Desde que inició esta administración hemos sido testigos de los frecuentes ataques de los que han sido objeto los productores privados de energía. Memorandos, acuerdos e incluso la captura política del órgano regulador del sector (la Comisión Reguladora de Energía –CRE–) han sido hasta ahora artilugios mediante los cuales el Ejecutivo federal ha buscado eliminar de facto la participación del sector privado en la generación de energía eléctrica sin tener que recurrir a cambios en la legislación secundaria.

Ahora, sin embargo, el ataque a los productores privados es distinto. Es, en todo el sentido de la palabra, un intento de contrarreforma, pues pasa del ámbito administrativo al legal, al obligar a la Cámara de Diputados a votar antes del 28 de febrero una iniciativa preferente que modifica la Ley de la Industria Eléctrica que fue aprobada en 2014 en el marco de la reforma energética.

En esta iniciativa, en cuya exposición de motivos sobran los calificativos y faltan los datos duros, es posible identificar cuatro cambios que, en contra del propósito original de la reforma energética (energía más barata y limpia para las familias y empresas) y en aras de “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrán consecuencias negativas para todos los mexicanos, algunas de las cuales van más allá de mayores costos de nuestros recibos de luz:

• Revoca los permisos de autoabasto otorgados antes de la reforma energética a empresas para que generen su propia energía y la usen en sus procesos productivos. Según la CRE actualmente existen 322 centrales eléctricas bajo este esquema en las cuales el sector privado invirtió 16 mil millones de dólares. Serán estas empresas las que se verán obligadas a comprar energía a la CFE, lo cual probablemente se traducirá en un incremento en sus costos de producción.
• Elimina la obligación que establece que la CFE solo puede adquirir energía (para después venderla a los hogares y empresas mexicanas) mediante subastas que garanticen la compra de electricidad a los mejores precios disponibles en el mercado, independientemente de si son privados quienes la producen. Mediante este tipo de subastas, las de largo plazo, por ejemplo, la CFE pudo acceder en años recientes a energías limpias producidas por el sector privado a precios hasta 59% más bajos que los de la propia CFE, por lo que al prescindir de este mecanismo serán los consumidores finales o el Gobierno federal (que deberá aumentar el subsidio a las tarifas eléctricas) quienes asuman innecesariamente el sobrecosto de esta medida.
• Modifica el criterio de despacho de energía mediante el cual se define qué centrales eléctricas inyectan su energía a la red de transmisión y en qué momento con el objetivo de dar prioridad a la energía generada en plantas de la CFE a costa de la energía limpia y más barata que produce el sector privado. Al igual que en el punto anterior, esta medida se reflejará en mayores tarifas.
• Permite que la CFE adquiera Certificados de Energías Limpias (CEL) para plantas que fueron construidas antes de la reforma energética. Los CEL, que son títulos que se otorgan por cada megawatt-hora de energía generada con centrales limpias, fueron creados para incentivar inversiones nuevas en energías limpias por parte de la CFE y de los generadores privados y únicamente se otorgan por inversiones nuevas (posteriores a agosto de 2014). Al permitir que la CFE adquiera estos certificados para centrales construidas antes de esa fecha se elimina todo incentivo para que esta empresa invierta en la generación de energía mediante tecnologías limpias.

Así pues, esta iniciativa conlleva distintos costos que, de una u otra manera, pagaremos todos los mexicanos.

Los consumidores residenciales y agrícolas experimentaremos un incremento en nuestros recibos de luz, o, en caso de que la Secretaría de Hacienda aumente el subsidio a las tarifas de electricidad, dicho costo será trasladado al Gobierno federal, lo que también nos afectará, aunque de forma indirecta, al distraer recursos públicos de áreas prioritarias (p. ej. salud o seguridad).

Las empresas, que no son beneficiarias de un subsidio de esta naturaleza, también enfrentarán mayores costos de energía, lo cual reducirá su competitividad. Además, el deterioro del clima de inversiones en el país derivado de una violación a los contratos de autoabasto de las empresas que utilizan esta figura afectará las inversiones nacionales y extranjeras, en detrimento de la economía nacional.

Finalmente, todos afrontaremos las consecuencias medioambientales de una iniciativa que fomenta el uso de combustibles fósiles en la generación de energía.

¿Valorarán los diputados los múltiples costos de una (contra) reforma de esta naturaleza? Eso lo sabremos en menos de 24 días.

* Diego Díaz Pérez (@Diego_DiazP) es Investigador del @IMCOmx.

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Para más información consulta el análisis que el IMCO realizó sobre la Iniciativa que reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aquí.