nos entregaron documentos completos. Al entregar la información, el Secretariado no hizo explícito que se trataba de una versión pública o distinta a la solicitada.

En cuanto a los Anexos, el SESNSP, reservó la información. Aunque pudimos apelar la decisión debido a incongruencias en las respuestas de la institución (los documentos de 2010 estaban reservados por tres años y los de 2011 y 2012, por 12 años) y finalmente se nos entregaron en versiones públicas (versiones que no muestran ciertos datos).Uno de los datos que buscábamos obtener de los anexos son los montos que las entidades destinan al equipamiento de sus policías (uniformes, cascos, chalecos antibalas, o botas de protección), pero también fue reservada. Aunque el SESNSP reconoce que esta información no es sensible, argumentaron que dar a conocer los montos totales contratados y el número de unidades adquiridas podría llevar a los solicitantes de la información a conocer el número de elementos policiales (estado de la fuerza) con los que cuenta cada entidad. Por cierto, este dato lo ha dado a conocer el propio SESNSP en su página oficial. Por su parte, al menos cinco entidades nos dieron las respuestas que buscábamos sobre las adquisiciones de equipo.

La lección aprendida es que el uso de recursos destinados a la seguridad pública es poco transparente, pero la escasez de información no se debe sólo a las acciones u omisiones del ámbito local. Las autoridades federales pueden mejorar en cuanto al tipo de información que publican y es urgente que distingan entre la información meramente administrativa y la que debe protegerse por razones de seguridad y de estrategia nacional. Para que las autoridades estatales dejen de utilizar los motivos de seguridad como un pretexto para la opacidad, debe garantizarse, primero que esto no suceda en la Federación.

Algunas recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad Pública son:

Acuerdo para que el SESNSP haga públicos los Convenios de Coordinación, los Anexos Técnicos y los Reportes trimestrales del FASP.

Modificar la fórmula de asignación de recursos del FASP para darle menos peso a las penalizaciones por subejercicio de recursos.

Si es que existen, publicar los Catálogos de Bienes del FASP (y si no existen, crearlos).

Integrar un Comité interno en el SESNSP que le dé seguimiento a la gestión de recursos del FASP con la posibilidad de sancionar las malas prácticas.

Publicación de reportes periódicos del SESNSP sobre la utilización de recursos del FASP.

 



Las entidades seleccionadas a partir de 11 indicadores relacionados con el desempeño en materia de seguridad pública y la situación de las entidades, son Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. En el Anexo I del documento pueden consultarse los indicadores utilizados y otros criterios de selección de la muestra.

Exploramos las cuentas públicas, los reportes trimestrales sobre el uso de recursos etiquetados que las entidades deben entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los informes que se le entregan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), información disponible en los sitios oficiales de transparencia y por medio de solicitudes de información a los Institutos de Acceso a la Información Pública en los estados, y los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al FASP.

 

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