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Sin competitividad no hay paraíso
Por IMCO
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Prospera ya no prosperará
Desarticular el programa y convertirlo únicamente en becas educativas disminuye la posibilidad de que la población obtenga los beneficios integrales que Prospera otorgaba e incluso podría revertir los avances alcanzados hasta el momento. Si bien existían anomalías en su implementación, este no es un argumento suficiente para su eliminación.
Por IMCO
18 de junio, 2019
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Por: Mariana Olvera (@Mariana_Olza)

En el Diagnóstico IMCO: La Política Social en México, sin rumbo ni destino cierto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que Prospera, Programa de Inclusión Social (antes Progresa y Oportunidades) era un programa de transferencias monetarias condicionadas que tenía como objetivo potenciar las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones enfocadas a alimentación (apoyo monetario), salud (atención y prevención médica) y educación (becas escolares), y que en la actual Administración se desarticuló sustituyéndolo por el programa Becas Benito Juárez, que solo otorga la transferencia monetaria sin ningún otro beneficio.

Las razones que motivaron su eliminación fueron que el programa no ha logrado reducir la pobreza, además de que se presume la entrega de apoyos a beneficiarios inexistentes y en cantidades no establecidas. Sin embargo, poco se menciona de los impactos positivos que el programa trajo consigo a lo largo de su implementación.

Prospera ha sido uno de los programas sociales con mayor reconocimiento a nivel global; incluso, de acuerdo con el Banco Mundial, ha sido replicado en 52 países alrededor del mundo. El estudio Conditional Cash Transfers: The Case of Progresa/Oportunidades menciona la existencia de más de 100 análisis publicados sobre el impacto del programa en ingresos, salud y educación.

Al evaluar los impactos en educación, el documento señala que existía un incremento en la inscripción a primaria y secundaria de los beneficiarios. Además, hubo una reducción del trabajo infantil aunado a un aumento de los años de escolaridad. Prospera tenía un enfoque de género en educación, en el que los apoyos a niñas eran mayores debido a que la probabilidad de que abandonaran sus estudios era mayor.

En cuanto a salud y nutrición se encontraron diversos efectos. Se redujo la proporción de recién nacidos reportados como enfermos, aumentó el crecimiento de los niños de 1 a 3 años como resultado de la ingesta de suplementos otorgados, la obesidad en adolescentes disminuyó y en municipios con población beneficiada bajó la tasa de mortalidad, sobre todo en personas mayores de 65 años.

La evidencia muestra que los diferentes componentes del programa ayudaban a los beneficiarios de manera conjunta. No olvidemos que en México, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), hay un 17.4 % de la población con rezago educativo, 15.5 % sin acceso a servicios de salud y 20.1 % con carencia de acceso a la alimentación. Si bien estas cifras han disminuido, los esfuerzos no han sido suficientes.

Programas sociales

Desarticular el programa y convertirlo únicamente en becas educativas disminuye la posibilidad de que la población obtenga los beneficios integrales que Prospera otorgaba e incluso podría revertir los avances alcanzados hasta el momento. Si bien existían anomalías en su implementación, este no es un argumento suficiente para su eliminación.

Es importante que las autoridades tomen en cuenta las evaluaciones y generen programas integrales que alivien las carencias de la población. En este periodo de austeridad es necesario que el gasto social se destine a acciones que proporcionen los mayores beneficios, por ello el IMCO propone:

•Evaluar la efectividad de los programas, a través de metodologías bien establecidas y transparentes, basadas en la evidencia proporcionada tanto por estudios internacionales, como en las evaluaciones realizadas por el Coneval y la Auditoría Superior de la Federación.

•Continuar con los esfuerzos realizados en la conformación del Padrón Único de Beneficiarios en el Sistema de Información Social Integral (SISI), idealmente reformando la Ley General de Desarrollo para que las dependencias tengan la obligación de reportar sus datos en este sistema.

•Garantizar que los programas para reducir desigualdades ofrezcan protección contra los riesgos sociales y no solo redistribución de ingreso.

Eliminar los esfuerzos anteriores no es la solución, se debe conservar lo que funciona, trabajar en aquello que tiene áreas de mejora y anular lo que no tiene remedio.

* Mariana Olvera es investigadora del @IMCO.

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