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Sin competitividad no hay paraíso
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Todo por “fortalecer” a Pemex
La iniciativa de Ley de Hidrocarburos amaga al sector privado con expropiar sus instalaciones y dejar de emitir permisos para que éste no compita con Pemex en igualdad de circunstancias, pero no revertirá el deterioro financiero y operativo que vive la empresa del Estado.
Por Diego Díaz
8 de abril, 2021
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Una de las características distintivas de esta administración es su objetivo de fortalecer a las empresas productivas del Estado mexicano: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aunque dicho objetivo pueda parecer loable, las políticas a través de las cuales el gobierno federal pretende lograrlo son todo menos eso, pues descansan en la premisa errónea de que es necesario eliminar la participación del sector privado de sus respectivas esferas de actividad, en detrimento no solo de los inversionistas, sino de las familias y empresas mexicanas que se benefician, en última instancia, de una mayor competencia en el sector energético.

Al igual que en el caso de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que busca “fortalecer” a la CFE a costa de los productores privados de energía, la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo el pasado 26 de marzo a la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Hidrocarburos hace lo propio en este sector para favorecer, en esta ocasión, a Pemex.

En esta iniciativa se establece, entre otros elementos, que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) podrán suspender aquellos permisos que han emitido hasta ahora en el marco de la reforma energética para que empresas privadas participen en las distintas etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos, cuando éstas consideren que sus actividades representan un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía”, sin especificar criterios para definir estos riesgos.

En dicho caso, tales autoridades podrán ocupar, intervenir o suspender de forma indefinida las instalaciones de las empresas cuyos permisos hayan sido suspendidos y contratar a Pemex o a la CFE para que éstas manejen y controlen las instalaciones ocupadas, haciendo uso incluso del personal de los permisionarios, bajo el argumento de garantizar la continuidad de las operaciones que amparen los permisos suspendidos.

De esta forma, la iniciativa amenaza con expropiar las instalaciones de cuando menos mil 603 empresas nacionales y extranjeras a las que, hasta mediados de 2018, les fueron otorgados 2 mil 380 permisos a un plazo de 30 años para almacenar, transportar, distribuir, comercializar y/o vender hidrocarburos, y que se prevé invertirán alrededor de 4 mil 840 millones de dólares en dichas actividades, a partir de criterios como la seguridad nacional, cuya ambigüedad abre un amplio margen para la discrecionalidad de órganos reguladores abiertamente capturados como la CRE.

De aprobarse, esta iniciativa deteriorará el clima de inversión en el país al exacerbar aún más la incertidumbre jurídica a la que se enfrentan las empresas que participan actualmente en el sector energético. Además, afectará a las familias y al sector productivo nacional en la medida en que su acceso a insumos básicos como las gasolinas, el diésel o el gas natural podría experimentar disrupciones en caso de que se traslade la producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación o exportación de dichos insumos, de empresas del sector privado a Pemex, una empresa cuyos estados financieros dan cuenta de sus serias ineficiencias operativas y administrativas.

Así pues, antes de hacer cambios estructurales en la forma en la que opera Pemex, el gobierno federal adopta, mediante la reforma a la Ley de Hidrocarburos, una medida que, al igual que las aportaciones de capital de que ha sido objeto recientemente, busca beneficiar superficialmente a la empresa, en este caso, al generar las condiciones para desplazar de forma burda al sector privado sin atender las causas de fondo que hacen de Pemex una de las empresas más endeudadas e ineficientes de su tipo a nivel internacional.

Esta iniciativa amaga al sector privado con expropiar sus instalaciones y dejar de emitir permisos para que éste no compita con Pemex en igualdad de circunstancias, pero no revertirá el deterioro financiero y operativo que vive la empresa del Estado, por más que en el gobierno federal se nieguen a reconocerlo.

* Diego Díaz es Investigador del @IMCOmx

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