Todas las mujeres deberíamos vivir nuestros derechos humanos como una realidad cotidiana. La consigna es simple y el contexto es adverso, pero las acciones colectivas para exigir el reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros derechos son reales, diversas y constantes.
¿Los derechos humanos como algo cotidiano? Sí, para lograrlo es importante apropiarnos de ellos, entenderlos y resignificarlos más allá de los textos jurídicos (ojo, eso no significa que estos dejen de ser fundamentales). Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son las condiciones básicas que permiten tener opciones reales de vida digna para todas las personas, sin excepción.
En el amplio catálogo de derechos se encuentran, entre muchos otros: el acceso a la educación, el empleo digno, una vida libre de violencia y el acceso a la justicia.
Menciono sólo estos derechos con la intención de visibilizar un fragmento del injusto panorama que vulnera a miles de mujeres con discapacidad en México.
En este país es una realidad que la población con discapacidad se enfrenta a la sistemática exclusión de diferentes ámbitos sociales, a múltiples carencias y a la discriminación.
Esta situación se acentúa y afecta de manera desproporcionada a las mujeres con discapacidad, quienes representan el 53 por ciento (11 millones 111 mil 237 mujeres) de este segmento de la población. (1)
Es importante mencionar que las mujeres no somos vulnerables por el simple hecho de ser mujeres, sino que estamos en mayor riesgo de caer en un situación de vulnerabilidad debido a las carencias sociales, por ejemplo, dificultades para acceder a servicios de salud, rezago educativo y desempleo, lo que se traduce en menores oportunidades y pobreza. La situación de vulnerabilidad se agrava si se suman otras condiciones identitarias como la discapacidad, el origen étnico, la edad y la ubicación geográfica.
En México, las mujeres con discapacidad enfrentan sistemáticas violaciones a sus derechos humanos.
Rezago educativo: el promedio de escolaridad a nivel nacional es de 9.7 años (secundaria o media superior), para ellas es de 5.8 años (primaria inconclusa).
Analfabetismo: el 25.2 por ciento de la población con discapacidad es analfabeta, de este total el 59.4 por ciento son mujeres.
Menor participación en actividades remuneradas: el 72.6 por ciento de las mujeres con discapacidad está dentro de la población No Económicamente Activa. (2)
Altos índices de violencia: el 70.1 por ciento de las mujeres con discapacidad ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, frente al 66.7 por ciento de mujeres sin discapacidad. Los tipos de violencia más reportados por mujeres con discapacidad son psicológica, sexual, física y económica o patrimonial. (3)
Estos datos dan cuenta de que la violencia y la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad es crónica, severa y prevalente.
Además de sufrir las consecuencias desproporcionadas de la falta de acceso a derechos y de la violencia, su acceso a la justicia está obstaculizado por múltiples barreras.
Entre estas se encuentran la falta de accesibilidad física en instalaciones que impiden llegar, permanecer, desplazarse y salir con seguridad y autonomía; la falta de transporte conectado y accesible para llegar a las instancias de justicia; falta de información en formatos accesibles; falta de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana; actitudes prejuiciosas que las consideran incapaces de brindar testimonio o lo desestiman. Entre muchos otros ejemplos.
Este ambiente hostil para acceder a la justicia termina por revictimizar a las mujeres con discapacidad que de por sí ya enfrentan una situación adversa.
“En la calle un hombre me agredió sexualmente, cuando pedí ayuda al policía no sabía Lengua de Señas Mexicana, no me entendió lo que le pedía. Me dio mucho coraje y pena, me sentí humillada. Después no hice la denuncia”, dijo una mujer con discapacidad auditiva.
Desde hace dos años, el 12 de septiembre se conmemora el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. Una fecha clave para enfatizar que sigue habiendo muchos pendientes en materia de derechos humanos, visibilizar el panorama adverso en México que vulnera a miles de mujeres con discapacidad, cuestionar la falta de leyes, políticas públicas, programas y procesos que integren la perspectiva de género y de discapacidad.
También es una gran oportunidad para apostarle a nuevas narrativas y espacios donde las mujeres con discapacidad sean expertas en diversos temas y posicionen demandas.
El 12 de septiembre es un día ideal, pero el cuestionamiento y las acciones para acceder a mejores condiciones de vida debería ser una constante todos los días, todos los años.
Sobre el autor
Fátima Itzayana Reyes, licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuenta con varios diplomas. Es colaboradora en el programa Discapacidad y Justicia de Documenta y coordina el proyecto “Comunidad de aprendizaje entre mujeres con discapacidad y aliadas” que busca ser un espacio para compartir saberes y experiencias, fortalecer la participación política y amplificar las voces de mujeres con discapacidad.
Fuentes de referencia utilizadas en este artículo:
- Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Censo de Población y Vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021
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Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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